La diputada nacional Patricia Bullrich comenzó su discurso opinando sobre el Estado. Aclaró que, a su juicio, “no todo Estado es bueno”, y comparó el “democrático” con el “autoritario”. Contrapuso a su vez “un Estado ilimitado versus el Estado limitado democrático, con capacidad de darle a un ciudadano autonomía y decisión”.

Tras esa referencia, advirtió sobre la idea de “un Estado vigilador” y cuestionó en ese sentido la creación de un Observatorio, puntualizando que “seremos testigos de la creación de un (Guillermo) Moreno institucionalizado llamado Observatorio”.

“Esta escala de control es tan monumental que desvirtúa el control democrático y la división de poderes y lo convierte en amenaza permanente, es decir en incertidumbre y miedo”, sostuvo.

Criticó a la CAME y a la CGE, cuyos representantes festejaron lo que a su juicio es “no estar vigilados por la mano disciplinaria del Estado. Y el oficialismo festejaba con ellos. Es decir, su alegría devenía en sacarse al observatorio y a la ley de abastecimiento de encima y estar regidos por la mano invisible del mercado”.

“Lo que Conti llamó el lado Liberal de la Constitución, plantea una lógica contraria a lo que dicen que es el espíritu de la ley”, precisó.

Al referirse a la ley de abastecimiento, sostuvo que “no es una ley que hable de las relaciones entre producción y consumo. Es una ley en la que existe un solo actor con capacidad de decidir, la autoridad de aplicación”.

Para Bullrich, la norma contiene una delegación de facultades “de sesgo totalitario”, y cuestionó que se pida confianza “en un funcionario que decidirá por los empresarios, por los comerciantes, por las industrias, por los productores agropecuarios y dejemos que sus empresas, sus campos, sus inventos, sus creaciones, sus patentes dependan de una acción política y no de un acto jurídico. Lo dijo Costa ayer y lo vimos durante una década, con un funcionario patotero, que a punta de pistola inventó 7 planes de precios cuidados y término con una inflación del 40 % y destruyendo el INDEC”.

“El secretario de Comercio se convierte en legislador, ejecutivo y juez y dispone sobre la vida, subsistencia o muerte de una industria, de un comercio, o de un servicio”, comentó y puso como antecedente la expropiación de Ciccone, “acción política convertida en ley para tapar un hecho de corrupción investigado por la justicia que involucra al vicepresidente de la Nación”. Preguntó entonces “por qué no expropiar la tierra comprada por la Presidente de la nación a precio vil? ¿Por qué se deja de lado el Tribunal de la Competencia, porque nunca lo integraron?”.

Para Bullrich, “lo que importa desentrañar de este proyecto es lo que pretende esconder. Lo que debería discutirse en este recinto es el fracaso de once años de gobierno kirchnerista, once años de distorsiones económicas, once años de mentiras del INDEC.

No me prestaré, como nunca lo he hecho, a traicionar los principios y valores para votar leyes que violan los derechos constitucionales del pueblo argentino. No avalaré a un poder que primero avanzó sobre los derechos de propiedad de los jubilados y se apropió de sus fondos de capitalización, luego puso su mira en YPF, confiscó parte de la empresa a sus dueños para luego negociar millonarias indemnizaciones y que la semana pasada logró en esta Cámara convertir en ley el suicidio del crédito internacional”.

Con relación al proyecto que viene a legislar sobre las relaciones de consumo, dijo que “enérgicamente el ministro de Economía ha ilustrado mediante experiencias personales la necesidad de proteger a los consumidores de los posibles abusos a los que están expuestos. OK, compartimos la inquietud, pero de ninguna manera creemos que atentar el federalismo y la autonomía de la ciudad de Buenos Aires sea la forma. El Ejecutivo pretende generar un federalismo invertido, y es en mi carácter de Diputada por la Ciudad que tengo que defender la autonomía, señores este proyecto es absolutamente irracional, es unitario”.

“Para proteger a los consumidores van a modificar la división de poderes del sistema republicano que consagra nuestra Constitución Nacional, y en especial las incumbencias de la Ley de Ministerios. La creación de un sistema de conciliación es similar al ya existente que depende del Ministerio de Justicia”, señaló sobre el final, para concluir diciendo que “al primero al que vamos a tener que aplicarle la ley es al ministro de Economía, desde que se instauraron los denominados Precios Cuidados, un aumento de más del 60%”.