El Colegio de Escribanos decidió apoyar desde un principio la reforma y acompañó el proceso en todas sus etapas. Así, durante el desarrollo del anteproyecto realizó los aportes jurídicos que consideró convenientes a la comisión redactora. Luego, una vez que el Poder Ejecutivo elevó el proyecto al Congreso, el Colegio colaboró con la etapa de revisión encarada por la Comisión Bicameral, a través de la participación de sus representantes en las audiencias públicas y la presentación de ponencias escritas. Finalmente, en noviembre de 2013 el Senado dio media sanción al proyecto, incluyendo una serie de modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo.

Sobre esta última versión sancionada por el Senado, el Colegio de Escribanos enfocó sus mayores esfuerzos y formó una comisión de escribanos especialistas en cada una de las materias observadas para elaborar el informe destinado a los diputados.

Los puntos más destacables de estas observaciones y que podrían resultar de mayor interés para la ciudadanía son los siguientes:

Donaciones de inmuebles: la interpretación de este contrato que han hecho los jueces desde hace más de un siglo sobre la base de la legislación vigente distingue dos casos: 1) las donaciones que los padres hacen a sus hijos y 2) las donaciones que alguien hace un tercero. De las primeras resultan títulos perfectos. En cambio, de las segundas el título puede resultar observable hasta que hayan transcurrido 10 años desde que murió la persona que donó. Esta interpretación ha permitido que la donación de padres a hijos fuera una modalidad muy frecuente en las familias argentinas, porque los padres la ven como un modo de preservar el patrimonio que han forjado con el esfuerzo de toda una vida de trabajo.

Sin embargo, el proyecto que aprobó el Senado iguala ambos tipos de donaciones. El resultado será que cualquier donación de inmuebles resultará observable por el plazo de 10 años desde que se otorgó y, como consecuencia de ello, los inmuebles que alguien haya recibido como donación de sus padres quedarán fuera del tráfico inmobiliario por mucho tiempo.

Por estos motivos, el informe del Colegio sugiere que se tenga en cuenta esta situación y se mantenga la distinción, y que, en caso de decidirse no hacerlo, se dicte al menos una norma transitoria que establezca que no serán observables las donaciones de padres a hijos, realizadas bajo la ley actualmente vigente. Obligaciones contraídas en moneda extranjera: En este tema el Anteproyecto de la Comisión respetaba el actual régimen del Código Civil el que posibilita la contratación tanto en moneda nacional como extranjera por asimilar ambas. La reforma introducida por el Poder Ejecutivo e incluida en el proyecto que tiene media sanción presenta una contradicción entre el texto de los artículos 765 y el 766. El primero establece que si se estipuló entregar moneda extranjera la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal; es decir, quien debe pagar podría desconocer el pacto de entregar monedad extranjera y reemplazarla por la entrega de dinero argentino. A continuación el art. 766 establece que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. La contradicción es evidente. El tema asume extraordinaria gravedad en un contexto en el que es habitual la contratación en moneda extranjera como medio de prevenirse del fenómeno inflacionario. Entendemos que la redacción incluida en el Proyecto producirá, sin duda, una paralización de la contratación con consecuencias económicas imprevisibles.

Incapacidad para contratar entre cónyuges: el Proyecto prohíbe que los cónyuges celebren entre sí cualquier tipo de contrato si están casados bajo el régimen de comunidad de bienes (debe recordarse que el Proyecto les permite a los matrimonios optar entre el régimen de ganancialidad y el de separación de bienes). Esta prohibición sólo tiene fundamento cuando se trata de contratos que implican el paso de bienes de un esposo a otro, tales como la compraventa, la permuta, la cesión de derechos, etc.; este es el régimen hoy vigente. Prohibir todo tipo de contrato resulta excesivo, ya que no permitiría, por ejemplo, que una persona se desempeñara como mandataria de su cónyuge.

Sociedad unipersonal: el proyecto introduce la figura de la sociedad unipersonal, vigente hoy en muchos países del mundo. Es decir, permite que una persona constituya una sociedad para desarrollar una actividad comercial sin la necesidad de asociarse con otra. Así, limita su responsabilidad al patrimonio que afecta a ese negocio. Este recurso podría ser muy usado por pequeños comerciantes o industriales, quienes, de este modo, no se verán obligados a buscar socios simulados para desarrollar su actividad. Sin embargo, el proyecto limita la utilización de la sociedad unipersonal a las sociedades anónimas. Esto hará que sólo las grandes corporaciones utilicen la figura y queden, de este modo, excluidas de esta utilidad las pequeñas y medianas empresas.