La izquierda en Diputados criticó en duros términos las propuestas del Ejecutivo, a través de sus representantes, Néstor Pitrola, Nicolás del Caño y Pablo López.

Pitrola sostuvo que “la ley de Abastecimiento, mientras el dólar paralelo trepa a las nubes, es la mayor ficción del kirchnerismo”, y se preguntó si la norma será aplicada al CEO de YPF, Miguel Galuccio, “que aumenta 60% los combustibles en un año”, o a Juan Carlos Fábrega “que lleva las tasas de interés pasivas al 30%”.

O al ministro de Economía, Axel Kicillof, “responsable de la devaluación monetaria de enero y de la que se prepara mediante la enorme desorganización económica actual”.

“Todo plan antiinflacionario tiene que partir de un salario equivalente a la canasta familiar y un aumento de emergencia a los jubilados, de repartir las horas de trabajo sin afectar los salarios para terminar con los despidos, del control del comercio exterior y una banca pública única, en función de un plan económico de los trabajadores”, finalizó Pitrola.

A su turno, Nicolás del Caño adelantó que los diputados del Frente de Izquierda votarían en contra de la Ley de Abastecimiento. “Los miembros de la Sociedad Rural y de los principales grupos capitalistas que operan en el país pueden dormir tranquilos, ya que esta ley no cuestiona la propiedad de los cuatro mil terratenientes que detentan la mitad de las tierras productivas del país, ni que el 70 % de las quinientas principales empresas sean multinacionales, sino que les garantiza rentabilidad y hasta subsidios estatales si se declaran en crisis”, declaró el diputado por Mendoza. Y agregó que “el que benefició a la Rural y a las exportadoras fue el propio kirchnerismo, y la prueba está en las hiperganancias que este sector obtuvo en la última década”.

También los diputados de izquierda anticiparon su voto en contra de la creación del Observatorio de Precios. En cuanto a la ley que crea un fuero judicial para los consumidores, Del Caño informó que presentó una disidencia cuestionando importantes artículos del proyecto, como los que impiden las acciones colectivas, los que imponen los montos máximos para iniciar acciones legales contra las empresas y el que dispone el rol del Poder Ejecutivo con potestad para homologar los acuerdos celebrados entre los consumidores y las empresas, “siendo que el propio Estado no puede ser juez y parte en los litigios contra las empresas de servicios públicos”.

A su turno, el salteño Pablo López dijo que “los lobbys empresarios tienen en esta reforma una gran cantidad de concesiones. Se ha eliminado la facultad del estado de prohibir exportaciones e importaciones, las penas de arresto o cárcel para los especuladores, la posibilidad de intervenir la producción o declarar de utilidad pública las industrias que especulan o cierran y despiden, como Paty o Emfer. Todo esto lo anunció ayer el ministro Kicillof en el plenario de comisiones, casi como un mensaje para que los grupos monopólicos se queden tranquilos”.

“Acá no estamos frente a un gobierno que defiende a los consumidores. ¿Quién aplicó acaso el brutal tarifazo del gas que afecta una parte importante de los trabajadores del país y de mi provincia en particular? ¿Qué medida tomaron contra los monopolios petroleros que vaciaron los yacimientos del norte para invertir en Bolivia y vendernos el gas más caro? ¿Defiende a los consumidores un Gobierno que subsidió con ciento de millones a los responsables de la masacre de Once? Hay que sacarse la careta”.