Los bloques de senadores y diputados de la Unión Cívica Radical y el Observatorio de Derechos Humanos y Género, junto a ciudadanos de todos los sectores, firmaron una declaración que manifiesta la “imperiosa necesidad” de aprobar una ley nacional de acceso a la información pública en la República Argentina.

“Nuestro país cuenta con una regulación insuficiente que no garantiza el pleno ejercicio del derecho a la información pública en el Estado. En el marco del Día Mundial del Saber que se celebra el 28 de septiembre, hemos resuelto realizar un llamado a la sociedad para la urgente sanción de esta ley. Llevamos adelante la convocatoria a nivel nacional a través de https://www.change.org/p/diputados-y-senadores-nacionales-sancionar-la-ley-de-acceso-a-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica?javascript=false que al día de hoy cuenta con más de 1000 firmas”, expresa la declaración.

El “Día Mundial del Saber” (reconocido también como el “Día Internacional de Acceso a la Información”) crea conciencia sobre el ejercicio del derecho de buscar, solicitar y obtener información sobre las actividades gubernamentales. Fue celebrado por primera vez en el 2003 por activistas del acceso a la información en Europa y hoy en día se celebra en todo el mundo por ONGs, comisionados de información, funcionarios públicos, defensores del pueblo y organismos multilaterales de todo el mundo.

Actualmente más de 90 países cuentan con leyes de acceso a la información. En la región, sólo Venezuela, Bolivia, Cuba y Costa Rica acompañan a nuestro país en la categoría de los que no tienen leyes que garanticen este derecho.

La declaración puntualiza que “en casi todos los países de Latinoamérica, contar con una ley nacional de acceso a la información, también les permite contar con un diseño institucional adecuado para toda la administración del Estado. Principalmente ordena los procesos para la oferta, la demanda y la producción de información, así como cuenta plazos efectivos y sanciones. Argentina está en el debe para el ejercicio de este derecho fundamental, que admite el acceso a otros derechos, así como garantiza la transparencia gubernamental y lucha contra la corrupción”.

“El radicalismo ha defendido históricamente los derechos humanos en todas sus dimensiones. La demanda de garantías de integridad del ejercicio del derecho al voto, el esclarecimiento y el juicio a los responsables de delitos contra la humanidad son hitos de la historia de nuestro partido que hoy nos exige reivindicar el derecho humano del acceso a la información pública”, puntualizan los radicales.