“Como profesional de la salud, me veo obligada a impulsar una iniciativa tendiente a proteger al personal y a la población que recibe el servicio de cuidado de salud, educación, la justicia o la custodia de su seguridad en estos espacios públicos”, fundamentó la senadora Sandra Giménez al presentar un proyecto que tiene por objeto “establecer un tipo penal específico para encuadrar el ataque a los hospitales, salas de primeros auxilios, escuelas, comisarías, y todo centro comunitario o espacio público destinado a la atención de la salud de la población, la educación y el resguardo de su integridad física y seguridad”.

El proyecto busca modificar varios artículos del Código Penal, como el Art. 80 inciso 8 donde se pide la reclusión perpetua o prisión perpetua al que matare a “un miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, al personal de la salud, la educación y la justicia por su función, cargo o condición cuando se desempeñen en dependencias nacionales, provinciales o municipales”.

Se propone la modificación del art. 188 del C. P. que expresa “será reprimido con prisión de uno a seis años a quién participe de la destrucción de hospitales, juzgados. Comisarías y todo espacio público dependiente de la Nación, las provincias o los municipios, dedicado a la salud, la educación, la justicia y la custodia de la seguridad de la población, dañando las instalaciones, interrumpiendo el normal funcionamiento de las mismas, afectando las garantías constitucionales y poniendo en peligro la integridad de las personas”.

Además, la senadora del Frente Renovador de la Concordia pide “prisión de tres a seis años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la incitación. Asimismo se aplicará la misma pena a quién participe de la intimidación a quienes prestan servicio en los hospitales, escuelas, juzgados, comisarías y todo espacio público dependiente de la nación, las provincias o los municipios, dedicado a la salud, la educación, la justicia y la custodia de la seguridad de la población, interrumpiendo el normal funcionamiento de la mismas, afectando las garantías constituciones y poniendo en peligro la integridad de las personas”.