Trabajadores del Registro de Verificadores protestaron ante la Jefatura de Gobierno de la Ciudad contra el decreto de Mauricio Macri que disuelve ese organismo.
El último martes se conoció un decreto del Ejecutivo porteño que disuelve el Registro de Control de Obras en la Ciudad de Buenos Aires, razón por la cual, los trabajadores del sector expresaron su protesta. El último miércoles, la Asociación de Profesionales Perito Verificadores (APPV) había brindado una conferencia de prensa en la Legislatura porteña para rechazar esa decisión anunciada por Juan José Gómez Centurión, titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC).
Este viernes al mediodía, los verificadores realizaron una protesta frente a la sede de la Jefatura de Gobierno -en Avenida de Mayo 525-, para exteriorizar su reclamo.
La arquitecta Lilian Rodríguez, presidenta del APPV, argumentó ante parlamentario.com que “en 14 años no existe una sola denuncia hecha a ningún consejo profesional sobre alguna práctica irregular de un solo verificador, ya sea por un director de obra, un constructor, o un vecino”.
“Ya veníamos siendo hostigados por falta de pagos, atraso de facturas y además los aumentos que se les dan a los derechos de obra son sustanciosos, se llegó aumentar a un 613%, estipulada por la ley tarifaria. Esto tendría que haber sido trasladado al honorario del verificador”, puntualizó Rodríguez.
A su vez se refirió a la elección por concurso público y abierto para elegir a 20 verificadores que deberán ser matriculados en sus respectivos consejos profesionales, serán efectivizados y dependerán de la Agencia Gubernamental de Control (AGC). Y agregó que “eliminar a unos 1000 profesionales que vienen dando transparencia de control hace años, labrando actas de registros de profesionales acreditados, con años de experiencia en la matricula, es aumentar los riesgos para los ciudadanos. Hacernos cargo de las encomiendas, los viáticos, las fotos que acompañan nuestros informes, todo eso es de nuestros bolsillos”.
El diputado Alejandro Bodart (MST-Nueva Izquierda), que acompañó la protesta, afirmó: “Otra vez el Gobierno macrista debilita el control público. Antes intentó vaciar el cuerpo de inspectores del trabajo y ahora liquida la tarea de los verificadores. Juan José Gómez Centurión no debe seguir al frente de la Agencia Gubernamental de Control, porque su gestión facilita las prácticas de corrupción”.
El decreto del Ejecutivo establece hacer un concurso público y abierto para elegir 20 verificadores para inspeccionar las obras en construcción. Deberán ser profesionales matriculados en sus respectivos Consejos Profesionales, que serán efectivizados y dependerán de la AGC. Hasta que los contraten, las inspecciones se realizarán con recursos propios de la Agencia. En el Ejecutivo argumentan que, en los últimos tres años, recibieron 14.000 denuncias por obras que no coincidían con los planos originales o que se realizaban sin medidas de seguridad.
