El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, envío este miércoles al mediodía una nota a los presidentes de los bloques que se presentaron ante la Justicia para intentar frenar la sanción del Código Civil y Comercial, en la cual rechaza “en forma absoluta y terminante” los cuestionamientos “en tanto el trámite otorgado al proyecto en cuestión no ha violentado la Constitución Nacional, ni el reglamento interno, ni la resolución aprobada por ambas Cámaras que dispuso un tratamiento especial al proyecto”.

En la nota, Domínguez recuerda que a través de la resolución que creó la comisión bicameral para analizar el proyecto, la Cámara de Diputados y el Senado decidieron retirar a las comisiones ordinarias y permanentes del trámite del proyecto, y dispusieron que la bicameral tendría por objeto “la elaboración del despacho previo a su tratamiento legislativo”, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 77 y 78 de la Constitución Nacional.

Domínguez también citó la versión taquigráfica de la sesión del 4 de julio de 2012, donde los propios diputados Graciela Camaño (Frente Renovador), Federico Pinedo (Pro), Juan Pedro Tunessi (UCR) y Liliana Parada (FAP) defendieron el trámite que este miércoles siguió la Cámara de Diputados.

En esa sesión, el diputado Pinedo sostuvo que “lo relevante es expresar la voluntad popular y de las provincias, que se da a través de los votos en el recinto (…) Cuando tratamos DNU ambas Cámaras consideran despachos de comisiones bicamerales, y fueron tratados como dictámenes de comisión y considerados como tales, lo cual no perjudica la democracia, ni la representación popular, ni la representación de poderes ni tampoco facilita el autoritarismo”. Por su parte, el diputado Tunessi aseveró que “el artículo 77 de la Constitución Nacional establece claramente la necesidad de que haya una Cámara iniciadora y otra revisora. Creemos que este principio está respetado claramente”, y remarcó que “no se trata de cambiar una ley sino de modificar códigos, y quizá esto justifique la necesidad de un tratamiento especial”.

En la nota, además, Domínguez explica que la Orden del Día 829 “pone a disposición del conjunto de los diputados los dictámenes de mayoría y minoría de la bicameral –única comisión competente para ambas Cámaras- con las modificaciones de la Cámara originaria”, y señala que “el derecho a debatir se da en el recinto como con cualquier media sanción o discusión originaria, tal como manifestara el diputado Pinedo en la sesión del 4 de julio de 2012”.

“En este caso existe dictamen de la comisión bicameral, la única habilitada para dictaminar, y es el dictamen sancionado por el Senado lo que se está poniendo a consideración, no siendo necesario una mayoría de dos tercios o la habilitación de su tratamiento sobre tablas”, afirma el titular de Diputados.

Por último, recuerda que “un trámite especial similar se ha seguido en el caso de la aprobación de la Ley 26.939 del Digesto Jurídico Argentino, que fue dictaminado por una comisión bicameral, sin la intervención de ninguna comisión ordinaria”, y afirma que “resultaría incoherente dar por caído el dictamen en tanto que las comisiones bicamerales requieren de un trámite específico, distinto del ordinario, tal como sucede con la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, la Bicameral de Trámite Legislativo y la del Digesto Jurídico Argentino”.

La nota fue remitida a los diputados Mario Negri, Federico Pinedo, Victoria Donda Pérez, Néstor Pitrola, Carlos Brown, Juan Carlos Zabalza, Darío Giustozzi, Margarita Stolbizer, Martín Lousteau, Graciela Villata, Nicolás Del Caño, Claudio Lozano y Elisa Carrió.

A continuación, parlamentario.com publica textualmente la nota de Domínguez:

Buenos Aires, 25 de Septiembre de 2014

A LOS SRES./AS.DIPUTADOS/AS NACIONALES

MARIO NEGRI, FEDERICO PINEDO, VICTORIA DONDA PEREZ, NESTOR PITROLA, CARLOS BROWN, JUAN CARLOS ZABALZA, DARIO GIUSTOZZI, MARGARITA STOLBIZER, MARTIN LOUSTEAU, GRACIELA VILLATA, NICOLAS DEL CAÑO, CLAUDIO LOZANO y ELISA CARRIO

PRESENTE

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Uds. en relación a vuestras notas de fecha 24 de septiembre de 2014 Nros. 7570-D-14 y 7569-D-14, mediante las cuales se formulan una serie de consideraciones referidas a la publicación de la Orden del Día 829/14 y al tratamiento legislativo otorgado al proyecto de ley 102-S-13 sobre Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación.

Sobre el particular y en forma preliminar, debe destacarse que en ocasión del inicio del tratamiento del proyecto en cuestión, dada su especificidad y trascendencia y con la exclusiva finalidad de preservar la unidad, integridad y coherencia que implica el dictado de un código de fondo, se creó la Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación.

En efecto, en fecha 4 de Julio de 2012, los cuerpos de ambas cámaras legislativas aprobaron idénticas resoluciones con el objeto de disponer un procedimiento especial para el tratamiento del proyecto de ley mencionado.

Surge claramente del artículo 1º de la resolución aprobada por nuestra Cámara con el acompañamiento de gran parte de los bloques de la oposición, que la Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación se crea “con la finalidad de preservar la unidad, integridad y coherencia que implica el dictado de un único Código Civil y Comercial”. Asimismo, su artículo 2º expresa que “La comisión bicameral tendrá por objeto el análisis del proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación remitido al Honorable Congreso de la Nación, por el Poder Ejecutivo nacional, mediante el mensaje 884 del año 2012; la redacción del proyecto de ley correspondiente y la elaboración del despacho previo a su tratamiento legislativo.”

De la mera transcripción de los artículos de la resolución aludida, surgen en forma clara e indubitada dos cuestiones fundamentales:

a) La Cámara de Diputados de la Nación –y el Senado por su parte- decidió retirar del trámite, giro y competencia a las comisiones ordinarias y permanentes del cuerpo, otorgando el estudio de la cuestión a una comisión especial y bicameral.

b) Una vez estudiado el proyecto, el texto dictaminado constituiría el despacho previo al tratamiento legislativo, que no es el procedimiento interno de los reglamentos de las cámaras (específicamente apartados de la cuestión), sino que es el contenido en los artículos 77, 78 y cc. de la Constitución Nacional, que es el único que subyace, por sobre la resolución aprobada y por sobre los reglamentos internos, que indica que “aprobado un proyecto de ley por la Cámara de su origen, pasa para su discusión a la otra Cámara y que aprobado por ambas, pasa al Poder Ejecutivo de la Nación para su examen; y si también obtiene su aprobación, lo promulga como ley”. (art.78 CN).

Tales aseveraciones no sólo surgen del texto resolutivo y del texto constitucional, sino que los legisladores del bloque oficialista e incluso los de la mayoría de los bloques de la oposición (muchos de los cuales han suscripto una de las notas que aquí se contestan) se han pronunciado en forma uniforme sobre la especialidad del trámite, el objetivo de la comisión bicameral y sobre el sentido y naturaleza procesal del “trámite legislativo” que debía continuar al dictamen de la misma.

La lectura de la versión taquigráfica de la sesión del día 4 de Julio de 2012 confirma lo expresado en el párrafo anterior. En ese sentido, resulta certera la contextualización jurídica que efectúa la Diputada Graciela Camaño, cuando expresa textualmente que “…me voy a referir al tema de la posibilidad de la creación de esta comisión. Es la propia Constitución Nacional la que nos ofrece la posibilidad de abordar este tema por la vía de la comisión bicameral, porque el inciso 32 del artículo 75, que se refiere a las atribuciones que tenemos los legisladores, dice: “Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes. …Por eso tenemos un reglamento que en sus artículos 104, 105 y 106 nos da la posibilidad de una comisión especial. Me parece que no hay nada de qué asustarse. Lo cierto es que hay mucho trabajo para hacer, y sería muy halagüeño que todos aquellos distinguidos colegas que realmente puedan hacer aportes valiosos se aboquen al tratamiento del tema para ver si definitivamente en la Argentina podemos tener un código como la gente.” Posteriormente, en cuanto a la resolución tratada manifiesta que “…el texto es claro. No corresponde el debate si va o no va a la comisión porque reitero que el texto es claro. Al final del artículo 2° se dice: ‘…la redacción del proyecto de ley correspondiente y la elaboración del despacho previo a su tratamiento legislativo´. Interpreten qué significa tratamiento legislativo.”

Sobre el significado de la expresión “trámite legislativo”, el Diputado Federico Pinedo trae luz a la cuestión al expresar que “…Como dijeron algunos diputados preopinantes, el hecho de que sean leyes quiere decir, desde el punto de vista del tratamiento y de la expresión de la voluntad popular, que deben seguir un procedimiento fijado por la Constitución: la Cámara iniciadora y la Cámara revisora. De modo que todos estos aspectos están cubiertos. No veo que haya ningún inconveniente en el proyecto que estamos considerando. Lo único que busca es cierta coherencia en la elaboración de la propuesta que se hará a ambas Cámaras”.

Más aun, respondiendo a la acusación formulada por la Diputada Carrió dirigida a quienes apoyaban la iniciativa, se defiende manifestando: “…Quiero exponer el punto de vista de mi bloque acompañando este proyecto, porque no deseo mantenerme en silencio frente a la acusación de que vamos a apoyar voluntariamente alguna actuación autoritaria. Acompañamos esta iniciativa, porque lo que define la voluntad del pueblo y de las provincias argentinas en el sistema republicano y democrático son los plenarios del Congreso; es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Las comisiones son meros organismos asesores, meros mecanismos de funcionamiento que ambas Cámaras se dan. …lo relevante es expresar la voluntad popular y de las provincias, que se da a través de los votos en el recinto. En el recinto puede aprobarse por mayoría un dictamen de comisión firmado por un solo miembro y también rechazar otro firmado por todos los integrantes de alguna comisión. Esto demuestra que ese aspecto no es lo que constituye la esencia de la representación democrática ni la división de los poderes republicanos. En este caso concreto, lo que se está discutiendo es si resulta antirrepublicano o facilita el autoritarismo que consideremos dictámenes de comisiones bicamerales en lugar de comisiones de cada Cámara. Cuando tratamos decretos de necesidad y urgencia ambas Cámaras consideraron despachos de comisiones bicamerales, y fueron tratados como dictámenes de comisión y considerados como tales, lo cual no perjudica la democracia, ni la representación popular ni la representación de poderes ni tampoco facilita el autoritarismo”.

En este sentido, el bloque de la Unión Cívica Radical efectúa un significativo aporte al tema cuando expresa, representado por el Diputado Juan Pedro Tunessi que “el bloque de la Unión Cívica Radical ha suscripto el despacho en la reunión conjunta de ayer y va a acompañar la sanción de este proyecto de resolución sobre la base de considerar que el artículo 77 de la Constitución Nacional establece claramente la necesidad de que haya una Cámara iniciadora y otra revisora. Creemos que este principio está respetado claramente, porque la comisión bicameral que se conformaría va a emitir un dictamen para ambas Cámaras, pero el tratamiento va a comenzar en la iniciadora, que es la Cámara de Senadores, para luego ser remitido a la Cámara de Diputados.” Sobre la posibilidad de que la Cámara iniciadora modifique el dictamen de la Bicameral y también contestando a la Diputada Carrió, expresa que ese caso: “puede ser salvado, porque si hubiera modificaciones al dictamen en el Senado puede haber dictamen de minoría y es posible presentar observaciones en el tratamiento en general del proyecto de ley respectivo. No vemos que haya con esto objeciones en el sentido de que estamos atados a una decisión del Senado y que la minoría no puede expresar su disidencia en el tratamiento del asunto. …Estamos refiriéndonos a una circunstancia muy atendible al hablar acerca de la creación de una comisión tendiente a preservar la unidad, la integralidad y la coherencia que implica la reforma de estos códigos, tal vez debamos considerar que un tratamiento ordinario y regular pueda atentar contra tales principios. No se trata de cambiar una ley sino de modificar códigos, y quizá esto justifique la necesidad de un tratamiento especial. Podemos discutir en cuanto a plazos, términos, cantidad de integrantes, participación de diputados en la comisión bicameral, etcétera, pero no en lo relativo al procedimiento en sí. Es decir que podríamos debatir en torno de estas cuestiones, pero no creer que este procedimiento excepcional –porque excepcional es la materia- violenta el texto constitucional. Están garantizadas la presentación de un dictamen alternativo y las disidencias; la Cámara de Diputados, como revisora, podrá introducir modificaciones o formular dictámenes en minoría para salvar cada posición”. Los hechos por él referidos se han dado en el trámite respectivo, en tanto se han presentado dictámenes de minoría –firmados no sólo por Senadores, sino también por Diputados-. Hasta el día de la fecha, se ha presentado además una observación a la Orden del Día 829 en el seno de nuestra Cámara, por parte de la Diputada Bullrich.

Para no sobreabundar en argumentos similares, se menciona también lo expresado por la Diputada Liliana Parada, cuando manifiesta que “nosotros vamos a acompañar este proyecto por las razones que ha expresado, entre otros, la señora diputada Camaño. Entendemos que no tiene tacha de inconstitucionalidad la conformación de la comisión bicameral.”

Por lo expuesto hasta aquí, y por las definiciones jurídicas definidas entre otros por las Diputadas Camaño y Parada, y por los Diputados Pinedo y Tunessi, no quedan dudas hasta aquí que:

Ambas Cámaras del Congreso, en uso de sus facultades reglamentarias y de sus atribuciones constitucionales, determinaron dotar de un trámite especial y extraordinario al proyecto de unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación. En base a ello, la comisión bicameral respectiva es la única comisión competente y su dictamen es el único que deben tratar los plenos de ambas Cámaras; emitido el dictamen se inicia el trámite legislativo ordenado por la Constitución. Casi la totalidad de los bloques políticos de la HCDN, han definido al trámite legislativo como aquel que se encuentra regulado por los artículos 77 y cc de la Constitución Nacional, cuyo resguardo y requisito condicionante es que se verifique en el procedimiento de formación y sanción de las leyes, el principio de estudio y sanción por parte de la Cámara originaria y por parte de la revisora. El trámite otorgado al proyecto en cuestión no ha violentado la Constitución Nacional, ni el reglamento interno, ni la resolución aprobada por ambas Cámaras en fecha 4-07-12.

Resueltos los interrogantes generales, corresponde abocarse a algunas cuestiones que, erróneamente, se manifiestan en las notas presentadas.

En primer lugar, dada la especialidad del trámite, y tal como expresara el Diputado Tunessi oportunamente, la creación de la comisión bicameral tiende a preservar la unidad, la integralidad y la coherencia que implica la reforma de los Códigos Civil y Comercial y por ello se debe considerar que “un tratamiento ordinario y regular puede atentar contra tales principios” y que al no tratarse de una ley ordinaria “sino de modificar códigos”, ello “justifica la necesidad de un tratamiento especial”.

Ese tratamiento especial, justifica que al tratarse de un dictamen bicameral, al expedirse la Cámara originaria –en este caso el Senado- , siga su trámite la revisora, poniendo a su consideración el tratamiento del dictamen de dicha bicameral, con las modificaciones –en su caso- de la originaria.

En cuanto a la Orden del Día 829 y sus anexos, tal documento pone a disposición del conjunto de los diputados y diputadas los dictámenes de mayoría y minoría de la bicameral –única comisión competente para ambas cámaras- con las modificaciones de la cámara originaria (incluso se detallan los artículos modificados). Por cuestiones de economía procesal, gran parte del documento se publica en forma digital, tal como se ha efectuado en numerosos casos, como el del Digesto Jurídico Argentino, cuyo dictamen fue acompañado con un cd, entre otros.

La Orden del Día 829 no contiene el plazo del artículo 113 que habilita a formular observaciones, justamente, por ser un trámite especial que involucra a las dos cámaras por intermedio de la bicameral y de la resolución adoptada conjuntamente. Fue publicada sin límite de tiempo para no limitar a un plazo determinado el derecho de los diputados a presentar sus observaciones, en tanto no deben regir los aspectos restrictivos del 113, que regulan la intervención de las comisiones permanentes, pero no el trámite de las bicamerales. Prueba de ello es que se han receptado observaciones a la Orden del Día, en las cuales, por el tenor de su lectura, quien las ha presentado, ha tenido claro qué estaba presentando y sobre qué cuestión. Por lo tanto, además de posibilitarse la presentación de observaciones y en razón de la especialidad del trámite, no rige plazo restrictivo y las mismas pueden sustanciarse mientras el proyecto no sea considerado por el pleno.

Respecto a la afirmación “casi ningún diputado integró la bicameral” es un hecho que puede darse en cualquier trámite legislativo ordinario (como por ejemplo durante los tres años que puede estar vigente una orden del día de la Comisión de Juicio Político). En este caso existe dictamen de la comisión bicameral, la única habilitada para dictaminar, y es el dictamen sancionado por el Senado lo que se está poniendo a consideración, no siendo necesario una mayoría de dos tercios o la habilitación de su tratamiento sobre tablas. La presentación de la observación al mismo, efectuada por la actual Diputada Patrica Bullrich, da cuenta de ello.

Por otra parte, no puede sostenerse que el dictamen caducó en virtud del art. 111 del reglamento, dado que esta disposición rige sólo para las comisiones permanentes del cuerpo y no para las bicamerales. Al tratarse de un trámite especial y extraordinario, como ya ha sido explicitado, no puede sujetarse a miembros de una Cámara autónoma e independiente, al cumplimiento de las normas internas de la otra.

El derecho a debatir se da en el recinto como con cualquier “media sanción” o discusión originaria, tal como manifestara el diputado Pinedo en la sesión del 4 de Julio de 2012, “la voluntad del pueblo y de las provincias argentinas en el sistema republicano y democrático son los plenarios del Congreso; es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Las comisiones son meros organismos asesores, meros mecanismos de funcionamiento que ambas Cámaras se dan…lo relevante es expresar la voluntad popular y de las provincias, que se da a través de los votos en el recinto”.

Por último, cabe recordar que un trámite especial similar se ha seguido en el caso de la aprobación de la Ley 26.939 del Digesto Jurídico Argentino, que fue dictaminado por una comisión bicameral, (COMISIÓN BICAMERAL DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN PARA LA CONFECCIÓN DEL DIGESTO JURÍDICO ARGENTINO –LEY 24.967–) sin la intervención de ninguna comisión ordinaria. Dicha comisión emitió dictamen el 13 de Agosto de 2013, bajo la Orden del Día 2353/13 de la Cámara de Diputados y la Orden del Día del Senado 947/13, que recién se imprimió el 18 de Febrero de 2014. La Cámara de Diputados lo sancionó el 27 de Noviembre de 2013 y el Senado lo hizo el 21 de Mayo de 2014, tras la renovación de su Cámara, sin dar por caído el dictamen y sin otorgarle giro a una comisión ordinaria.

Resultaría incoherente dar por caído el dictamen, en el caso de la unificación de los Códigos, en tanto que las comisiones bicamerales requieren de un trámite específico, distinto al ordinario, tal como sucede con la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, la Bicameral de Trámite Legislativo y la del Digesto Jurídico Argentino.

En igual sentido, haber girado –como se pretende- el asunto a una comisión ordinaria y permanente del cuerpo, hubiera significado incumplir lo dispuesto en forma taxativa por ambas cámaras en las resoluciones del 4-07-12, las que establecieron (con amplia participación y acompañamiento de la gran mayoría de los bloques políticos), en forma especial, la obligatoriedad de una única y previa instancia de tratamiento en comisión, por parte de la bicameral respectiva.

Por todo lo expresado, esta Presidencia rechaza en forma absoluta y terminante las aseveraciones vertidas en las notas referidas precedentemente en tanto el trámite otorgado al proyecto en cuestión no ha violentado la Constitución Nacional, ni el reglamento interno, ni la resolución aprobada por ambas Cámaras que dispusieron un tratamiento especial al proyecto de unificación del Código Civil y Comercial de la Nación.

Atte.