Tras los cuestionamientos sobre el déficit de la Ciudad, la legisladora porteña Graciela Ocaña de Confianza Pública presentó un proyecto para la creación de una “comisión especial de seguimiento, control y verificación".
La diputada porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública), que busca posicionarse como candidata a jefa de Gobierno en 2015, se suma a las críticas sobre la administración del Ejecutivo porteño. Afirma que “no existe un conocimiento adecuado del total de la deuda que hoy posee la Ciudad de Buenos Aires”.
Y aclara que “la falta de previsión en la materia es llamativa y preocupante, ya que el Ejecutivo, no se preocupa en incluir en la ley de presupuesto facultad alguna que le permita endeudarse o, al menos, fijar parámetros de emisión de deuda”.
Según el informe de la Auditoría General de la Ciudad, el gobierno duplicó el año pasado su déficit fiscal, alcanzando los $2.328 millones y elevó un 111%, hasta los $3.106 millones, su déficit financiero, que se mide después del pago de deuda, en lo que representa el rojo más alto de los últimos años.
“Compromete el futuro económico de los vecinos de la Ciudad cada vez que se embarca en la emisión de deuda sin que exista control alguno sobre las formas y el destino de los mismos”, dijo Ocaña.
De aprobarse, la comisión especial se integrará con “un representante de cada uno de los bloques políticos acreditados y reconocidos por la Legislatura”. Tendrán “un plazo de 10 días” para que el poder Ejecutivo, los entes descentralizados y autárquicos de la Ciudad de Buenos Aires, presenten toda la información.
Una de las principales funciones de la comisión serán las de “realizar un seguimiento de los flujos monetarios destinados al objeto de cada empréstito”, que consiste en “analizar y evaluar los procedimientos administrativos relacionados con la concertación de la deuda pública, como así también de todos los aspectos legales que hacen a la concertación de préstamos externos, emisión de bonos, celebración de contratos de asesoramiento y comisiones”.
También propone una serie de disposiciones para “sugerir o elevar propuestas legislativas que redunden en un plan de financiamiento a mediano y largo plazo”.
Finalmente, la comisión especial quedará facultada para “solicitar la presencia de ministros y funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, directivos de los entes descentralizados y autárquicos. Asimismo, podrá solicitar la opinión técnica de especialistas en la materia y requerir toda información útil a organismos públicos y a personas físicas y jurídicas vinculadas contractualmente con el Estado.
