Pasarán el personal y las tareas del Patronato de Liberados de la Ciudad de Buenos Aires, una asociación civil, a un organismo creada para tal fin en el Poder Judicial.
Las comisiones de Legislación Penal, de Justicia y de Presupuesto de la Cámara de Diputados firmaron dictamen favorable a un proyecto de ley que transfiere el personal y las tareas del Patronato de Liberados de la Ciudad de Buenos Aires, una asociación civil, a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, creada para tal fin en el ámbito del Poder Judicial con asiento en la Capital Federal.
El despacho fue firmado por legisladores de distintos bloques y toma como antecedentes las iniciativas de las oficialistas Diana Conti y Graciela Giannetassio y del exdiputado radical Ricardo Gil Lavedra. Contó con el respaldo del personal del Patronato y del líder de los trabajadores judiciales, Julio Piumato, presentes en el plenario de comisiones.
Desde principios del siglo XX la asistencia y el control de las personas que recuperan la libertad después de haber estado privado de ella en algún establecimiento penitenciario, se encontraba a cargo del Patronato de Liberados de la Ciudad de Buenos Aires, una asociación civil solventada económicamente por la Corte Suprema y el Ministerio de Justicia de manera conjunta.
A través de los años, esa institución ha ido incrementando sus funciones, merced a sucesivas reformas legislativas. En el presente, las necesidades de asistencia, superan las posibilidades de servicio que viene prestándose.
Por ello, los diputados creen que estas tareas deben depender directamente del Poder Judicial, bajo la competencia de la Cámara Federal de Casación Penal, que es el cuerpo que ejerce la superintendencia sobre los juzgados penales de grado.
En el presente, casi todas las provincias del país poseen instituciones similares que dependen directamente de los estados provinciales. Para Conti y Giannetassio, esto “resulta más conveniente y menos engorroso, que mantener convenios con organizaciones no gubernamentales, cediendo una tarea que es básicamente de competencia estatal y que, además, es solventada por el Estado, lo que parece una situación difícil de justificar”.
Y agregan: “Así como el Estado es el encargado de aplicar penas, y el responsable por la salud y la vida de quienes se encuentran privados de la libertad en establecimientos penitenciarios, también debe asumir la responsabilidad que le cabe en la reinserción social de aquellos que, por cualquiera de los institutos previstos, regresan a la sociedad con la vulnerabilidad generada por el tiempo de encierro”.
“Es una ignominia que estos empleados dependan de una asociación civil (…) estamos regularizando una situación; eran empleados en negro”, aportó el diputado Juan Mario País (FpV-Chubut), que recibió un aplauso de los trabajadores presentes.
Durante el debate en comisión se introdujo un artículo para garantizar que los trabajadores del Patronato no pierdan su empleo y se integren a la estructura de la administración pública, como empleados judiciales.
Hasta ahora, la asociación civil cuenta con 98 empleados. Pero con la creación de la Dirección, el personal ascenderá a 186. Según el titular de la Comisión de Presupuesto, el kirchnerista Roberto Feletti, esto haría duplicar el costo fiscal actual del organismo, por lo que se estima un financiamiento de 30 millones de pesos.
Aunque garantizó su respaldo al proyecto, el radicalismo objetó que se aborde solo la situación de Capital Federal y pidió un órgano de alcance nacional con delegaciones en todas las provincias.
Competencias
La iniciativa establece que la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal tendrá “el control del cumplimiento de las condiciones contenidas en el auto de soltura de toda persona que haya obtenido la libertad condicional, donde actuará en colaboración con el magistrado a cargo de la ejecución de la pena”; así como “el control del cumplimiento de las reglas de conducta impuestas a toda persona a la que se le haya impuesto una pena de ejecución condicional”.
Además tendrá como función “el seguimiento y control de las reglas de conducta impuestas a toda persona a la que se le haya otorgado la suspensión de juicio a prueba”; “la inspección y vigilancia de toda persona que se encuentre cumpliendo detención o pena con la modalidad de alojamiento domiciliario”; y “proporcionar asistencia social eficaz para las personas que egresen de establecimientos penitenciarios por el programa de libertad asistida, libertad condicional o agotamiento de pena, generando acciones que faciliten su reinserción social, familiar y laboral”.
