Los diputados kirchneristas buscan sancionar la ley de pago local de la deuda por el conflicto con los fondos buitre. Con distintos argumentos, los bloques opositores coinciden en rechazar la propuesta.
Con la intención de aportar a la resolución del conflicto con los fondos buitre, la Cámara de Diputados de la Nación se apresta a sancionar la ley de “pago soberano” impulsada por la Casa Rosada que cambia el lugar de pago de la deuda externa.
La sesión especial comenzó a las 12.05 con la presencia 138 legisladores del Frente para la Victoria y sus aliados tradicionales, incluyendo a Ramona Pucheta y a la facción opositora del Movimiento Popular Neuquino. A ellos se sumó el “dipusindical” Facundo Moyano, ahora alineado al massismo. El resto de la oposición se sumó una vez que el oficialismo tenía garantizado el quórum.
La discusión se retrasó por un fuerte contrapunto entre diputados opositores y los trabajadores del SMATA que ocupaban las gradas del recinto. Luego, los bloques se pronunciaron sobre la autorización a las fuerzas armadas a continuar participando en la misión de “estabilización” de la ONU en Haití.
Recién a las 14.05 comenzaron las exposiciones por ley de “pago soberano”, por ahora la iniciativa más trascendente del año legislativo. Apremiado por la necesidad de sortear el bloqueo al cobro de la deuda en Nueva York impuesto por el juez Thomas Griesa y por el vencimiento de 200 millones de dólares el 30 de septiembre, el proyecto presidencial propone a Argentina o Francia como lugar de pago alternativo para los bonistas.
El Frente para la Victoria tiene garantizado los votos para sancionar la ley con votos propios y de aliados. Con distintos argumentos, la UCR, el Frente Renovador, el FAP, Unión Pro, Unidad Popular, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda anticiparon su rechazo al proyecto oficial a través de siete dictámenes alternativos. Sin embargo ninguno está en condiciones de superar a la mayoría kirchnerista.
La oposición sólo votará a favor del artículo incorporado en el Senado que prevé la creación de una comisión bicameral para investigar el origen y la evolución de la deuda, un viejo reclamo de dirigentes políticos y sociales de distintas vertientes.
El proyecto oficial obtuvo dictamen este martes en un plenario de las comisiones de Presupuesto, Finanzas y Peticiones, Poderes y Reglamento, con la presencia del ministro de Economía, Axel Kicillof; el secretario legal y técnico, Carlos Zaninni, y la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona.
La ley de pago soberano
“En ejercicio del poder soberano” del país, el primer artículo del proyecto declara de interés público la reestructuración de la deuda soberana realizada en 2005 y 2010, así como “el pago en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables al 100 por ciento de los tenedores de títulos públicos”, esto es, tanto a los bonistas que entraron a los respectivos canjes como a los holdouts que litigan contra Argentina.
El objetivo de la norma es “implementar instrumentos legales” que permitan el cobro de la deuda a todos los bonistas, ante la “ilegítima e ilegal obstrucción de los mecanismos de cobro de los fondos” depositados por el Estado argentina en el Banco de Nueva York el 26 de junio pasado, medida dispuesta por el juez Thomas Griesa. Según el Poder Ejecutivo, este bloqueo es “violatorio tanto de la soberanía e inmunidades” de Argentina “como de los derechos de terceros”, en alusión a los bonistas que se ven impedidos de cobrar esos fondos.
Por eso, el proyecto autoriza al ministro de Economía a remover al Banco de Nueva York como agente fiduciario y a reemplazarlo por Nación Fideicomisos S.A., creada para tal fin en el Banco Central de Argentina. No obstante, la propuesta reconoce el derecho de los tenedores de bonos de designar otro agente de otro país que garantice el canal de cobros, incluso Estados Unidos.
En el Senado, el oficialismo anunció que también incluirá a Francia como otra sede de pago, algo propuesto por el Frente Renovador.
Por otra parte, la iniciativa autoriza al Ministerio de Economía a “instrumentar el canje” de los títulos públicos que aún no ingresaron a las reestructuraciones de 2005 y 2010, entre los que se encuentran los fondos buitre.
En este sentido se crea una cuenta especial en Nación Fideicomisos para que el Gobierno deposite, en las fechas de vencimiento correspondientes, “una cantidad de fondos equivalentes a los que correspondería pagar por los servicios” de los títulos que se emitan en el futuro en reemplazo de aquellos que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.
Según el Poder Ejecutivo, esta cuenta especial se abre “en virtud de la buena fe de Argentina, y de su voluntad y capacidad de pago en condiciones equitativas para todos sus acreedores, según la interpretación convencional y generalmente conocida como pari passu”.
Por otra parte, el proyecto recoge un viejo reclamo al crear una comisión bicameral para investigar la evolución de la deuda externa desde el inicio de la última dictadura, en 1976.
Aunque la presidenta Cristina Kirchner ratificó que no se dejará de pagar por los créditos contraídos por gobiernos inconstitucionales por haber sido “convalidados” por el Parlamento, la bicameral podrá investigar la comisión de delitos por parte de funcionarios públicos.
