La rionegrina García Larraburu insistió con su proyecto para regular el comercio de cereales y oleaginosas, frente al “golpe en el mercado de divisas”. El jefe de Gabinete negó que el Gobierno trabaje en el tema.
La necesidad de dólares y la especulación de las agroexportadoras en la liquidación de la cosecha acumulada reavivaron el debate sobre la posible reedición de la Junta Nacional de Granos. Luego de que el titular de la Federación Agraria (FAA), Eduardo Buzzi, replanteara la idea, la senadora nacional Silvina García Larraburu recordó que presentó un proyecto de ley en este sentido en febrero pasado.
“No podemos seguir dependiendo de la especulación que realizan estas compañías, que mientras tenemos un golpe en el mercado de divisas se acopian de 4.000 millones de dólares en granos buscando desestabilizar aún más el sector financiero a su favor”, se quejó la senadora rionegrina del Frente para la Victoria.
Pero como sucedió en el verano, el jefe de Gabinete salió desvincular a la Casa Rosada de semejantes propuestas.
“Existen múltiples iniciativas en el Congreso pero no hay una iniciativa del Gobierno nacional”, declaró Jorge Capitanich en su contacto diario con periodistas.
El proyecto de García Larraburu reestablece la institución creada por Juan Domingo Perón y derogada por un decreto de Carlos Menem.
Su objetivo es controlar el comercio de cereales, oleaginosas y sus subproductos; garantizar la provisión interna de estos productos “sin importar lo que suceda en el mercado externo”; fomentar el aumento de valor agregado en las materias primas de origen nacional; evitar el monocultivo y “favorecer” a las pymes.
En la práctica esto se traduce en la fijación de precios mínimos de los granos en sus ventas al exterior así como de cupos de exportación; y, en el caso extremo, en la capacidad de ejercer el comercio interno y externo de aquellos productos “en defensa de la producción o cuando la regulación del mercado lo hiciere necesario”.
Larraburu remarcó que “durante casi 60 años la Junta Nacional de Granos mantuvo la regulación y producción de oleaginosas, basada en la importancia que este sector tiene para la economía nacional”, en alusión al aporte de dólares. “En el año 1991 se puso fin a la regulación, para que con el beneficio de la desregulación, la producción quede en manos de privados, quienes generalmente responden a intereses foráneos o particulares”, agregó.
Su intención es “que no se perjudique a los trabajadores y consumidores, así como desmonopolizar el mercado de granos, tal como lo solicitaron los pequeños productores cerealeros”. En tanto, aseguró que “actualmente son las grandes cerealeras quienes retienen y controlan la producción y la liquidación de las exportaciones, relegando en último plano la soberanía de los argentinos”.
La senadora instó a recordar que “actualmente son las grandes cerealeras quienes retienen y controlan la producción y la liquidación de las exportaciones, relegando en último plano la soberanía de los argentinos”. Y que así, “ya es normal que a principio de año, en plena liquidación de las cosechas, se acopien de la riqueza de nuestra tierra”.
“En 2013, el 93 por ciento de las exportaciones de granos y oleaginosas fueron realizadas por un puñado de firmas, que concentran la actividad. Se ponen en eje varias cosas, pero lo certero es que no podemos seguir dependiendo de la especulación que realizan estas compañías, que mientras tenemos un golpe en el mercado de divisas se acopian de 4.000 millones de dólares en granos buscando desestabilizar aún más el sector financiero a su favor”, denunció la parlamentaria”, apuntó.
