Cinco diputados alertaron que los gobiernos nacional y porteño están generando las condiciones para avanzar en el desplazamiento de los habitantes del predio.
Un grupo de diputados de la Ciudad anunciaron su rechazo a lo que interpretan como los prolegómenos de un posible desalojo de las personas que se han instalado en el denominado Barrio Papa Francisco.
Lo hicieron a través de una nota firmada por los diputados de Verde Alamenda Gustavo Vera y Pablo Bergel, Alejandro Bodart (MST – Nueva Izquierda), Marcelo Ramal (FIT – PO) y Virginia Gonzalez Gass (PSA), en la que denuncian “las condiciones que tanto el Gobierno de la Ciudad como el Nacional están generando para avanzar con el desalojo del predio”.
En ese sentido citan hechos delictivos que, afirman, “se intentan vincular a supuestos habitantes de la toma; negativa del Gobierno a recibir a los vecinos ocupantes del predio; negativa por parte del Ministerio de Seguridad de Nación de devolver las tierras que hoy ocupa ilegalmente, y que resultan cruciales para una adecuada urbanización de la villa 20; incumplimiento de la Ley 1770 de Urbanización de Villa 20, sancionada hace ocho años; falta de asistencia elemental humanitaria; ausencia de acceso a la justicia; son sólo algunos de los hechos que configuran el clima que están generando para desalojar el predio”.
“Hace más de tres semanas hemos denunciado a la mafia narco que opera dentro de villa 20, y que pretende ampliar su influencia extendiéndose al predio donde hoy habitan las familias del Barrio Papa Francisco”, puntualizan los diputados. Agregan que “como en otras oportunidades, el Estado está promoviendo una verdadera zona liberada, cuyas víctimas son las propias familias que habitan la villa 20 y el nuevo Barrio. Estas bandas actúan también amenazando a los delegados del Barrio que se organizan en torno a la reivindicación del derecho a la vivienda, buscando quebrar voluntades y generar miedo”.
Los diputados opositores denunciaron que “con el abandono de los dos gobiernos a esta población sin techo, se pretende justificar un desalojo violento, que el propio Macri y funcionarios nacionales están anticipando. Rechazamos esta salida, que sólo servirá para seguir condenando a los vecinos a la ausencia de vivienda, y para que el suelo de la Comuna 8 siga siendo codiciado por los grupo inmobiliarios, los punteros y las mafias del narcotráfico”.
