Por Hugo Maldonado. Su prolongada vacancia debe llamar la atención sobre la observancia y el respeto que merecen la defensa y la protección de los derechos ciudadanos.
El cargo de Defensor del Pueblo de la Nación, se encuentra en un prolongado estado de acefalía, que impide el cumplimiento de su alta misión asignada por la Constitución Nacional, para actuar ante actos u omisiones de la administración pública, en la defensa y protección de los derechos ciudadanos.
He denunciado esta situación en un reciente proyecto de resolución presentado ante la Cámara de Diputados instando a poner en marcha el procedimiento para su designación, en cumplimiento de la Ley 24284.
Desde el año 2009, en que renunció a su cargo el Dr. Eduardo Mondino, no se ha resuelto la designación de su titular, situación que compromete seriamente la defensa y protección de los derechos ciudadanos en general y los derechos y garantías de los usuarios y consumidores.
Según lo determina la Constitución Nacional, el Defensor del Pueblo u “Ombudsman” es un órgano independiente del poder político, que debe actuar con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.
Como el cargo del Defensor del Pueblo es unipersonal, tras la salida de su titular y el vencimiento del mandato provisional del Defensor adjunto, se encuentra hoy al frente del organismo un secretario General, cuyas acciones están acotadas, son mayormente protocolares y, en consecuencia, no puede iniciar nuevas causas en defensa de los derechos de los ciudadanos.
Por el artículo 42 de la Constitución se consagra expresamente el derecho de usuarios y consumidores y el 43 al reglamentar el recurso de amparo, legitima expresamente al Defensor del Pueblo para la representación de los derechos de incidencia colectiva, otorgándole legitimación procesal.
De hecho la actuación del Defensor del Pueblo ha sido definitoria en muchos casos de grave vulneración de derechos humanos. En 2007, por ejemplo, la Corte Suprema hizo lugar, por mayoría, a la medida cautelar presentada por el entonces Defensor en favor de los pueblos originarios del Chaco, y ordenó a los Estados provincial y nacional garantizar la provisión de agua, alimentos, comunicación y transporte a los representados por el Defensor del Pueblo, quien había denunciado un “exterminio silencioso, progresivo, sistemático e inexorable” de dichas comunidades.
Personalmente tuve la posibilidad de obtener una importante y valiosa defensa de los consumidores de gas en garrafas de la región, luego de haber recurrido para plantear la cuestión ante la instancia del Defensor del Pueblo de la Nación, ejercida entonces por el doctor Eduardo Mondino.
Fue así como, siendo diputado provincial, llevé a Buenos Aires nuestro reclamo que fue admitido por el Defensor del Pueblo y esa actuación dio origen a la creación de un Fondo Fiduciario para financiar el actual subsidio al gas en garrafas.
Su intervención fue decisiva para la defensa y protección de nuestros comprovincianos, que carecen de gas en red y deben soportar la escasez y los precios excesivos de ese vital elemento, por quienes he bregado permanentemente para obtener nos sean reconocidos nuestros derechos a la provisión de GLP, como un servicio publico esencial.
Hay que destacar que el Defensor del Pueblo ha sido creado como una entidad capaz de ser receptiva a las necesidades y demandas de la población. En tal carácter tiene asignadas competencias preventivas y reparadoras.
Entre las primeras, puede investigar con amplios poderes dentro del Estado, criticar, opinar, sugerir medidas a los gobiernos, promover proyectos de ley y de reforma de legislación administrativa y recibir denuncias de los particulares, a través de un 0800, su pagina Web, en su sede central y en las distintas delegaciones del interior del país.
Para las funciones de reparación el Defensor del Pueblo puede hacer uso de la legitimación procesal que la Constitución le otorga en defensa de los intereses difusos.
Entre muchos ejemplos, se destacan sus acciones para exigir a las autoridades competentes la provisión de drogas oncológicas; propiciar la apertura de cuentas bancarias gratuitas para los jubilados; también ha promovido la creación de un Banco de Previsión y seguridad Social a partir del Fondo de Estabilización de la ANSES; un Programa Institucional sobre Derechos de los pueblos indígenas; Programa de promoción de los derechos del niño; coordina un observatorio de femicidio junto a diversas ONG; lleva adelante acciones judiciales contra empresas contaminantes; desarrolla programas de protección contra la contaminación ambiental y de defensa de los derechos de los discapacitados; de asistencia al migrante y contra la trata de personas, entre otras acciones dignas de destacar.
Creo que mucho se ha declamado la necesidad de poner fin a la falta de comunicación directa entre administrado y la administración, creando un mecanismo de control ciudadano sobre el ejercicio del poder.
Pero no alcanza con sumar a nuestra legislación nuevos modelos de participación democrática. Es necesario comenzar por respetarlos y darles efectivo cumplimiento, como en este caso, para proceder a la designación de un nuevo Defensor del Pueblo de la Nación. Su prolongada vacancia debe llamar la atención, sobre la observancia y el respeto que merecen la defensa y la protección de los derechos ciudadanos.
