El bloque de senadores de la UCR adelantó su rechazo a los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo sobre modificaciones la ley de Abastecimiento y la creación de un Observatorio de Precios, que serán tratados en la sesión de este miércoles en la Cámara alta.

En relación con la iniciativa propuesta por el Gobierno que establece un Sistema de Resoluciones de Conflictos en las Relaciones de Consumo, la UCR adelantó su acompañamiento en general, al tiempo que presentará una serie de modificaciones para darle una perspectiva de mayor federalismo y más derechos a usuarios y consumidores. Entre otras propuestas, el dictamen del radicalismo incluye no solo la acción individual de los usuarios y los consumidores, sino también normas procesales para la acción de incidencia colectiva por parte de las asociaciones que defienden a usuarios y consumidores; establece la gratuidad para reclamar a usuarios y consumidores; buscar federalizar el fuero permitiendo que se reclame en la justicia de las provincias o la Ciudad de Buenos Aires tanto donde se produjo la relación de consumo como en el domicilio del usuario.

“El proyecto kirchnerista pretende restringir el ejercicio de sus derechos ante la Justicia a los usuarios y los consumidores, por lo que insistiremos con nuestras modificaciones en el debate de mañana”, advirtió el titular del bloque, Gerardo Morales.

“Hay mucha arbitrariedad y discrecionalidad. El gobierno se está radicalizando ante la crisis económica, yendo a un chavismo extremo”, aseguró Morales sobre el proyecto de Ley de Abastecimiento sobre el que consideró que podría ser “impugnado” ante la Justicia por “inconstitucional”.

“Especialmente el artículo 17, que establece que a quien se le aplica una multa o una sanción, para poder hacer un reclamo en la Justicia tiene que pagar la multa, presentar el certificado de pago y luego poder acceder a la Justicia”, explicó el senador. “Se rompe con el principio de la libertad de la garantía de acceso a la justicia, establecido en la Constitución”, agregó.

“Estas leyes confirman que la única política anti-inflacionaria que tiene el Gobierno es el control de precios, mayor presión y persecuciones”, criticó Morales.