Para el legislador macrista, el Congreso “tiene la obligación constitucional” de resolver acerca de la responsabilidad política del vicepresidente de la Nación.
En el marco del procesamiento del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y de diversas causas tramitadas contra ese funcionario, el diputado nacional Pablo Tonelli (Pro) afirmó que “por primera vez en la historia argentina un vicepresidente en ejercicio ha sido procesado por la supuesta comisión de delitos penales. Se trata de un hecho de gravedad institucional que amerita la urgente intervención del Congreso Nacional”.
“La situación de Boudou exige que la Cámara de Diputados dé inicio al juicio político previsto en la Constitución Nacional. Juicio político que hemos pedido en diversas oportunidades sin respuesta del oficialismo. El juez resolverá, en su debido momento, acerca de la responsabilidad penal de Boudou, mientras que el Congreso tiene la obligación constitucional de resolver acerca de la responsabilidad política del vicepresidente”, continuó Tonelli, miembro de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
Asimismo recordó que “concretamente y además de la causa Ciccone, en el juzgado de Lijo tramita otra causa por enriquecimiento ilícito; en el juzgado del Juez Bonadío se tramita una causa en la que se investiga la adquisición de un automóvil Honda en la cual ya fue llamado a indagatoria; y en el juzgado de Torres tramitan dos causas iniciadas cuando Boudou era ministro de Economía, en las que se investiga la compra de varios autos de alta gama y la compra de bonos”.
Sobre la posibilidad de comenzar con el juicio político mientras la justicia avanza con la investigación sobre la causa Ciccone sostuvo que “son tan distintas esas dos responsabilidades, la penal y la política, que podría perfectamente ocurrir que el vicepresidente sea absuelto en lo penal y, sin embargo, sea condenado en el juicio político y removido de su cargo. El juicio político está previsto para establecer si el funcionario acusado ha incurrido, o no, en mal desempeño del cargo y, por ende, si conserva la idoneidad que la Constitución requiere para todos los empleados públicos”.
“La Cámara de Diputados no debería eludir su obligación constitucional, no debería esperar más y debería dar comienzo, de manera inmediata, al procedimiento de juicio político”, concluyó Tonelli.
