En medio del caso Boudou, el diputado Alberto Asseff quiere que ejecutivos y legisladores sean apartados de sus cargos en caso de ser procesados por delito doloso.
Desde que el vicepresidente Amado Boudou comenzó a ser investigado por la causa Ciccone, legisladores opositores salieron a pedirle que renuncie o que se tome licencia hasta que se esclarezca el caso en la Justicia.
Ahora, fracasados los pedidos de juicio político al vice, un diputado presentó un proyecto de ley para obligar a los funcionarios y legisladores a tomarse licencia en caso de procesamiento penal por delito doloso.
La iniciativa corresponde al diputado Alberto Asseff (Unir-Frente Renovador) y abarca a todos los funcionarios electivos creados por la Constitución Nacional (presidente, vicepresidente, senadores, diputados), como asimismo a los funcionarios ejecutivos (jefe de Gabinete, ministro, viceministros, secretarios y subsecretarios).
La licencia debería tomarse en caso de que estos funcionarios “resultaren procesados por la Justicia y mientras se mantenga el auto de procesamiento o se elevare a juicio, cuando se tratare de un delito doloso y en especial del cometido en fraude a la administración pública y de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y prevaricato”.
El proyecto precisa que “no podrá denegarse la concesión de la licencia bajo ningún motivo, excepción ni excusa” y que “tampoco será revocable mientras se mantenga la situación procesal que motivare su presentación”.
En tanto, en el caso de revocarse el auto de procesamiento en instancias de impugnación o por el mismo juzgado o tribunal que lo ordenara, “cesará ipso jure la licencia del funcionario debiendo ser repuesto en su cargo dentro del plazo de tres días, a contar desde la notificación que se le curse por el tribunal o magistrado interviniente”.
Asseff también propone que “en estado de licencia por procesamiento judicial se reducirán los haberes del funcionario en un 50 por ciento, los cuales serán reservados en el Banco de la Nación Argentina en una cuenta indisponible abierta al efecto”. “Dichos haberes le serán reintegrados sin devengar intereses, en el supuesto de cesar la licencia, sobreseimiento o absolución. Caso contrario serán ingresados a Rentas Generales”, añade.
