En una sesión especial convocada para las 11.45, el oficialismo intentará aprobar las tres iniciativas del Poder Ejecutivo. La norma para que el Gobierno intervenga en la formación de precios y aplique multas a empresas no cuenta con apoyo de la oposición.
En una nueva jornada maratónica, el Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados buscará sancionar la nueva Ley de Abastecimiento y los proyectos para crear un fuero de consumidores y un observatorio de precios, que obtuvieron dictamen favorable este martes.
La sesión especial fue convocada para las 11.45 y, según estimaciones oficiales, el debate podría durar hasta 24 horas –el antecedente más reciente fue la discusión por la resolución 125, que se extendió 19 horas ininterrumpidas en Diputados-.
El oficialismo contaría con el apoyo de la oposición sólo para el proyecto que crea un nuevo fuero judicial destinado a los reclamos de los consumidores.
Al igual que en el Senado, los bloques opositores rechazan de plano la nueva Ley de Abastecimiento, que habilita al Ejecutivo a controlar el proceso de formación de precios y aplicar multas a empresas.
Además, también objetan el proyecto para crear un observatorio que releve y monitoree los precios.
De todos modos, el kirchnerismo tiene garantizada la sanción de los tres proyectos, con una mayoría de al menos 134 diputados, entre propios y aliados.
El proyecto de ley de abastecimiento
El proyecto de “Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo” actualiza las penas previstas en la Ley de Abastecimiento de 1974, con el objetivo de atender la cuestión de los precios, que incluye la inflación y ciertos abusos sobre los consumidores.
En este sentido, la propuesta habilita al Poder Ejecutivo a establecer márgenes de utilidad y precios de referencia para cualquier etapa del proceso económico.
Además, permite aplicar sanciones a quienes remarquen artificial o injustificadamente los precios de una forma que no sea proporcional a los aumentos de los costos; o a quienes acaparen mercadería, se nieguen a la venta de productos, afecten el normal abastecimiento de una mercadería, o no entreguen facturas.
El Ejecutivo también podría dictar normas que rijan los procesos de comercialización, intermediación, distribución o producción, y disponer la continuidad de estas etapas dentro de los niveles o cuotas mínimas que establezca.
Las multas podrían llegar a los 10 millones de pesos, y también se podría dictar la clausura por 90 días o la inhabilitación por dos años, aunque para ello la autoridad de aplicación deberá requerir previamente una autorización judicial, de acuerdo a un cambio que aceptó el Ejecutivo.
Durante el debate en comisión, el oficialismo también accedió a eliminar las clausuras definitivas y excluir a las micro, pequeñas y medianas empresas de esta nueva regulación, “siempre que no detecten posición dominante”.
Pero además, la autoridad de aplicación original -la Secretaría de Comercio- no figurará directamente en el texto legal, sino se ordenará al Poder Ejecutivo a que la designe.
Nuevo fuero destinado a los consumidores
La iniciativa crea en el ámbito del Poder Judicial el servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), donde los usuarios y consumidores podrán presentar sus reclamos de forma gratuita, y éstos deberían ser solucionados en un plazo de 30 días.
Los usuarios y consumidores podrán presentar reclamos cuyo monto no exceda un valor equivalente a 55 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, a través de un formulario que será determinado en la reglamentación. Además, las empresas que no se presenten a esa conciliación quedarán sujetas a multas.
Si no se llega a un acuerdo, se podría accionar ante la Auditoría de Relaciones de Consumo, primero, y la Cámara Federal y Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo o ante la Cámara Federal de Apelaciones correspondiente.
En esos dos ámbitos, las audiencias serán públicas y orales, y el auditor o juez resolverá el caso en ese mismo momento. La decisión del auditor podrá apelarse en la instancia siguiente. En la Cámara de Apelaciones, todo el proceso no podrá durar más de 60 días.
Observatorio de precios
Esta entidad se encargaría del monitoreo, relevamiento y sistematización de los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en Argentina.
El nuevo ente podrá requerir toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico; e informes a organismos públicos o privados.
