Este mes se ha iniciado con un nuevo aumento en los combustibles, la séptima suba en el año, que lleva el alza al 60% anual, desde setiembre de 2013. Está claro que el gobierno, con toda influencia sobre YPF, es uno de los principales impulsores de la inflación: un problema acuciante de la economía nacional, que en la Argentina permanece irresuelto, particularmente porque “se elige tenerlo y a la vez negarlo”, como dice Iván Werning, un joven argentino que integra la lista de los 25 economistas más brillantes del mundo.

Ahora las contradicciones del relato oficialista llegan con mayor intensidad a los impuestos. Al punto que Osvaldo Cornide, titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), a quien nadie puede tildar de opositor al gobierno, advierte que las PYMES sufren una preocupante caída en la actividad, por lo que definió como “la presión impositiva más alta y tremenda de la historia”.

Pero además la carga tributaria y el reparto de los recursos y subsidios se hace cada vez más despareja. Por ejemplo, en las tarifas eléctricas metropolitanas las subvenciones se han duplicado respecto del año pasado, porque el Tesoro nacional absorbió todo el impacto de la devaluación del peso sobre los combustibles importados que sirven a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Mientras tanto el impacto en el aumento de los combustibles se siente con más fuerza en el interior.

Por ello, creo que ya no podemos permanecer impasibles frente al nuevo aumento del precio de las naftas y el gasoil que castiga otra vez nuestro interior productivo e impacta fuertemente sobre el costo de vida.

Esta semana tengo previsto presentar en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley sobre comercialización de combustibles líquidos que obligue a establecer un precio uniforme en todo el país para cada tipo de combustible.

Para ello se deben sancionar modificaciones en las alícuotas aplicadas por la Ley 23966 sobre Impuesto a los Combustibles, prorrateando además entre todos los consumidores los costos derivados de fletes u otros conceptos que influyan en los costos de distribución y comercialización, a efectos de establecer por ley la garantía de un precio uniforme en todo el país para cada tipo de combustible.

Nuestro proyecto prevé que el Poder Ejecutivo Nacional deberá garantizar el normal suministro de combustibles a la población en todo el territorio nacional. Una Agencia Federal de Hidrocarburos podrá intervenir en el proceso de formación del precio de los hidrocarburos líquidos y establecer los sistemas de control necesarios para asegurar el abastecimiento de combustibles a los precios establecidos.

Por cierto, los desequilibrios e inequidades de esta era kirchnerista, serán recordados como el período de mayor presión impositiva de la historia argentina.

En consecuencia, adelanto mi decisión de trabajar en la elaboración de un plan nacional de contingencia, que contenga una importante rebaja y una redistribución federal de impuestos, cada vez más imprescindible para el interior y para la recuperación económica del país. En ese marco se inscribe el proyecto de ley que les he referido y que pienso impulsar con todas mis fuerzas.