Por una vez al jefe de Gabinete no lo desmintieron otros miembros del gobierno, sino la realidad. Hablamos de cuando en la presentación de la lista inicial de la Selección para el Mundial de Brasil expresó muy convencido y convincente que durante este mes no se hablaría de otra cosa que de fútbol.

No es que Jorge Capitanich le haya errado totalmente; el Mundial atrae toda la atención y hasta miles de argentinos han desafiado al cepo cambiario desplazándose a Brasil para que Argentina pueda ser local en sus encuentros, que dicho sea de paso paralizan al país. Pero entre partido y partido, la pelota no ha logrado eclipsar una realidad que se hace densa cuando se refiere a los temas que más preocupan hoy por hoy al gobierno: el caso Ciccone y la deuda con los fondos buitre.

El primero, que involucra nada menos que al número 2 en la escala jerárquica del país, parecía que concitaría con exclusividad toda la atención fuera del Mundial. El vicepresidente pudo haber disfrutado de cierto “sosiego” de haberse avenido a la disposición del juez Ariel Lijo que lo había citado para cuando hubiera concluido el Mundial, pero prefirió adelantar los tiempos. Pudo haber confiado en que la atención en el deporte dejaría su situación en un modestísimo segundo plano, pero no fue así. Al cabo, no fue el fútbol el que logró eclipsar ese caso, sino otro cuya gravedad lo supera y preocupa aún más al gobierno: la crisis de la deuda que ha vuelto a poner al país a las puertas del default.

Una semana atrás la situación parecía haberse calmado, al cabo de cinco días de marchas y contramarchas, en los que el gobierno jugó a la embestida y el juez Thomas Griesa dobló la apuesta en cada cruce. La Presidenta pisó el freno el Día de la Bandera y las cosas parecieron volver al cauce. De hecho, no pocas voces autorizadas celebraron que la situación llegara a semejante extremo, por cuanto permitiría darle al tema de la deuda un corte definitivo a partir del cual la Argentina no tendría más que aguardar la normalización y su reingreso al mercado de capitales.

Es un argumento que se sigue esgrimiendo, pero cada vez que el caso parece entrar en canales de normalización, vuelve a desmadrarse. Los que aparentan tener todas las respuestas comienzan a dudar, pero la verdad sea dicha, aquellos que hablan de la “gran oportunidad” que da esta emergencia terminan siendo los más cercanos a lo que se vislumbra como el único camino: el pago a los holdouts obligado por las circunstancias, razón por la cual no se estaría infringiendo la cláusula RUFO.

Es cierto que ese pago generaría un efecto cadena con el 6 por ciento que tampoco entró al canje y no está dentro de esta demanda que acabamos de perder. Pero las consecuencias no serían inmediatas, ni la cifra arriesgada serían los 15 mil millones de los que se hablan. Pasa que no todos esos bonistas están en condiciones de recibir el mismo trato que el fondo NML y compañía, y otros aún no han iniciado las demandas correspondientes para acogerse al resultado positivo. Algunos analistas dicen que en el peor de los casos estarían en riesgo entre 6 y 9 mil millones. Es mucha plata, no queda duda, pero parece haber quedado claro para el gobierno que las diatribas contra el pago a los fondos buitre ya son extemporáneas.

En su primer contacto con la prensa tras el fallo adverso de la Corte, el ministro de Economía garantizó que para el gobierno estaba “todo calculado” y no había que tener temor alguno. Si bien en realidad parecería que la decisión judicial tomó por sorpresa y sin un plan B definido a las autoridades, sino fue así está claro que las estrategias alternativas se han mostrado ineficaces en una coyuntura donde todo es novedoso y el “adversario” desconocido. Con un factor extra: el gobierno suele desenvolverse con comodidad cuando la contracara es política; le cuesta más cuando pertenece a otro poder como el judicial. Le ha sucedido en el plano interno, qué esperar fuera de nuestras fronteras entonces.

No le ha ido bien cada vez que llevó temas locales a tribunales internacionales. A los sucesivos traspiés en los juzgados norteamericanos, sumemos a La Haya y el conflicto con Uruguay por la pastera. Tampoco es que el gobierno se de por vencido: en lo que parece un deja vu, volvemos a ese tribunal por el aumento de la producción autorizada por la administración Mujica de manera “unilateral”.

Advertido de la imposibilidad de avanzar en un acuerdo con los holdouts para antes del vencimiento de este lunes, el gobierno optó por efectivizar el pago, convencido de que Griesa embargaría ese importe. Ello llevaba la disputa a terrenos farragosos, pues complicaba al Banco de New York involucrado en el canje y expuesto a incumplir compromisos, quedando a expensas de demandas de los holdins. Paralelamente el gobierno había vuelto a preparar el terreno beligerante para con Griesa, reanudando sus diatribas: “No cabe la menor duda de la parcialidad del juez en favor de los buitres ni de su verdadera intención de llevar a la República Argentina al default”, dijo Economía a través de un comunicado en el que el término “buitre” volvió a su discurso.

Así las cosas, la Argentina entrará técnicamente en default este lunes. Si bien es cierto que contará a partir de entonces con 30 días más para normalizar la situación, ese es un seguro con el que cuentan los bonistas, no el país. Y durante el lapso que se extienda la incertidumbre, las calificaciones serán negativas para los activos argentinos. Los mandatarios que esperaban colocar bonos en los mercados deberán seguir esperando.

En este marco de intransigencia propia de una negociación que en definitiva es por plata, el gobierno vuelve a estar tironeado entre quienes quieren arreglar y los que buscan la salida épica, apuntando ahora incluso a llevar el caso a La Haya, alentados por la solidaridad internacional verificada los últimos días en diversos ámbitos, sobre todo el G77 + China. Los que no abonan ese camino advierten que quizá se pierda demasiado tiempo y energía en tratar de no desatender el “discurso interno” en el marco de tan delicadas negociaciones.

El tiempo de reflexión que pensaba dedicarle a este tema la Presidenta el fin de semana en El Calafate se alteró el viernes con la noticia del procesamiento de Amado Boudou. No porque no fuera una decisión esperada, de hecho habían transcurrido ya los diez días hábiles en los que el juez Lijo debía tomar una determinación tras la declaración del vicepresidente. Y el viernes por la mañana circulaban versiones sobre un inminente procesamiento. Pero nadie esperaba que casi al filo de la medianoche se conociera la medida. Justo el día en que Boudou había finalmente pedido una ampliación de indagatoria.

Fuentes tribunalicias señalaban este fin de semana que tanto esa medida como las dilaciones de varios de los principales testigos de la causa contribuyeron a la determinación del magistrado, que terminó emitiendo un dictamen muy contundente contra un vicepresidente, que recibió la noticia en Cuba, en el marco de una gira destinada a mostrarlo en otros planos. Como si fuera tan sencillo.