Diputados de distintos bloques reclamaron el tratamiento del proyecto para despenalizar el aborto en el marco de una campaña nacional. La oposición cargó contra el artículo 19 del nuevo Código Civil pero el kirchnerismo lo defendió.
En el marco del Día por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, diputados nacionales de distinto color político reclamaron el tratamiento del proyecto de ley presentado en 2007 y renovaron su compromiso para sumar adhesiones en el Congreso.
Fue a través de una conferencia de prensa convocada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en una carpa blanca instalada frente al Palacio Legislativo. El acto dio inicio a una cruzada en todo el país, con foros de debate para discutir “argumentos más sólidos” en torno a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Allí también se anunció un pedido a la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, que preside Patricia Bullrich (Unión Pro), para que comience a tratar la iniciativa.
La primera en tomar la palabra fue la diputada kirchnerista Adela Segarra, quien encabeza las firmas de adhesión al proyecto. “Esta es una asignatura pendiente de la democracia y del Congreso”, afirmó la marplatense e insistió en el tema tiene dos aristas: los abortos clandestinos son la primera causa de mortalidad materna en nuestro país y la legislación actual viola el derecho de las mujeres de “decidir sobre su cuerpo”.
Diputados de otros partidos se manifestaron en el mismo sentido. “Las mujeres no tiene derecho a decidir sus planes de vida. Esta legislación provoca muerte”, manifestó indignado el radical Manuel Garrido. Más duro, el mendocino Nicolás del Caño (PTS-FIT) aseguró que “el Estado nacional es el principal femicida porque hay una muerte cada tres días por aborto clandestino”.
A poco del nacimiento de su hija, Victoria Donda (Libres del Sur) cargó contra los “hipócritas” que están en contra de la IVE pero pagan abortos clandestinos y remató: “Nuestro cuerpo es nuestro y nadie a atar nuestros ovarios a una ley”.
La legislación actual “termina validado un mercado millonario y clandestino”, aportó Claudio Lozano (Unidad Popular) y advirtió que “con solo un guiño del Poder Ejecutivo, (el proyecto) ya sería ley”.
Otros legisladores ampliaron sus reclamos. La socialista Alicia Ciciliani pidió “luchar día a día para que los hospitales” de todas las provincias cumplan con los protocolos para abortos no punibles (por casos de violación o cuando esté riesgo la vida de la madre)”. Y Carla Carrizo (Suma+ UNEN) advirtió que más allá de los ocho distritos que todavía no tiene protocolos, otros, como la Capital Federal, tienen procedimientos “restrictivos”.
Polémica por el nuevo Código
No pasó desapercibido la polémica por el nuevo Código Civil y Comercial, cuyo artículo 19 establecerá que “la existencia de la persona humana comienza con la concepción” en el vientre de la madre, algo que para algunos restringe el derecho al aborto y a los procesos de fertilización asistida.
“El Código bloquea el derecho al aborto y complica la legislación conquistada de fertilización asistida”, alertó Néstor Pitrola (PO). Acto seguido, la exdiputada Silvia Augsburger (PS), que coordinó la conferencia de prensa, ratificó que la Campaña “expresó su rechazo por el artículo 19” de la nueva legislación civil.
Pero el oficialismo no quiso quedarse callado y recogió el guante. Diana Conti, titular de la comisión bicameral que encabezó el debate del código, sostuvo que el artículo 19 debe interpretarse junto a otros artículos -como el 20, el 561 y el 588, entre otros- que aseguró garantizan las técnicas de reproducción asistida. “Esto no interfiere en la despenalización del aborto”, agregó con énfasis.
También participaron de la conferencia de prensa los diputados Mara Brawer, María del Carmen Bianchi, Araceli Fereryra, Carolina Gaillard y Horacio Pietragalla del Frente para la Victoria y los legisladores porteños Pablo Ferreyra y Aníbal Ibarra, además de referentes políticos como Vilma Ripoll y María José Lubertino, entre otros.
Fundamentos de la legalización del aborto
De todos los proyectos presentados para legalizar el aborto hay uno que cuenta con mayor grado de consenso y número de adhesiones desde su presentación en 2007. Se trata de una iniciativa impulsada por más de 300 organizaciones y que en Diputados encabeza Adela Segarra (FpV), junto a unos 50 legisladores de distintos bloques.
La Campaña insiste en demostrar que la penalización de la IVE no incide sobre la decisión de abortar, ya que las mujeres lo terminan haciendo clandestinamente según lo reflejan las estadísticas de distintos países. Pero además, aseguran que la ilegalidad da lugar a prácticas diferenciadas según las condiciones socioeconómicas de la mujer. “Mientras que las mujeres mejor ubicadas social y económicamente acuden en forma privada a profesionales idóneos, las pertenecientes a las franjas más pobres sólo tienen acceso a procedimientos caseros o de baja calidad, y por lo tanto, riesgosos para su salud y su vida”, argumentan.
La definición no termina allí. Por encima de todo, los diputados entienden que criminalizar el aborto significa negar una serie de derechos humanos, que van desde los sexuales y reproductivos -asociados a la integridad corporal y la autodeterminación sexual- hasta el derecho a la vida, definido desde el punto de vista de garantizar la salud íntegra de la madre.
¿Qué propone la Campaña para combatir este tipo de mortalidad materna? Una fuerte intervención del Estado que va más allá de su propuesta legislativa y que se resume en el lema: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Se trata de prevenir las causas de los embarazos no deseados que a la postre acarrean “muertes, maltratos, discapacidades o mayor violencia”. Pero de todas maneras entienden que hay embarazos causados por “olvidos, irresponsabilidades, violencia o deseos inconscientes”, frente a los cuales no se puede negar el derecho a abortar.
En lo que hace al proyecto de ley, se apunta a reconocer el derecho de toda mujer a decidir la IVE durante las primeras 12 semanas de gestación -no más, según fundamentos médicos-, y a acceder a su práctica gratuita en el sistema de salud público y privado, sin autorización judicial previa. En tanto, sólo se lo podrá hacer fuera de este plazo si el embarazo fuese producto de una violación, si estuviera en riesgo la salud de la madre, o si existiesen malformaciones fetales graves.
