La elección y permanencia de cualquier funcionario del Poder Ejecutivo es responsabilidad exclusiva del gobernador de la provincia, que es quien define las políticas y acciones que debe desarrollar el gobierno y para lo cual designa a sus ejecutantes. La renuncia de un funcionario es una decisión personal y se da cuando el funcionario en cuestión posee un mínimo de dignidad y de grandeza para dar un paso al costado y no seguir perjudicando al gobierno que pertenece.

El ministro de Gobierno González ya tuvo motivos suficientes en varias ocasiones anteriores para renunciar al cargo que detenta, pero prefirió seguir al frente del ministerio gozando de todos los privilegios antes que adoptar una conducta digna.

Ni las críticas, reclamos y protestas de diversos sectores sociales que deberían afectar el honor de González hacen variar de actitud de quien se apega al sillón del ministerio como si fuera que le pertenece. González no debe renunciar, sería demasiado premio a su negligencia inescrupulosidad e ineptitud.

Es el gobernador quien debe asumir su responsabilidad indelegable y echar sin contemplación a este funcionario de su cargo.

Así como lo designó y lo sostuvo inmerecidamente en sus funciones, el gobernador hoy no puede dejar a la sociedad a expensas de un inescrupuloso que como resultado mas visible de su gestión nos deja a los formoseños con una circulación y consumo creciente de droga, en la que además de estar involucrados oficiales de policías de alto rango designados bajo su gestión, también tuvieron diversos grados de participación funcionarios del oficialismo.

En nuestra provincia existen pistas clandestinas de aterrizaje, prueba de ello son los 700 kg de cocaína en los campos del concejal Palma, dato que también confirma que existen funcionarios involucrados en el “negocio” de la droga, pero nada de ello se investiga, ¿Por qué razón? Seguramente porque no son opositores.

Pensemos en la droga que un familiar de la concejal Blanca Denis trasportaba en su camioneta y por el cual resultaron procesados los policías que participaron del operativo y absueltos los protagonistas.

Recordemos el atentado sufrido por el concejal Amarilla, que debería ser investigado por la policía y que, a pesar de tener todas las herramientas para hacerlo, hasta ahora no arrojo ningún resultado, garantizando la impunidad de los delincuentes.

Y así también, no olvidemos la detención de un menor por hacer señas inapropiadas al gobernador de la provincia; o como corolario el hecho de que Gendarmería Nacional, fuerza de seguridad nacional fuera del control del ministerio provincial, haya descubierto la participación de una parte de la cúpula policial -que si controla el ministro- en actividades de narcotráfico.

Todos estos hechos son solo una enumeración de algunos de los motivos por el cual González debería ser expulsado por el gobernador Insfrán.

Es hora de que la prioridad del gobernador sea el pueblo formoseño, un pueblo que no merece un ministro de estas características, que persigue a opositores en lugar de perseguir a delincuentes.