La legisladora porteña del Frente para la Victoria (FpV) María Rosa Muiños, presentó un proyecto de ley para que la Legislatura acepte la transferencia de competencias penales con el objetivo de que el Poder Judicial local investigue y juzgue veintisiete delitos y contravenciones cometidos dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los que se destacan la comercialización y el suministro de drogas, los actos de corrupción y de discriminación.

“Si se aprueba este proyecto de ley, los 31 jueces y 40 fiscales que conforman la Justicia penal local investigarán, por ejemplo, a los inspectores que habilitan lugares que no reúnen las condiciones de seguridad mínimas; o a los funcionarios imputados por malversación de caudales públicos que provocan la pérdida de recursos cuyo destino podría ser la construcción de viviendas, hospitales o escuelas. Es lógico que sean nuestros jueces y magistrados los que investiguen y juzguen estas conductas”, sostuvo Muiños.

Y agregó que “no podemos esperar más tiempo para concretar este traspaso porque la Ciudad cuenta con una Justicia moderna, con códigos ágiles y con recursos humanos capacitados para investigar, juzgar y condenar a los funcionarios corruptos y a los distribuidores que venden drogas a nuestros hijos en las puertas de los colegios”.

Sobre este último punto, la legisladora del FpV aclaró, por un lado, que “la organización de actividades destinadas al tráfico de drogas queda en la esfera de la Justicia Federal”; y, por otro, que “el Estado debe trabajar para combatir a los narcotraficantes, pero también garantizar la prevención de las adicciones a través de la inclusión social, con más trabajo y más educación; y controlar que en los lugares de atención se respeten los derechos humanos y se provea el correcto tratamiento a las personas que padecen este flagelo”.

Por otro lado, en los fundamentos del proyecto, Muiños propone que la transferencia de competencias se realice en tres etapas, “de acuerdo al nivel de complejidad de las mismas para adecuar los cuerpos investigativos”.

Por tal motivo, la legisladora kirchnerista informa que “se transferirán de forma inmediata, una vez promulgada la ley, los delitos contra la administración pública ocurridos exclusivamente en el ámbito de la Ciudad, cuando sean cometidos por sus funcionarios públicos, o contra ellos, y que atenten contra el funcionamiento de sus poderes públicos u ocurran en el marco de un proceso judicial que se tramite ante los tribunales locales”.

A esta primera etapa, se suman “la tenencia, portación y provisión de armas de guerra de uso civil condicional; la violación de domicilio; la penalización de actos discriminatorios; los delitos y contravenciones en el deporte y en espectáculos deportivos; e incendio y otros estragos siempre que el hecho sea cometido por un funcionario público o agente de la autoridad de la CABA”, enumera Muiños.

Y describe “a los nueve meses de aprobada la norma, se realizará el traspaso de los delitos contra la fe pública, los delitos de los funcionarios públicos contra la libertad individual; delitos contra la libertad de trabajo y asociación; estafa procesal y estafa; y delitos contra la seguridad del tránsito y del transporte. Finalmente, a los dieciocho meses de entrada en vigencia de la ley, se transferirán delitos como lesiones, estupefacientes y suministro infiel de medicamentos”.