Quiero destacar un proyecto de ley de enorme valor para los ciudadanos: el que crea el Fuero del Consumidor.

Esta ley apunta a proteger los denominados derechos de tercera generación, incorporados a la Constitución Nacional en 1994, y en particular el artículo 42, que establece claramente: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.”, y a mi entender, tiene tanta importancia como tuvo hace décadas la creación del fuero laboral, porque su objetivo es brindar protección al más débil, cuidando sus derechos.

La teoría del libre mercado nos dice que empresarios y consumidores se encuentran en igualdad de condiciones. Sin embargo, sabemos -y lo confirmamos en nuestra experiencia cotidiana- que esto no es así, ya que el consumidor es víctima de diversos abusos, la parte más débil de las relaciones de consumo.

Frente a un conflicto, esta nueva Ley establece instancias de mediación a las cuales las empresas están obligadas a asistir para escuchar y atender el reclamo de consumidores y usuarios y si no lo hacen, están obligadas a pagar una multa en beneficio del ciudadano que hace la denuncia. Además, prevé una segunda instancia de audiencia pública y lo más importante, la creación de un fuero específico, que le da a estos casos la autonomía judicial por la que se ha luchado durante muchísimos años.

Todos somos clientes, de bancos, de empresas de teléfonos, de financieras, de casas de electrodomésticos y a diario nos enfrentamos con diversas situaciones conflictivas por incumplimiento de las empresas frente a las cuales nos sentimos impotentes, desprotegidos y muchas veces, asumimos esas realidades injustas con resignación. Eso no debe ser así, es una situación que se puede y que debemos corregir, lo manda la constitución.

Esta ley es un paso histórico en la defensa de los derechos del consumidor. Busca garantizar un mandato constitucional y asegurar relaciones comerciales más respetuosas y más justas.