Por Alberto Asseff. El diputado del Frente Renovador habla de un concepto acuñado por la ONU en 1983 que amerita ser reflexionado en nuestro país, tan inseguro y tan indefenso.
No intentes poner recta la sombra del árbol torcido.
Parece útil consignar algunas definiciones previas. La “mano” ante la inseguridad no debe ser ni dura ni benigna, sino justa y legal. Más que nuevas leyes – que siempre son perfeccionables – necesitamos actitud, voluntad y profesionalismo. Tanto en jueces, policías, burócratas diversos y por supuesto autoridades y políticos. Precisamente, el país reclama que las leyes se cumplan porque el desajuste entre su letra y la realidad es literalmente bochornoso. El orden lo debe reponer la política, no los militares o la policía. El problema agudo que nos aqueja es la fragilidad institucional. Por sus grietas traspone el creciente desorden. Los militares suelen ser asociados al orden, pero la experiencia nos indica irrefutablemente que si trastrocan su rol lo probado es que generan desquicios inenarrables, incluyendo la quiebra de la paz social. Es que el orden es obra de la política, de la de buen cuño. Correlativamente, el desorden es el resultado ineluctable de la mala política.
Nuestras patologías son toda de raíz política y sólo una buena política podrá curarlas, en una faena tan paciente como compleja porque se trata de mutar nada menos que la matriz cultural facilista, acomodaticia y frívola. Esto tiene que trocar por esfuerzo, compromiso y decisión. La buena política es mucha responsabilidad y no sistemáticamente endilgar los fracasos a los otros, sean de adentro o de afuera. Asimismo, la buena política exige mucha interiorización y estudio, a 180º de la ligereza e improvisación con la que se encaran nuestros asuntos colectivos en estos tiempos.
Cualquier solución en las variopintas cuestiones que nos problematizan exige planes de mediano y largo plazo, pensados con consenso y ejecutados con permanente diálogo.
Estamos convencidos que el diálogo tiene la apariencia de cosa sencilla, pero es harto difícil plasmarlo porque implica humildad y ésta brilla por su gran ausencia en el “estrellato” dirigente argentino.
Luego de este introito, vale adentrarse en la “seguridad ampliada”. Nuestra Constitución fija como uno de los objetivos programáticos de la Nación “proveer a la defensa común”. Nuestra ley vigente erige una muralla disociadora entre seguridad interior y defensa exterior. Sin embargo, los peores delitos y las más graves amenazas perforan ese muro con enorme facilidad.
Terrorismo, crimen organizado transnacional, narcotráfico, redes de corrupción y lavado de dinero sucio, comercio de armas (incluyendo las de destrucción masiva), trata de personas, mercado de órganos, enfermedades endémicas y epidemias, vulnerabilidad cibernética, accidentes marítimos en ocasión de transporte de materiales sensibles (incluyendo nucleares) no son nítidamente separables. Se imbrican en el interior, proviniendo del exterior. La seguridad y la defensa son distintas, pero están vinculadas. La pobreza es también una inmensurable amenaza que se origina en causas endógenas, combinada con exógenas. Sería largo analizar esta imbricación.
Nosotros tenemos, por caso, 18 servicios de inteligencia y una “comunidad informativa” que funciona más como áreas estancas que coordinadamente. Para colmo, se los usa cual feudos y no para tributar a nuestra seguridad. Ante la proliferación de actores, que ya ni siquiera son Estados, la respuesta defensiva – que es para afirmar la paz y brindar seguridad a los ciudadanos –debe concertarse. En 1983 la Asamblea de la ONU aseveró que seguridad y defensa tienen zonas sobrepuestas que las hacen indivisibles. La globalización del crimen requiere una defensa integrada.
Lo antedicho significa que las patrullas callejeras y los monitoreos en tiempo real para prevenir/reprimir el delito le pertenecen a los agentes y vehículos policiales, no a las tanquetas militares. Empero, la coordinación entre Seguridad y Defensa es de una necesidad inocultable si es que aspiramos a darle tranquilidad a los habitantes y protección a la Nación.
Afortunadamente, hoy se puede reflexionar sobre estos asuntos porque concluyente y definitivamente las fuerzas armadas son un órgano de y al servicio de la Constitución. Ya no son una amenaza para el orden legal. Consecuentemente, además de reequiparlas y tecnologizarlas –excusas por el neologismo -, debemos precisar su funcionalidad como parte indisoluble de la seguridad, sin perjuicio de su papel principal como brazo de la Defensa Nacional.
Empezamos con definiciones, terminemos con otras dos. La defensa nacional es mucho más que un asunto militar y si deseamos tener una sombra recta, deberemos inexorablemente enderezar lo torcido. Que en nuestro país es tan abundante como sus recursos desaprovechados.
