El retorno a las Democracia Constitucional en nuestro país hizo necesario la ratificación y actualización de su Constitución sancionada en 1853, y reformada en 1860, 1866, 1898 y 1957, lo que se concretó en agosto de 1994, impulsada, principalmente, por la lamentable ambición reeleccionista del entonces presidente Carlos Menem. La convocatoria a la convención constituyente que debía sancionarla terminó siendo acompañada por la entonces débil oposición del radicalismo liderado Raúl Alfonsín, que también antes de renunciar a la presidencia de la República intento, sin éxito, modificar la Ley Fundamental para ser reelecto.

En el Pacto de Olivos peronistas y radicales acordaron un “núcleo de coincidencias básicas” de lo que se declaraba necesario reformar, y la Convención constituyente, reunida en Paraná y en Santa Fe, sancionó, hace ya 20 años, la reforma más amplia que se le hizo a la más antigua de las constituciones de América después de la estadounidense.

Lo positivo

La incorporación de: un capítulo en el que se declaran nuevos derechos y garantías, el defensor del pueblo –aunque el cargo está vacante desde hace 5 años- , el dar jerarquía constitucional a declaraciones y tratados internacionales de derechos humanos, el regular los de integración, el establecer la elección directa presidencial y de los senadores -aumentándose su número de 2 a 3 por provincia y por la ciudad de Buenos Aires y darle así representación a las minorías -, el permitir la iniciativa y la consulta popular – aunque nunca fueron utilizadas -, el reconocerle a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales y el proclamar la autonomía municipal, han sido los principales aciertos de la reforma.

Lo negativo

El permitir la reelección presidencial, y reducir el mandato de 6 a 4 años, fue el fracaso más notable, como lo demuestran los segundo períodos de Menem y, ahora, de Cristina Fernández de Kirchner.

También lo fueron el autorizar al Poder Ejecutivo dictar decretos de necesidad y urgencia y legislación delegada, lo que convirtió en una suerte de “escribanía” al Congreso y exaltó aún más el poder presidencial. No sirvió tampoco, para atenuar el presidencialismo, como se aspiraba, la creación de la jefatura de gabinete, el que nunca se reúne, y porque este funcionario rara vez cumple con la obligación de informar mensualmente sobre la marcha del gobierno ante las cámaras, como exige la Carta fundamental, aunque, en los últimos tiempos, lo haga diariamente ante los medios.

El haber cambiado el régimen original de la Constitución de 1853 -similar al de la Constitución de EEUU y de Brasil- de fuentes tributarias separadas entre la Nación y las provincias, por el de coparticipación federal, que antes había sido ensayado por vía legislativa, fue otro grave error de la Convención. Para colmo, la ley que debió sancionar el Congreso antes de finalizar el año 1996 para reglamentarla nunca se dictó, ni se dictará, por la imposibilidad de conseguir la aprobación de todos los gobiernos provinciales, que nunca admitirán recortes en las asignaciones que se proyecten.

Regulaciones deficientes

La incorporación a la Ley Suprema del Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Ministerio Público y la Auditoría General de la Nación, se hizo en forma por demás deficiente, lo que obligó al Congreso a suplir esas fallas con sucesivas leyes, que establecieron, y en muchos casos modificaron, la composición de estos órganos, la formas de designación de sus componentes y sus atribuciones, siendo estas marchas y contramarchas notables en el caso del Consejo de la Magistratura, cuya última reforma fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema.

La autonomía de la ciudad de Buenos Aires fue otra de las regulaciones defectuosas lo que ha traído innumerables idas y vueltas respecto de los órganos y competencias que el gobierno federal le debe traspasar a la ciudad.

Este análisis, hecho a vuelo de pájaro, nos permite afirmar que el propósito de que el pueblo a través de sus representantes haya ratificado y modernizado su Constitución es un objetivo por demás logrado luego de recuperada la democracia en 1983, ya que ésta no se agota con que haya elecciones periódicas, sino que ella deben ir acompañadas de un mayor respeto y garantía a los derechos humanos, la más clara división y limitación de los poderes, publicidad de sus actos y la mejor descentralización del poder en las provincias, las regiones y los municipios.

Más allá de las virtudes y los defectos de lo reformado, o el buen o mal uso, abuso u omisión que se ha hecho al aplicar o interpretar las nuevas cláusulas, los argentinos seguimos creyendo que nuestra Constitución es el mejor instrumento –como declara su preámbulo- que nos puede “asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.

El autor es profesor emérito de la UNC y catedrático de Derecho Constitucional de la UCC y fue diputado de la Nación.