En 2005 y 2010 se realizaron dos canjes de deuda en los cuales ingresó el 93% de los bonistas. El 7% restante está en manos de los llamados “fondos buitres”. El proceso judicial en los EEUU comenzó hace casi dos años, finalizando con la sentencia del juez Griesa de hace unas semanas. Me pregunto: ¿por qué hubo que esperar hasta ahora para tomar la decisión de cambiar la jurisdicción del pago de la deuda, cuando ya en octubre de 2012 los funcionarios de este gobierno decían que el Estado argentino no pagaría a los “fondos buitres”? ¿Por qué tanta improvisación y premura en el envío del proyecto de ley para cambiar el lugar de pago de la deuda en manos del 93% de los bonistas? Si el gobierno, como dijo la presidente, suponía que el juez Griesa iba a fallar como lo hizo, ¿por qué no anticiparse y presentar este proyecto antes que la “sangre llegara al río”?

Voy a dejar mi posición clara y lo voy a decir de manera contundente: las deudas hay que pagarlas, siempre. Es fundamental hacerlo para mantener activo el crédito público y para no perder la reputación que se merece la patria. Pero no hay que pagar cualquier deuda, solamente aquella que es legítima, no la ilegítima. El juez Ballesteros, en junio de 2000, confirmó en un fallo que había 497 operaciones de deuda que no eran legítimas, contraídas principalmente durante la última dictadura militar.

El senador Rodríguez Saá, cuando asumió la presidencia de la Nación, afirmó: “No se puede obligar a pagar una deuda fruto de una estafa, de un hecho ilícito o ilegal”. Acto seguido, suspendió el pago de la deuda pública para que el Congreso evaluara cuál era la deuda externa legítima y cuál la ilegítima. Lamentablemente esa idea no fue llevada a cabo por los gobiernos que lo sucedieron y toda la deuda, tanto la legítima como la ilegítima, fue incorporada a los canjes de 2005 y 2010.

El artículo 75 de la Constitución Nacional afirma que una de las atribuciones del Congreso es “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”. Es fundamental que el Congreso Nacional discuta, entonces, qué porción de la totalidad de la deuda es legítima y qué porción es ilegítima. No hay que entregarse de pies y manos a lo que determine el Poder Ejecutivo en materia de deuda pública. Los diputados nos debemos al pueblo y la Carta Magna así lo determina.

Somos los legisladores nacionales, y no el Poder Ejecutivo, quienes tenemos que decidir respecto de la naturaleza de la deuda interna y externa, qué hay que pagar, a quién, y cómo debe hacerse. Esta es nuestra oportunidad para asumir las funciones que nos corresponden en materia de deuda pública y honrar nuestro compromiso con quienes nos han elegido, por tal motivo los diputados que conformamos el bloque de Compromiso Federal seguiremos la misma postura que han adoptado los senadores Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso en relación a este tema. Esperemos ahora que la mayoría oficialista no decida desconocer sus obligaciones con la sociedad.