El Frente para la Victoria y sus aliados se aprestan a convertir en ley la reforma y actualización de los códigos Civil y Comercial, luego de que la oposición se retirara de la sesión tras impugnar la "legalidad" del debate.
Con el objetivo de saldar una deuda pendiente de las últimas décadas, la Cámara de Diputados se apresta a sancionar la actualización y unificación de los códigos Civil y Comercial de la Nación, envuelta en una fuerte polémica.
Pese a lo trascendente que será la reforma para la vida cotidiana de los argentinos, la discusión política del proyecto quedó opacada por controversias metodológicas entre el oficialismo y el arco opositor, que renunció a participar de la sesión y judicializó el tema.
La sesión especial convocada por el Frente para la Victoria comenzó a las 12.12 con la presencia de 131 diputados, con el dictamen de la comisión bicameral que analizó el tema como único punto del orden del día. Para lograr el quórum, el oficialismo solo contó con la ayuda de sus aliados tradicionales. A continuación se sumaron los bloques opositores, con el objetivo de impugnar la “constitucionalidad” del debate.
La oposición sostiene que el dictamen de la bicameral cayó con la renovación parlamentaria del año pasado. Además entiende que, como el Senado modificó el despacho, el proyecto debe ser girado a comisiones permanentes de la Cámara baja para continuar su trámite ordinario o ser habilitado en una votación sobre tablas con una mayoría especial.
Pero como el oficialismo no hizo lugar a los pedidos, los opositores se retiraron del recinto y dejaron
La judicialización del debate
Dado a que el kirchnerismo rechazó estos argumentos, Elisa Carrió presentó un amparo ante los tribunales para frenar el debate. Según la diputada, el tratamiento del proyecto por medio de una bicameral viola el proceso de sanción de leyes estipulado por la Constitución Nacional. Empero, el juez en lo Contencioso Administrativo federal Ernesto Luis Marinelli rechazó el planteo al considerar que el Poder Judicial no debe entrometerse en las cuestiones de otro Poder del Estado.
Aún así, el arco opositor insistió en la judialización del tema. Nuevamente Elisa Carrió, por un lado, y el resto del arco opositor, por otro, presentaron este miércoles denuncias penales contra las “autoridades de la Cámara” de Diputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Esta última acción fue impulsada por Claudio Lozano (Unidad Popular), Juan Carlos Zabalza (Partido Socialista), Mario Negri (UCR), Victoria Donda (Libres del Sur), Carlos Caserio (Unión por Córdoba), Martín Lousteau (Suma +). Graciela Villata (Frente Cívico Córdoba), Darío Giustozzi (Frente Renovador) y Federico Pinedo (Unión Pro).
Cómo fue el tratamiento del nuevo código
La reforma legislativa fue impulsada por la presidenta Cristina Kirchner a través de la creación de una comisión de juristas que redactó un anteproyecto. Esta versión fue presentada el 24 de febrero de 2012 por el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, su par Elena Highton de Nolasco y a la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci.
Luego el Poder Ejecutivo le introdujo modificaciones y presentó formalmente el proyecto de ley en el Congreso en junio de 2012.
La discusión parlamentaria comenzó con el análisis de una comisión bicameral integrada por distintos partidos políticos, que recogió propuestas de distintos sectores de la sociedad a través de de audiencias públicas en distintos puntos del país.
Fue así que el 20 de noviembre de 2013 los bloques políticos con representación en la bicameral firmaron sus respectivos dictámenes. El despacho del Frente para la Victoria contó con 180 modificaciones al texto que el Ejecutivo remitió al Congreso. Una semana después se trató en el recinto del Senado, donde el oficialismo volvió a modificarlo y la oposición se negó a participar de la votación.
La media sanción ingresó a Diputados en diciembre de 2013 pero recién en febrero de 2014 se publicó en esta cámara.
La semana pasada, el kirchnerismo sorprendió al anunciar su intención de retomar el tratamiento del proyecto en una sesión especial y desató la polémica en la oposición por la “legalidad” del trámite correspondiente.
Una vez sancionado por el Congreso, el Código Civil y Comercial volverá a ser revisado por el Poder Ejecutivo y recién comenzaría a regir en 2016.
La norma se encuadra en la intención del kirchnerismo de actualizar los códigos del sistema normativo argentino, como el Código Penal y el Procesal Penal, además del Código Aduanero del Mercosur y el Digesto Jurídico, ya sancionados.
