Con el fin de hacer más real y efectiva la participación de personas migrantes de nuestro país en los procesos democráticos, la diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Legislatura, María Rachid, en coautoría con la diputada Paula Penacca, presentaron un proyecto de ley para garantizar el sufragio de los migrantes que viven en la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa, además de contemplar el derecho a emitir el voto, elimina la inscripción voluntaria en el Registro Electoral y la torna automática, e incorpora la posibilidad de postularse para ser miembro en la Junta Comunal. A partir de la Ley 25.871, sancionada en el 2003 durante la gestión del presidente Néstor Kirchner, se reconoce el derecho a la consulta o participación de los migrantes en la vida pública, promoviendo acciones para garantizar distintas formas de participación. En la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 334, que crea el Registro de Electoras y Electores, establece que “los/as extranjeros/as que residan en la Ciudad de Buenos Aires pueden participar de las elecciones locales, previa inscripción voluntaria en dicho Registro”.

Sucede que esta inscripción voluntaria no tiene, en la práctica, el espíritu inclusivo de la Ley 25.871: sólo puede efectuarse en la sede del Tribunal Superior de Justicia en horarios acotados mediante un método burocrático poco efectivo que, sumado a la falta de información pública al respecto, genera un desconocimiento de este derecho, de lo que resulta que sólo el 3% de la población migrante que cumple con todos los requisitos de la ley, está habilitada para participar en elecciones de la Ciudad.

La propuesta ofrece cambios al actual régimen de la Ley 334, removiendo los obstáculos administrativos comprendidos en la inscripción voluntaria y disponiendo la incorporación automática de personas migrantes al Registro de Electores y Electoras Extranjeros Residentes en la Ciudad, creado especialmente para ese fin. En esa línea, el proyecto incluye una serie de derechos destinados a alcanzar la igualdad real de trato entre los/as argentinos/as y las personas migrantes durante cada comicio, al establecer la distribución equitativa de los circuitos y mesas electorales; la similitud de mesas y padrones electorales; la equivalencia en la cantidad de electores/as por mesa; y la posibilidad de que puedan votar los/as migrantes que se encuentren privados/as de su libertad. Además, de aprobarse la iniciativa, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá en época de elecciones, difundir masivamente el reconocimiento de los derechos de los migrantes y los mecanismos para ejercerlo.

Al respecto, Rachid expresó que “durante la presidencia de Néstor Kirchner, la política migratoria argentina experimentó un cambio de paradigma en cuanto al status jurídico de las comunidades migrantes que, reforzada por la incansable lucha de sus organizaciones junto a las de derechos humanos y referentes de la sociedad civil, permitió aprobar una nueva Ley de Migraciones. Nuestro proyecto propone profundizar este camino recorrido desde 2003, abriendo la posibilidad de que los/as migrantes que cumplan con los requisitos necesarios puedan, además de votar, ser elegidos/as como representantes de las Juntas Comunales. Además, el hecho de remover los obstáculos que implican en los hechos la inscripción voluntaria, permitirá a las personas migrantes estar verdaderamente incluidas en la vida democrática de la ciudad y del país que han elegido para vivir”.