Tras conseguir la media sanción de la ley de “pago soberano”, el oficialismo busca aprobar en el Senado la actualización de la polémica Ley de Abastecimiento en busca de una mayor injerencia estatal en la economía, un proyecto que la oposición y las cámaras empresarias rechazan de plano.

El inicio del debate se dio pasadas las 12.30 y por lo avanzado de la hora y la extensión que podría llegar a tener lo que restaba de la sesión, se acordó tratar el paquete de leyes de manera conjunta, como así también hacer una drástica reducción de los oradores previstos para hablar. Así se acordó que solo fueran dos por bloque, dejando de lado los alrededor de 20 oradores que estaban previstos en principio.

Arrancó como miembro informante por el oficialismo el santacruceño Pablo González, quien se enfrascó en una farragosa lectura de las modificaciones introducidas en los proyectos, y al hacer referencia al fuero de consumidores, ante la gran cantidad de modificaciones introducidas al proyecto, intervino el radical Luis Naidenoff, quien solicitó que por tratarse de un proyecto en el que existía consenso, se pasara el tema a comisión y se avanzara con el resto.

Recibió el apoyo de la senadora Liliana Negre de Alonso, quien sugirió que luego fuera tratado sobre tablas, y finalmente comparó la situación planteada con lo que fue en su momento la polémica reforma laboral de la época de la Alianza. La moción fue rechazada.

A la hora de exponer sus reparos a la reforma de la ley de abastecimiento, Naidenoff señaló que “si bien el Gobierno nos habla desde los fundamentos de los desafíos de la nueva economía, estamos ratificando una ley que tiene más de 40 años. La rechazamos porque estamos convencidos que vulnera el orden jurídico establecido, y porque esta ley es irracional, desde el punto de vista de los incentivos para comerciantes e industriales que deseen invertir y arriesgar en el país”.

A juicio del legislador formoseño, se trata de “una ley muy pesada, que ha sido implementada en una circunstancia y un contexto especial”. Desde el punto de vista jurídico, consideró que “se pierde de vista ver “cual es el rol del Estado”, y agregó que “desde el punto de vista económico, nuestra Constitución garantiza la libertad de trabajar, a ejercer el comercio, desde el amparo de la más absoluta libertad”. Aclaró eso sí que “estos derechos no son absolutos”.

“Estamos tratando una ley que otorga un abanico de herramientas al secretario de Comercio que son absolutamente contraproducentes, porque atentan contra los parámetros y principios que establece nuestra Constitución”, insistió.

Naidenoff tomó al pie de la letra los dichos de los funcionarios, que en su paso por el plenario de comisiones señalaron que “no hay emergencia ni desabastecimiento”, ante lo cual se preguntó cuál es la razón de avanzar con el proyecto. Concluyó diciendo que se trata de “unaherramienta irracional” y acusó al Gobierno de tomar la decisión de “meter mano con las viejas mañas”.

Tras el legislador radical, el senador Juan Carlos Romero se refirió a la norma en discusión como “de desabastecimiento”, y tras definirla así dijo que “es lo que va a lograr, por eso la llamo así”. Para el salteño, “es una ley de miedo, para meter miedo”, y advirtió que “Argentina tiene una propensión a corregir la perversidad del capitalismo perverso con más perversidad”.

“No vamos a acabar la pobreza con una Gestapo”, señaló el exgobernador salteño.

Norma Morandini se refirió solo a la ley de Abastecimiento, que “en nombre de defender al consumidor va a darle al secretario de Comercio todo el poder para que decida”. Igual que Romero, llamó a la norma “ley de desabastecimiento” y dijo creer que “el gran desabastecimiento es el vaciamiento que se está haciendo de la democracia; la forma como estamos tratando estas leyes es una prueba de ello”, dijo.

Se quejó además porque se hagan audiencias en las que no se escucha a los que exponen. “Yo también creo que hay que limitar a las corporaciones, pero cómo se limita a poderes como un Estado sospechado de altísimos grados de corrupción”, preguntó. Remarcó que “todo el tiempo escuchamos cómo se desprecia a los sectores de la producción, siendo que son los que dan trabajo”, y concluyó que en el Gobierno “están enfermos de ideología”. La senadora cordobesa puntualizó que “las leyes no pueden meter miedo” y pidió no engañarse: “no estamos aquí protegiendo al consumidor”.

El senador Alfredo De Angeli expresó su preocupación porque “ya fracasó eso”, y puntualizó que “para que haya abastecimiento tiene que haber producción”. Se preguntó quién va a producir algodón, o yerba, si no hay precios competitivos. “¿Van a llevar gente de acá para garantizar el abastecimiento?”, se preguntó, advirtiendo que todo eso va a crear un mercado negro. “Acá el problema es la inflación, ese es el problema que no quieren reconocer”, se quejó el senador entrerriano.

El catamarqueño Oscar Castillo hizo hincapié en que estamos en una situación económica difícil, en la que la palabra clave es “inversión”. En este contexto, señaló que todos los conocedores del tema coinciden en que “esta ley desincentiva la inversión”. Para Castillo, el objetivo del proyecto es ir por los dólares de los productores agropecuarios: “obligar a los gringos a darle (al Gobierno) los dólares”, para lo cual “necesita tener un control ajustado en toda la cadena de producción.

Por su parte, la senadora Gabriela Michetti dijo que hay normativa específica que podría aplicarse sin necesidad de acudir al proyecto tratado, como así también “otros instrumentos relacionados con la cuestión de los consumidores”. Sugirió en ese sentido una serie de elementos que podrían utilizarse puntualmente, para luego señalar que “la verdad es que a esta altura nos tenemos que preguntar si realmente hay la voluntad de trabajar para los consumidores, o tener una herramienta que le permita al Gobierno concentrar más poder”. Por ello, anunció que el Pro no acompañaría ninguno de los tres proyectos en discusión.

El socialista Rubén Giustiniani rescató en cambio la creación del Fuero para los Consumidores, para luego reclamar que el Gobierno aborde definitivamente el problema de la inflación.

A continuación, la senadora Liliana Negre de Alonso reiteró sus críticas por tener que votar un proyecto con “renglones íntegros tachados con tinta negra”, cuestionando de tal manera a las comisiones responsables de ese enchastre. Ya sobre la cuestión de la ley de abastecimiento, la senadora puntana dijo que las sanciones que establece esa ley “son de carácter penal, porque la multa tiene naturaleza penal, el decomiso tiene naturaleza penal, la clausura también… Y hoy con esta ley esto es regulado, apelado y controlado por el Fuero Penal Económico. Pero ahora esto se pasa al Contencioso Administrativo”.

Así las cosas, interpretó que al cambiar de fueros, se cambia la filosofía de la aplicación de la sanción, violándose entre otras cosas el Pacto de San José de Costa Rica.