Quieren cambios en la legislación menemista y dejar sin efecto la sujeción a privatización de cuatro fábricas militares. Destacan que esto diversificará la producción y generará nuevos puestos de trabajo.
Con el objetivo de fomentar la industria nacional, un grupo de diputados nacionales de todo el arco político presentó proyectos de ley para dejar sin efecto la sujeción a privatización de las unidades productivas dependientes de la Dirección General de Fabricaciones Militares.
Alrededor de 23 fábricas fueron dispuestas a un proceso de privatización a través del decreto 1398/1990 del expresidente Carlos Menem y de la posterior ley 24.045 de 1991. Entre ellas se encontraban la Fábrica Militar Río Tercero, Astilleros y Fábricas Navales del Estado Sociedad Anónima y la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina.
La mayoría de las privatizaciones se concretó luego de la voladura de la unidad cordobesa en 1995. Pero las fábricas de pólvoras y explosivos Azul y Villa María, y las fábricas Fray Luis Beltrán y Río Tercero permanecieron en el Estado por diferentes motivos: medidas cautelares; falta de interesados; y la resistencia de de trabajadores.
Las iniciativas presentadas apuntan a garantizar que estas cuatro fábricas continúen bajo la órbita estatal.
Una de ellas fue presentada por Eduardo “Wado” De Pedro, referente de la agrupación kirchnerista La Cámpora. Otra corresponde al “dipusindical” Víctor De Gennaro (Unidad Popular) y tiene como coautores a Hermes Binner (PS), Edgardo Depetri (FpV), Omar Duclós (Gen), Jorge Valinotto (Fte. Cívico Córdoba), Lino Aguilar (Compromiso Federal), Victoria Donda (Libres del Sur), Graciela Villata (Fte. Cívico Córdoba), Mario Negri (UCR), Antonio Riestra (UP), Claudio Lozano (UP), Miguel Del Sel (Pro) y Ramona Pucheta (FIS).
Período kirchnerista
El Gobierno de la Alianza destacó en 2000 la necesidad de mantener dentro del patrimonio estatal las unidades productivas no privatizadas debido a su innegable aporte a la industria para la defensa, al desarrollo tecnológico del rubro y por considerarse como motorizadora de otras industrias afines.
En este marco, De Pedro afirmó que los gobiernos kirchneristas resolvieron “recuperar para el Estado la producción para la defensa, otorgándole un rol integrador de las fuerzas de producción y movilizadora de la actividad industrial”. La finalidad de ello, subrayó, es “impulsar en forma decidida la investigación de tecnologías duales que sirvan a la defensa, que otorguen al país nuevas potencialidades industriales en el marco de la mayor autonomía posible, y que garanticen una efectiva capacidad de defensa nacional”.
El legislador oficialista también aseguró que la Casa Rosada inició “un importante plan de inversión en infraestructura del complejo de fábricas”, adecuó las unidades productivas a las normas de seguridad laboral y saneamiento ambiental y las dotó “de mayor autonomía” para que puedan “desenvolverse en el mercado con mayor eficiencia en su operatividad”.
Pero para “profundizar esta política pública”, De Pedro consideró necesario dejar sin efecto la declaración de “sujetas a privatización” de las fábricas militares, dispuesta por el decreto y la ley antes mencionadas.
A su juicio, esto permitirá “posibilitar su reorganización administrativa, contable y financiera, con el propósito que operen con un nivel de dinamismo, economicidad y eficiencia comparables con el de las grandes empresas del sector privado”.
Por su parte, la propuesta de De Gennaro señala que “derogar el carácter de ‘sujetas a privatizaciones’” a las fábricas mencionadas “no es un hecho arbitrario, encuentra su fundamento en que no podemos desperdiciar la capacidad ya desarrollada”.
“No se requiere ni contamos con una coyuntura internacional que nos permita pensar en proyectos faraónicos -muy por el contrario-; sólo se necesita que se revierta y que se pongan a funcionar empresas que ya están instaladas y que posibilitaron hace unos años diversificar nuestra producción”, se destaca entre los fundamentos de esta iniciativa.
Además se resalta que “estas empresas demandan mano de obra calificada, con la cual la Argentina aún cuenta, que son capaces de generar trabajo genuino y que, con sólo refuncionalizarlas, podrían convertir a las localidades y sus regiones circundantes en verdaderos polos de desarrollo, con las implicancias multiplicadoras que este tipo de actividades genera”.
