Fue aprobada en el Senado una norma que busca evitar que se produzcan hechos delictivos a través de extorsiones telefónicas que obligan a las víctimas a entregar dinero.
El Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de los senadores José María Roldán y Silvina García Larraburu sobre identificación de llamadas entrantes. La aprobación de la Cámara alta tiene como base las dos iniciativas de los senadores, que fueron consensuadas y trabajadas hasta lograr un único dictamen.
El propósito de la norma se orienta a que los servicios de comunicaciones, tanto de celular como fija, tengan la obligatoriedad de establecer un sistema tecnológico para que el número del dispositivo emisor siempre sea identificado por el dispositivo receptor.
El proyecto de García Larraburu, que ya había sido impulsado en su mandato ante la Cámara baja de la Nación -y en esta instancia en el Senado- , apunta a evitar que se produzcan hechos delictivos a través de extorsiones telefónicas que obligan a las víctimas a entregar dinero. Al respecto, la rionegrina hizo hincapié en la situación de su provincia: “Ya es habitual recibir denuncias de los ciudadanos que sufren situaciones extorsivas y secuestros virtuales por medio de llamados provenientes de números desconocidos o privados, que por lo general suceden a altas horas de la madrugada”.
Ante esta problemática, la parlamentaria recopiló distintas secuencias de casos y evaluó los mecanismos básicos para disuadir estos delitos. “La normativa busca ponerle freno a este modus operandi, los delincuentes no podrán resguardarse en el anonimato”, explicó.
La iniciativa de identificación de llamadas entrantes en telefonía, permite bloquear el número desde el cual se producen las llamadas, y es a través de la mejora en la tecnología comunicacional que se resguardará a los usuarios del anonimato. Asimismo subrayó la importancia de legislar para brindar soluciones a estas problemáticas cotidianas que “cuando se trata de nuevas estrategias, suelen estar totalmente desreguladas”.
El proyecto de García Larraburu propone que los costos demandados para el cumplimiento de la legislación sean a cargo de los prestadores de servicio de telefonía y posiciona a la Comisión Nacional de Comunicaciones como el organismo responsable de sancionar los incumplimientos por parte de las empresas. Finalmente sintetizó: “Debemos poner la mirada en el futuro y contribuir a disminuir secuestros virtuales u otros delitos, de manera íntegra y eficaz”.
