Adriana Puiggrós y Julia Perié se abstuvieron de votar un DNU sobre la situación de los becarios del Conicet. El resto del oficialismo lo avaló de todos modos, junto al decreto que creó el Ministerio de Cultura y otro sobre escuelas privadas.
Dos diputadas nacionales del Frente para la Victoria se negaron este miércoles a votar un decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo sobre la situación de los becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnica (Conicet), finalmente avalado por el resto del oficialismo.
Se trata del decreto 810 del 29 de mayo de 2014, que establece que los subsidios que reciba el Conicet “no podrán utilizarse para contratar personal” y permite que los becarios y el personal de apoyo tengan un representante en el Consejo Directivo del organismo.
Aunque la votación resultó afirmativa gracias al respaldo del Frente para la Victoria y sus aliados, dos diputadas del oficialismo, la bonaerense Adriana Puiggrós y la misionera Julia Perié, optaron por abstenerse, sin presentar argumentos.
El decreto generó polémica porque, según un sector de la comunidad científica, ratifica las condiciones precarias de trabajo en que se encuentran miles de becarios.
“Creo que es perjudicial para los investigadores y para la investigación”, dijo Puiggrós a parlamentario.com, sin querer ahondar en el tema. Este medio también se comunicó con Julia Perié, que en cambio prefirió no hacer declaraciones al respecto.
Cabe destacar que el decreto fue firmado por la presidenta Cristina Kirchner y el resto de su gabinete, a excepción del ministro de Economía, Axel Kicillof, quien tiene una prestigiosa carrera como investigador.
La situación de los becarios
Sucede que ATE y la agrupación Jóvenes Científicos Precarizados (JCP) reclaman que los becarios sean reconocidos como trabajadores con plenos derechos, por lo que exigen que su situación pase a tratarse en las paritarias del organismo.
Desde la JCP sostienen que los becarios tienen las mismas obligaciones que el resto de los trabajadores de Conicet: deben cumplir una jornada laboral de ocho horas en un lugar pre-establecido de trabajo, que pueden ser los institutos de investigación del organismo o de alguna universidad; deben cumplimentar una formación de doctorado; y periódicamente deben concursar sus cargos.
Sin embargo, no cuentan con los derechos laborales como el resto de sus compañeros de trabajo: no cuentan con obra social, ni jubilación, ni licencias, ni discuten su salario en paritarias ni cuentan con aguinaldo.
En cambio, los representantes de UPCN -el otro gremio de estatales que lidera Andrés Rodríguez- sostienen que los becarios no son trabajadores, sino que son estudiantes por lo que no deben tener los derechos a los que acceden los trabajadores formales.
Según fuentes gremiales, si se reconociera a los becarios como empleados del organismo, la planta total superaría los 19.500 trabajadores ya que actualmente el Conicet tiene 8.822 becarios.
Avalado por el FpV
El decreto 810 fue avalado por la Cámara de Diputados en la sesión de este miércoles, en una votación que incluyó otros dos decretos: el 351 del 21 de marzo, sobre establecimientos educativos de gestión privada, y el 641 del 6 de mayo, que creó el Ministerio de Cultura.
La votación resultó afirmativa con 128 votos positivos del Frente para la Victoria y sus aliados, contra 54 rechazos de todo el arco opositor, que negó la existencia de condiciones de “necesidad y urgencia” para que el Ejecutivo haya salteado al Congreso para el dictado de dichas medidas.
Otra diputada que se pronunció en contra del decreto en cuestión fue Alcira Argumedo (Proyecto Sur), expresidenta de la Comisión de Ciencias Sociales y Humanidades y exintegrante de la Junta de Promoción y Calificación del Conicet.
Sin profundizar sobre el DNU, Argumedo le advirtió el oficialismo que “van a ser responsables de eliminar la autonomía de la ciencia y el pensamiento nacional, porque estos sectores -estoy hablando de la Fundación Ford, Monsanto, etcétera‑ tienen la capacidad de comprar conciencias y de dividir entre investigadores pobres y ricos, que no son más que la gestación de aquello que viene siendo criticado por las mejores tradiciones populares del país, como el radicalismo yrigoyenista y el peronismo: lo que se ha dado en llamar ‘alimentar el coloniaje mental’”.