La diputada nacional Elisa Carrió publicó este domingo en su muro de Facebook la denuncia penal que presentó contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público”, por no actualizar el impuesto a las ganancias.

Asimismo elevó un proyecto al Congreso para que se le inicie un juicio político por mal desempeño en sus funciones. Basa sus denuncias en los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Carrió puso énfasis en la “recurrente negativa” de la jefa del Estado a actualizar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y de deducción de las cargas familiares.

Al denunciar a la presidenta de la Nación, Carrió sostiene que “la no actualización de la base no imponible y de deducción de las cargas familiares, sumada a las reformas llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo, llevan a la violación de los principios constitucionales de igualdad, no confiscatoriedad, proporcionalidad, equidad y legalidad, mermando los salarios de los trabajadores en evidente desigualdad entre sí y respecto a otros sectores como los bonistas y titulares de activos financieros, que no son gravados, y que resultan así privilegiados”.

“Son efectos directos de las decisiones que ha tomado el gobierno de Cristina Kirchner en materia impositiva y que la misma, aún puesta en evidencia, se niega a hacer cesar y enmendar”, agrega.

Para la diputada, los elementos que presenta son “causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones prevista en el artículo 53 de la Constitución Nacional” porque la presidenta “ha afectado derechos de los contribuyentes”. La afectación, según la denunciante, se produjo por el “dictado de resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales, como reza el artículo 248 del Código Penal”.

Sostiene Carrió que la mandataria tampoco ejecutó “leyes cuyo cumplimiento le incumbiere” para incrementar los montos del Impuesto a las Ganancias para “evitar que la carga tributaria del citado gravamen neutralice los beneficios derivados de la política económica y salarial asumidas”.