Hace más de una década que asistimos a la paradójica situación de que muchas políticas que el Gobierno lleva adelante en nombre de acciones autodenominadas “nacionales y populares” dan resultados justamente opuestos que terminan perjudicando a los sectores productivos y trabajadores de nuestro país.

Hoy, con la presentación en el Senado en forma casi simultánea de los proyectos para modificar la Ley de Abastecimiento y la jurisdicción de pago a los bonistas, observamos la profundización de esta “política de la confrontación” que no mide las consecuencias ni los perjuicios que puede ocasionar.

El proyecto que busca modificar la Ley de Abastecimiento es un agravio a los sectores productivos. La actual Ley 20.680, suspendida por el Decreto 2284/91, que exige la previa declaración por el Congreso de la “Emergencia de abastecimiento”, suscitó desde su sanción en 1974 críticas y planteos que hicieron que la misma no tuviera aplicación efectiva.

La vieja ley y la que se pretende implementar son inconstitucionales y de imposible realización. No solo por sus efectos negativos sobre la economía, sino por la imposibilidad de aplicarlas desde la anquilosada y corrupta estructura del Estado.

Por otro lado, en cuanto al cambio de jurisdicción de pago a los bonistas, el presidente de la Corte Suprema ha dicho que “las sentencias deben cumplirse aquí y en todas partes”. El problema es que el Gobierno, que se dice republicano, no cumple los fallos de nuestro Superior Tribunal –por ejemplo, con respecto a los jubilados, la situación del Riachuelo y la reposición del procurador de Santa Cruz- y cree poder desoír aun los de otros países.

En este caso, la jurisdicción de pago a los bonistas fue pactada, y luego consentida expresamente en primera, segunda y tercera instancia; sin embargo, en lugar de buscar una solución, se nos pretende englobar en la consigna “Patria o buitres”, descalificando a quienes creemos en el cumplimiento de las sentencias sin que ello impida la búsqueda de una alternativa que evite un mal para nuestro país.

Ante la crisis que hoy nos toca vivir (pérdidas de puestos de trabajo, suspensiones, alta presión impositiva sobre los trabajadores y pymes, inflación, recesión, etcétera), el Gobierno propone dos proyectos que, en lugar de buscar acuerdos internos y externos, profundiza la confrontación.

Por tal motivo, con relación a la Ley de Abastecimiento, se debe plantear la necesidad de la derogación lisa y llana de los restos existentes de la ley 20.680 y sus modificatorias y el rechazo a este nuevo Proyecto por ser claramente atentatorio contra los Arts. 14, 17, 18, 20, 28, siguientes y concordantes de nuestra Constitución; y de igual manera, debe rechazarse la mal llamada “Ley de pago soberano” ya que, lejos de resolver la problemática, agravará la situación de nuestro país ante el mundo.