Mientras la Cámara de Diputados se apresta a otorgar media sanción al proyecto enviado por la presidenta Cristina Kirchner para disminuir el IVA a pequeños y medianos medios gráficos, la diputada nacional Graciela Camaño (Frente Renovador) propuso una serie de modificaciones para mejorar la iniciativa.

Por un lado, la legisladora bonaerense propuso que el beneficio se extienda a los medios digitales de información “en línea”. “Las publicaciones realizadas en páginas web también forman parte de los medios gráficos de comunicación o divulgación de información o ideas; por lo tanto resulta imperioso incluir a este tipo de medios en el proyecto”, sostuvo Camaño.

Por otra parte, si bien manifestó su acuerdo con la reducción de alícuotas a la prensa como medio para facilitar el acceso de todos los ciudadanos a información diversa y plural, la diputada massista cuestionó que el proyecto no contemple un mecanismo para actualizar las escalas en función de la evolución de la inflación.

En efecto, la iniciativa contempla que los medios con una facturación anual de hasta 63 millones de pesos paguen una alícuota del 2,5 por ciento; aquellos que facturan entre 63 millones y 126 millones de pesos, una alícuota del 5 por ciento, mientras que aquellos que facturen más de 126 millones seguirán pagando la actual alícuota de 10,5 por ciento.

Pero para Camaño, “el hecho de no anunciar un dispositivo de actualización tendrá como consecuencia, con el paso del tiempo, la exclusión de muchos medios impresos del beneficio original”.

En consecuencia, propuso una clausula automática antinflacionaria que podría tomarse del precio vigente de 12 mil toneladas de papel prensa. Según dijo, esto permitiría “mantener el objetivo del proyecto de ley que pretende beneficiar a las empresas de revistas y periódicos de menor envergadura, y aportaría las siguientes prerrogativas: blindar a la medida de los efectos de la inflación y aportar nitidez al sistema, ya que -a diferencia de lo que ocurre con la facturación- las cantidades propuestas son fácilmente comprobables”.

Finalmente, Camaño cuestionó que el Ejecutivo no haya explicado los criterios utilizados para fijar los pisos y topes fijados en la escala propuesta para establecer los diferenciales en la aplicación de las alícuotas.

“Al no contar con información suficiente no podemos estar seguros si este objetivo se cumple ya que si existe la distinción entre medios según su facturación, sucede que se beneficia a unos, pero se deja fuera del beneficio a otros que pueden estar en una situación lindante”, observó.