El diputado insistió con una serie de propuestas para llevar a cabo en la disputa con los fondos buitre, entre ellas la de cambiar de agente de pagos, declarar la nulidad de la prórroga de jurisdicción y conformar una Comisión Bicameral Investigadora de la Deuda Pública.
El diputado nacional Claudio Lozano (Unidad Popular) exigió este lunes desconocer el fallo del juez neoyorkino Thomas Griesa para “retomar el manejo soberano de la deuda”, ante el posible riesgo de default.
“El fallo del juez Griesa pone a la Argentina frente a una disyuntiva: acatarlo acelerando la crisis del endeudamiento y el retorno desesperado al mercado financiero internacional, o desconocerlo poniendo en marcha un conjunto de definiciones que impliquen retomar un manejo soberano de la deuda pública”, explicó.
En este escenario, el legislador propuso reemplazar al Bank of New York y designar al Banco Nación como agente de pagos, y también sustituir los bonos de deuda con legislación extranjera por bonos bajo legislación local.
Además, instó a declarar la nulidad de la prórroga de jurisdicción y a conformar una Comisión Bicameral Investigadora de la Deuda Pública.
Por último, pidió establecer una contribución fiscal de emergencia en divisas sobre quienes fugaron capitales en la década (más de u$90.000 millones) y sobre quienes detentan activos en el exterior.
Según precisó Lozano, “la aceptación del fallo implica en principio sumar cerca de u$15.000 millones de deuda en un contexto donde hace ya tres años Argentina carece de recursos propios en sus cuentas públicas para afrontar el pago de intereses, lo cual supone un endeudamiento anual para sufragar al déficit fiscal de no menos de u$10.000 millones anuales”.
“Por otra parte –continuó-, la existencia de una negociación con los holdouts, expone a la Argentina a demandas multimillonarias por parte de los acreedores que ya ingresaron al canje aún en el caso de que los pagos se realicen a partir del 2015”.
“Por esta razón, el creciente apoyo internacional recibido por la Argentina frente a un fallo anacrónico y que va a contramano de las tendencias dominantes del sistema financiero internacional debe ser asumido como una nueva oportunidad para hacer en materia de deuda pública lo que nunca se hizo”, evaluó.
Más preciso, detalló que “la reestructuración K nos hizo pagar u$63.000 millones en una década”, pero “pese a esto la deuda pública se ubica en u$250.000 millones” ya que “no hubo desendeudamiento sino cambio de acreedores y de los efectos de la deuda, y para colmo andamos enjuiciados por el mundo”.
