Un proyecto de autoría de la legisladora María Rachid (FpV) establece la intangibilidad de las partidas presupuestarias destinadas a las áreas sociales, servicios sociales y prestaciones de las políticas sociales de la Ciudad de Buenos Aires.
A pocos días de la presentación del proyecto de ley del presupuesto 2015 de la Ciudad de Buenos Aires, la legisladora del Frente para la Victoria María Rachid, presentó un proyecto que busca la “prohibición de subejecución en servicios socialescomo promoción y acción social, trabajo, educación, salud, vivienda, agua potable y alcantarillado. También, alcanzarían la ejecución de cada programa de los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social”.
Asimismo, establece consecuencias en el caso de que la ejecución de tales áreas sea inferior al 95%de las partidas presupuestarias, de gastos corrientes y de capital, destinadas a las áreas sociales. Asimismo, prohíbe la realización de modificaciones, reafectaciones y/o restructuraciones presupuestarias de tales partidas, cuando éstas impliquen reducciones
“Cabe aclarar que prohíbe la realización de modificaciones, reafectaciones y/o restructuraciones presupuestarias de tales partidas, cuando éstas impliquen reducciones. Sin embargo, permite modificaciones que redunden en incrementos presupuestarios para estas áreas respetando el principio de progresividad que establece la Constitución local”, fundamentó la legisladora en el proyecto.
En este marco regulatorio, las partidas alcanzadas serán todas las aquellas que se destinen directa o indirectamente al cumplimiento de lo previsto en la Ley N° 4.036 – Ley deProtección Integral de los Derechos Sociales.
El objetivo del proyecto sería establecer genéricamente el principio de proporcionalidad entre el gasto presupuestario y el acceso a los Derechos Sociales, conforme lo establece expresamente la Constitución en los artículos 17, 20, 21, 25, 31, 39, 53 y 56.
En los fundamentos del proyecto, la legisladora María Rachid expresó al respecto que “no sólo es prioritario el gasto en salud psico-física sino todos los gastos necesarios para garantizar la salud integral, comprendiendo ésta las necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente”.
Por último, se sugieren unas modificaciones a la Ley N° 70 para facilitar el monitoreo en la ejecución del presupuesto. Una de las modificaciones incluye la fijación de un plazo y de la obligatoriedad de enviar la programación la ejecución física y financiera de los presupuestos que todas las jurisdicciones y entidades deben realizar, conforme el artículo 61 de la citada Ley.
Una de las modificaciones importantes es que la misma facilitaría la rendición de cuentas, que ya está establecida en el artículo 67 de la norma, el cual establece que el Poder Ejecutivo informará a la Legislatura en forma trimestral y homogénea, dentro de los treinta (30) días hábiles a contar desde la fecha de finalización del trimestre, respecto de la ejecución presupuestaria, con el mayor nivel de desagregación que incluya la ejecución financiera por programa compatible con la presentación del proyecto de presupuesto. La propuesta consiste en la obligación de asistir a la Legislatura el funcionario que incumpla con las prohibiciones de subejecución o alteración del presupuesto.
“Las áreas sociales son las que, por convicción personal o por mandato constitucional, se encuentran orientadas a solucionar los problemas más graves y acuciantes que padecen las personas que habitan o transitan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, argumentó la autora del mismo.
Finalmente, expresó que “la selectividad en la subejecución de partidas presupuestarias parece postergar a los sectores más vulnerados. Paradójicamente, se termina realizando de manera diametralmente opuesta el mandato constitucional”.
