El Frente para la Victoria en Diputados impuso su mayoría en la comisión y rechazó “in límine” los proyectos de la oposición, que anticipó que insistirá con el reclamo. En un duro informe, el kirchnerismo consideró que abrir un sumario contra el vicepresidente “viola la división de poderes” y también apuntó contra los “linchamientos mediáticos”.
Tras una tensa reunión plagada de cruces y chicanas, el Frente para la Victoria impuso su mayoría numérica para archivar los siete proyectos de pedido de juicio político al vicepresidente Amado Boudou y acusó a la oposición de “presionar” a la Justicia y de poner en “riesgo” la división de poderes.
El oficialismo aprobó con 17 votos un informe elaborado por la presidenta de la comisión, Adela Segarra, en el que argumentó que emprender el juicio político contra el vice por el caso Ciccone significaría una “intromisión sobre otro poder, con el consiguiente riesgo de desequilibrio del balance republicano”.
Además, el bloque se escudó tras el principio de inocencia que recae sobre Boudou y argumentó en el informe que si los pedidos de juicio político se fundamentan por la comisión de delito, deben acreditarse a través de una sentencia judicial firme, y no con el procesam
iento, que será apelado por el funcionario.
Impotente, la oposición hizo su descargo y agitó el clima de la reunión, caldeado desde la previa, con acusaciones que el kirchnerismo devolvió y gritos fuera de los micrófonos que a Segarra se le escapaban de las manos.
El debate en la Comisión de Juicio Político se extendió durante tres horas y los bloques opositores terminaron por firmar cinco dictámenes de minoría en los que rechazaron el informe de la comisión, aunque adelantaron que insistirán con los pedidos de juicio político, algo que el reglamento no impide.
La cívica Elisa Carrió fue más allá y, fiel a su estilo, anticipó que denunciará penalmente en la Justicia a los diputados del Frente para la Victoria por “encubrimiento” del vicepresidente, acusado de cohecho, negociaciones incompatibles y también de enriquecimiento ilícito.
La arremetida opositora
La UCR, el Frente Renovador, el Frente Amplio UNEN y Unión Pro coincidieron en que el Congreso debe definir la responsabilidad política y administrativa de Boudou, mientras que el juez debe evaluar en paralelo la responsabilidad penal.
“No es necesario esperar una sentencia judicial. No estamos evaluando si se cometió un delito, sino si hay mal desempeño”, aclaró el ahora massista Adrián Pérez, quien también recordó que Boudou “obstruyó a la Justicia” cuando “se cargó” al procurador Esteban Righi y al juez Daniel Rafecas.
El jefe de ese bloque, Darío Giustozzi, alertó además que “el rechazo ‘in limine’ del juciio político sobre un funcionario procesado no tiene antecedentes en esta comisión”.
En el mismo sentido, Carrió indicó que “la causal de juicio político es autónoma a la causal de juicio penal” y apuntó que incluso la Cámara baja puede acusar aunque no haya abierta una causa. La cívica también protagonizó un cruce con la oficialista Diana Conti: “Yo la voy a ver votando la destitución de Boudou”, auguró.
El radical Julio Martínez consideró que la negativa del kirchnerismo a habilitar el juicio político es “una prueba de que lo creen culpable a Boudou” y exigió al vicepresidente que pida licencia. “Se confirma la escribanía en la que han convertido al Congreso”, lamentó.
“El vicepresidente no debería quedarse tranquilo. Vamos a seguir insistiendo porque esto nos parece lamentable”, acotó su par Manuel Garrido, ex fiscal anticorrupción.
En tanto, el macrista Pablo Tonelli abundó en que “la existencia de causas penales no limita a esta comisión” y repitió que “no hay que esperar ninguna decisión judicial para juzgar al vicepresidente”. “Más pronto que tarde, esto se va a abrir”, se esperanzó el diputado de Unión Pro.
Por el mismo bloque, Patricia Bullrich aseveró que “el juicio político existe en la Constitución con autonomía e independencia de los procesos judiciales”, y aprovechó para chicanear al oficialismo: “A partir de ahora escribirán una nueva Constitución, no se si con Ciccone”, lanzó.
“Defienden a Boudou por el simple hecho de que es del partido al que pertenecen”, aseveró Bullrich, autora de uno de los pedidos de juicio político que fue ampliado en varias oportunidades, conforme avanzaba la causa.
La líder del bloque GEN, Margarita Stolbizer, advirtió que el procesamiento que pesa sobre el vicepresidente es de “gravedad institucional” y alertó que “la permanencia de Boudou en el cargo le hace mucho daño a la presidenta” y que el oficialismo es “consciente” de ello pero “no le importa”.
“Este es un episodio que nos afecta a todos, tanto al oficialismo como a la oposición. En poco tiempo, el riesgo es que nos condenen a todos como país por tener a un vicepresidente preso”, finalizó Stolbizer, quien consideró que el Senado debería pedir la suspensión de Boudou.
Otro diputado que levantó polvareda fue el ahora massista Oscar “Cachi” Martínez, a quien el kirchnerismo no le perdonó el pase de bloque. Entre chicanas, el diputado se preguntó “cuál es el temor (de abrir un sumario) si tienen mayoría”, pero aseguró: “Sólo puede haber un problema, que es que el análisis del juicio político les cambie el voto”.
“No entiendo por qué el Frente para la Victoria no permite que se abra el sumario. Boudou quería las cámaras de televisión para defenderse ante los ciudadanos”, dijo Martínez.
El clima se tensó aún más cuando Laura Alonso (Unión Pro) denunció una “falta de respeto al pueblo argentino”. “Esto no es golpismo, es controlar que se cumplan los estándares éticos de la función pública”, enfatizó, y añadió que el juicio político “es un proceso republicano de contralor entre los poderes, no un atentado contra la democracia”.
Por su parte, Claudio Lozano (Unidad Popular) admitió que “no es razonable que Boudou no pida licencia mientras transcurre la causa” y opinó que “lo lógico es que preservemos a la institución presidencial de este tipo de sospecha”, por lo que en su dictamen solicitó también la suspensión preventiva del vice.
En tono más duro, Victoria Donda, de Libres del Sur, acusó al kirchnerismo de “poner en riesgo la gobernabilidad” por defender a Boudou. “Se van a arrepentir de retrotraer al país a la década de corrupción menemista”, disparó.
La defensa del oficialismo
El bloque kirchnerista delegó en La Cámpora el fuerte de su defensa y prefirió no hacer demasiado eje en Boudou, sino cargar contra la oposición y las “corporaciones mediáticas”.
El líder de la agrupación juvenil, Andrés “Cuervo” Larroque, aseveró que “la situación de mayor gravedad institucional es la carencia de agenda política de la oposición”, a la que acusó de seguir “la agenda de (Héctor) Magnetto”.
“Tienen la opción de elegir: ponderar 
a la política o volver a ser la Unión Democrática”, dijo Larroque, y remarcó que Boudou es “un funcionario elegido por la voluntad popular”.
Otro camporista, Marcos Cleri, destacó que el rechazo de los proyectos es una “decisión política” para “no entorpecer a la Justicia”. “Si ese dictamen no les gusta, están atentando contra la democracia”, le espetó a la oposición.
A su turno, Juan Cabandié recordó que en 2010 el Frente para la Victoria se opuso a iniciarle juicio político al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, por la causa de las escuchas telefónicas -tal como proponía el propio macrismo- para “no interferir en las decisiones judiciales” y por el “principio de inocencia”.
En cambio, indicó, “los 24 diputados del Pro votaron en contra de la creación de la comisión investigadora” que promovía el kirchnerismo.
Por último, la ultra K Diana Conti sacó a relucir las causas de los diputados Federico Sturzenegger (Unión Pro) y Oscar Aguad (UCR), además del procesamiento de Macri, y acusó a la “corporación mediática” de darle un tratamiento “desequilibrado” a estos temas con relación a la causa Ciccone, a lo que la oposición es “funcional”.
