Un proyecto del diputado nacional Alberto Asseff (UNIR-Frente Renovador) ordena a las fuerzas policiales disponer de una orden judicial para poder revisar el teléfono celular de una persona que fue legalmente detenida.

La iniciativa consta de cuatro artículos y, de sancionarse, también prohibiría el acceso a los contenidos digitales, agenda de contactos y registro de llamadas del detenido sin orden judicial, aunque fija como excepción “la revisión del aparato respecto de su eventual contenido de algún elemento que importe peligro para terceros”.

“Las reglas de inviolabilidad de la propiedad privada no cambian simplemente porque alguien ha sido detenido. En una persona que ha sido detenida se pueden buscar armas, evitar la destrucción de pruebas, o evitar riesgos para el personal policial interviniente, pero lo que no debe permitirse a la Policía es hurgar en el contenido de un teléfono celular sin orden judicial, ya que si lo hiciere, las pruebas recabadas serían insanablemente nulas por violación de garantías y derechos constitucionales”, argumenta Asseff.