El 12 de Septiembre de 1979 es una fecha clave, un hito histórico y un epígono excepcional en la lucha sucesiva y permanente por los Derechos Humanos y Civiles en la República Argentina, durante la Dictadura Militar, eufemismo del Proceso de Reorganización Nacional, un letal bestiario organizado, desde 1976 a 1983, periodo oscurantista del mayor golpe cívico-castrense en la historia de la Nación, bajo la dominación de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Ese día, el Partido Justicialista entregó el primer documento institucional y orgánico de un partido político dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fundada por la Organización de Estados Americanos (OEA), en la persona a James Patrick, presidente de la delegación visitante, donde denunciaba la sistemática violación a las garantías y derechos constitucionales, apremios ilegales y el genocidio estructural, con la secuela de secuestros y desapariciones de ciudadanos argentinos y extranjeros.

El miembro firmante del aquel pionero documento de alerta y denuncia, entregado en persona, fue Deolindo Felipe Bittel (1922-1997), presidente del Partido Justicialista, luego de la detención de su titular, María Estela Martínez de Perón, quien ejerció, hasta su derrocamiento, el cargo de presidenta constitucional. Antes había obtenido en tres ocasiones las elecciones a Gobernador del Chaco, pero sólo pudo asumir en dos periodos, por haber sido anulada su primera elección: ambos mandatos fueron truncos a causa de los sendos golpes de Estado de 1966 y 1976. En 1983, integró la formula presidencial del Justicialismo, con Italo Argentino Luder. Durante su última etapa fue Senador Nacional, en dos mandatos, e Intendente de la ciudad de Resistencia, respectivamente.

Constituye constancia histórica y documental que ningún dirigente y partido, inscriptos en el colegio electoral, firmaron el documento-testimonio elevado a la OEA. El único trazo ológrafo, además del propio Bittel, fue el de Herminio Iglesias, caudillo del distrito de Avellaneda. Ambos expusieron sus vidas, bienes y prestigio en un gesto de desprendimiento heroico y de arrojo valiente que los situó, para la posteridad, entre los protohombres de la épica liberadora suramericana, de las luchas por la emancipación nacional y de Resistencia Peronista. Ellos, ofrendaron su decisión límite y sin retorno, y quedaron expuestos a la intemperie de las circunstancias en una época signada por la desaparición prevista y previsible.

Es un acto de justicia reconocer en tal iniciativa de urgencia los antecedentes de la movilización primigenia de Madres de Plaza de Mayo (1976) y la “Carta de un escritor a la Junta Militar, de Jorge Rodolfo Walsh (24 de Marzo de 1977).

Sólo dos republicanos, sin protección alguna, enfrentaron al terrorismo de Estado y a los sicarios ejecutores de un vasto plan de expoliación, enajenación y depredación del erario y del patrimonio soberano, despojo superlativo y sustancial, al que Walsh, precisamente, denominó “la miseria organizada”, sustentados por los centros financieros del poder neoliberal, la Escuela de Panamá y el Departamento de Estado Americano. Sólo dos, argentinos y peronistas, Felipe Deolindo Bittel y Herminio Iglesias, decidieron seguir de pie ante un régimen de características irrepetibles, que mantuvo centros de detención clandestina en el territorio jurídico, constitucional y soberano de la República Argentina. Ni el Tercer Reich sostuvo campos de concentración en el ejido geográfico de Alemania.

Ya en otro siglo y en una centuria iniciada, la proyección ejemplar de su ejemplo y conducta de ética republicana y moral cívica sigue con su memoria viviente y vívida para la Nación Argentina; los pueblos de la Tercera Posición, hoy organizados en el Mercosur y la Unasur, y los pueblos del planeta que mantienen su conciencia lúcida, combativa y ecuménica por la dignidad constitucional de sus naciones y pueblos, herencias y culturas.

A 35 años de aquel magno momento crucial, podemos aseverar que existen hombres que, como las estrellas concentradas, se los distingue a la distancia con mayor claridad equidistante. Entre ellas, Deolindo Felipe Bittel pertenece a la Estrella de la América del Sur, constelación libertaria, por naturaleza y excelencia.

A manera de homenaje ofrezco el texto del documento para conocimiento y difusión en el ámbito político, académico, pedagógico, intelectual y comunitario:

El Justicialismo denuncia la violación de los derechos humanos.

I – El Justicialismo, desde 1946, representa a la gran mayoría del pueblo argentino, sin que nada ni nadie hasta la fecha haya desvirtuado esta aseveración tantas veces confirmada, como cuantas veces nuestro pueblo logró ser protagonista de la historia de la Patria a través de la consulta electoral.

II – Con esta representatividad incontestable el Justicialismo se dirige a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considerando que ella representa una instancia internacional creada por la Organización de Estados Americanos, de la que la República Argentina es miembro desde su fundación; que su visita tiene por objeto verificar la observancia, por parte del gobierno de facto, de los derechos humanos, y que la presencia de la Comisión responde a una generalizada inquietud de la comunidad internacional -de la que nuestro pueblo forma parte- que considera que el comportamiento de la autoridad militar que ejercita el mando en la República Argentina, es francamente violatorio de los derechos humanos.

III – No hemos de abundar en la descripción de nuestro movimiento político y de sus banderas. Pero cabe señalar que desde 1946, hasta la fecha, en el Justicialismo se traducen las legítimas aspiraciones espirituales y materiales del hombre argentino. Nuestro concepto de Justicia Social, la idea de una sociedad igualitaria, ha afectado y continúa afectando el privilegio. Nuestro concepto de la Independencia Económica, el manejo de nuestros recursos en función de los intereses nacionales, ha lesionado y lesiona el privilegio. Nuestro concepto de Soberanía Política, de que nadie puede subrogar al pueblo, también ha afectado y afecta al privilegio. Por todo esto, los beneficiarios de la actual situación, son y serán nuestros implacables adversarios. Y sostenemos que quienes se aferran al privilegio no encontrarán otra manera de mantenerlo sino solo mediante la violación sistemática de los derechos humanos.

IV – Los hombres del Justicialismo, los que ejercieron la primera magistratura de la Nación, los que integraron el Poder Legislativo, los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, los dirigentes políticos y sindicales, los docentes, las mujeres y la juventud, han sido el blanco de una indiscriminada represión. Y están los otros hacedores y fundamento de nuestro accionar y de nuestra historia: el obrero silencioso, el estudiante, el profesional, el empresario; en fin, los que trabajan con esperanza y creyeron y creen que la Patria es un techo generoso que puede cobijar a todos. Tal vez esta creencia sea el delito que le asignan al pueblo.

V – No podemos aceptar que la lucha contra una minoría terrorista – de la que también hemos sido víctimas- se la quiera transformar en una excusa para implantar el terrorismo del Estado. “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, decía nuestro líder, el teniente general Juan Domingo Perón. Este concepto es el que ha regido nuestro gobierno y es el que exigimos se ponga en inmediata vigencia, porque no puede haber Doctrina de la Seguridad Nacional que esté por encima de la ley que debe amparar por igual a todos los ciudadanos. Aceptar cualquier otro criterio significaría transformar a la persona humana en simple objeto de los delirios represivos de las minorías.

VI – Nosotros, hombres del Justicialismo, no hemos de permanecer impasibles, no hemos de hacer de nuestro silencio una conducta. Sentimos un imperativo, producto de nuestras convicciones y de nuestra larga y dura militancia en la causa de la Patria. En consecuencia, el dolor de una madre es nuestro dolor; el dolor de un hijo es, también, nuestro; el obrero al que le falta el pan y no permiten decir lo que le falta, se hará voz en nuestras voces. Y esto nos compromete a asumir el dolor de aquellos que padecen la cárcel, a través de “actas”, “decretos” o “bandos” en las prisiones, embajadas, domicilios y confinamientos; y de los que padecen -y son millones- este exilio interior de la represión, el silencio y el hambre.

VII – Finalmente, hacemos nuestras las palabras de Su Santidad Juan Pablo II cuando dice: “La Iglesia (…) quiere hoy continuar su misión de fe y de defensa de los derechos humanos, invitando a los cristianos a comprometerse en la construcción de un mundo más justo, humano y habitable, que no se cierra en sí mismo, sino que se abre a Dios”. Hacer ese mundo más justo significa, entre otras cosas (…) que no haya injusticia y desigualdad en la impartición de la justicia; que no haya nadie sin amparo de la ley y que la ley ampare a todos por igual; que no prevalezca la fuerza sobre la verdad y el derecho, sino la verdad y el derecho sobre la fuerza; y que no prevalezca jamás lo económico ni lo político sobre lo humano.

VIII – Por ello, el Justicialismo, DENUNCIA:

a) el encarcelamiento, vejación y confiscación de sus bienes de la señora presidente de la Nación Argentina, doña María Estela Martínez de Perón; de nuestro prestigioso dirigente gremial, don Lorenzo Miguel y de otros tantos que padecen las consecuencias de las llamadas “actas”;

b) la muerte y/o desaparición de miles de ciudadanos, lo que insólitamente se pretende justificar con la presunción de fallecimiento, que no significa otra cosa más que el reconocimiento de quienes se han atrevido o se atreven a levantar su voz y que han llevado o llevarán como “pena” desde un silencio impuesto, hasta la muerte”.