Nada resulta ser sencillo cuando los acuerdos parlamentarios tienen que atender a tantos frentes políticos al mismo tiempo. Y algo de eso parece estar pasando en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

Para dar por terminada la primera mitad del año los legisladores bonaerenses se pusieron “en línea”; es decir convocaron en un mismo día a sesionar a ambas cámaras y entablaron algunos acuerdos que finalmente no se cumplieron.

La idea era terminar un pleito que se precipitó a partir de la decisión, por parte del Ejecutivo, de declarar la Emergencia en Seguridad. Así una docena de proyectos se presentaron en la mesa de entrada del Senado bonaerense, algunos de ellos viejos proyectos que sus alcances temporales expiran y resulta necesario recurrir, a lo que ya aparece como costumbre, las prórrogas.

Entonces, la Cámara de Diputados, ya que el Senado los había aprobado, sancionó la creación de 129 cargos para cubrir fiscalías y defensorías titulares y suplentes en distintos departamentos judiciales. La puesta en vigencia, asimismo, de nuevos órganos judiciales en los Fueros Penal, Civil, Comercial, Laboral, así como de Responsabilidad Juvenil y de Familia. Por último, sólo resta la promulgación, del Cuerpo de Magistrados Suplentes del Ministerio Público para cubrir vacantes transitorias que se produzcan en el territorio bonaerense.

Pero los diputados también votaron las prórrogas por un año más de la emergencia en la infraestructura edilicia del Poder Judicial; la del proceso de transformación de los tribunales de familia en juzgados unipersonales, y la autorización concedida a la Suprema Corte para el traslado de los juzgados de garantías. En estos casos la votación significó la aprobación ya que se introdujeron modificaciones, que aunque de forma, requieren que el Senado las considere para terminar con el trámite parlamentario.

Los diputados juran y perjuran que las modificaciones se realizaron en acuerdo con el Senado para que en esa misma jornada sean consideraras por ellos y obtener, sin más trámite, la sanción ese mismo día. Pero el Senado “mariottista” es una caja de pandora.

Mariotto no sólo desconoció el acuerdo alcanzado con los diputados para tratar esos tres expedientes, con modificaciones, que ya había aprobado en una oportunidad, sino que además retuvo otros dos expedientes que crean más cargos en el Poder Judicial y que los diputados esperaban.

Pero por si todo esto fuera poco, el titular del Senado sorprendió con una “invitación” a los ministros de Infraestructura, de Jefatura de Gabinete y de Justicia “a los efectos de brindar información respecto del número de víctimas fatales” constatadas a consecuencia de las inundaciones en la ciudad de La Plata, el 2 y 3 de abril del 2013.

Particularmente, en esa invitación, al ministro de Justicia Ricardo Casal se lo requiere además para que se explaye en referencia a dos expedientes que se encuentran en el Senado donde también se crean cargos, sin precisar destinos; pero todos dan por hecho que las requisitorias al ministro también girarán sobre estos otros tres expedientes que ahora están demorados en el Senado bonaerense, recientemente aprobado con modificaciones en Diputados.

Una vez más

La emergencia edilicia del Poder Judicial fue establecida por ley en 2007. La situación fue prorrogada desde entonces y, de convertirse en ley, será la sexta vez que la Legislatura extiende esa condición.

La norma establece que sean los ministerios de Justicia, de Infraestructura y de Economía los que adopten las medidas necesarias para superar “de inmediato” el estado de emergencia edilicia del Poder Judicial, y establezcan las normas de excepción para ese objetivo, monitoreadas por la Suprema Corte, la Procuración y los organismos de control de la Provincia. Asimismo, faculta al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias.

Otro aspecto de la emergencia que se prorrogaría, es que se declaran de utilidad pública a todos los bienes inmuebles indispensables para emplazar edificios del Poder Judicial, a los fines de disponer su expropiación. Además, la norma le da atribuciones a la Corte para individualizar los inmuebles correspondientes y celebrar acuerdos directos con los propietarios, o promover el juicio de expropiación a través de la Fiscalía de Estado. La prórroga por sexto año de esta emergencia fue votada en mayo en el Senado bonaerense, no sin cuestionamientos por parte de la oposición por la dilación de esa condición. El senador radical Carlos Fernández fue en ese momento uno de los más críticos del proyecto, al que acompañó no sin sostener que una prórroga tan prolongada es “un exceso” y que “la emergencia pasó a ser una situación normal”.