Tras un largo debate, el Senado nacional aprobó a medianoche el proyecto para modificar la Ley de Hidrocarburos que envió el Ejecutivo al Parlamento, con 38 votos a favor y 28 en contra y 2 abstenciones.

La iniciativa contó con los votos del Frente para la Victoria y sus aliados y el cerrado rechazo de la oposición. Ahora pasó a Diputados. Las abstenciones correspondieron al radical catamarqueño Oscar Castillo y la senadora del MPN Lucila Crexell.

Sobre el filo de la medianoche, el presidente del bloque oficialista Miguel Pichetto cerró el debate señalando que “esta es una ley posible para crear un proceso d e inversiones. Estamos en andarivel que se acerca a la realidad en términos reales. Es un nacionalismo de fines”.

“No puede haber políticas distintas en materia de regalías. Hay que fijar un marco político que genere una previsión en los miles de millones de dólares. Es un proceso complejo”, dijo Pichetto.

Previamente el presidente del bloque radical Gerardo Morales manifestó que “la caída de la producción alcanzó su mayor nivel en 3 puntos respecto al año anterior por los paros, la caída en la actividad y la inversión”. Aunque aclaró que “el problema es que sigue cayendo la oferta y tras la llegada de este proyecto, que tiene que incorporar una reforma para los materiales no convencionales, muestra una debilidad en materia de seguridad jurídica”. También informó que este proyecto de ley “es un negocio por demás apetecibles y aumenta las ganancias que se traduce en la renta petrolera”.

Con la presencia de Amado Boudou al frente del Cuerpo y un atraso de más de dos horas en la hora prevista originariamente para el inicio, el Senado había iniciado la sesión a las 13.05 de este miércoles. Como miembro informante de parte del oficialismo ofició el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Fuentes, quien destacó que “no hay conflicto en el mundo que no se pueda explicar con el intento de apropiación de fuentes energéticas”, y advirtió sobre “las potencias hegemónicas, que imponen condicionantes y limitaciones” sobre otros países.

“De qué sirve tener recursos no convencionales en un desierto donde no hay acceso al agua”, se preguntó, destacando que “es bueno que identifiquemos con claridad qué interés expresamos y defendemos”. Señaló que “se nos acusa de querer hacer una ley a la medida de YPF”, y aclaró que no hay que ver a quién favorece, sino a quién perjudica. Rechazó que el proyecto perjudique a las provincias, advirtiendo entonces que la norma puede perjudicar a otras empresas. “Entonces aclaremos qué interés estamos expresando en esta cuestión”, dijo. Sostuvo que obtener los recursos necesarios requieren “inversiones de una magnitud que demandan generar mecanismos de asociación” con quienes pueden generar los elementos para emprender la explotación de hidrocarburos.

El senador Ernesto Sanz cuestionó a Marcelo Fuentes respecto a la necesidad de aclarar qué intereses defendían en sus exposiciones. “Nosotros no necesitamos, cuando hablamos de la soberanía energética, andar aclarándole a nadie a qué intereses necesitamos”, remarcó el presidente del radicalismo, recordando que la defensa de los recursos energéticos es una conducta histórica de su partido. “En el caso nuestro, que lea historia y ahí va a ver cuál es la línea de la Unión Cívica Radical, porque en ese tema no hemos tenido dobleces”, destacó el mendocino.

El miembro informante del radicalismo destacó la importancia del debate al señalar que “estar discutiendo esta ley significa que por primera vez en la historia de la República Argentina un Congreso va a discutir una ley de hidrocarburos”, destacando que lo que hubo antes siempre fueron resoluciones o normas aisladas.

La senadora Graciela Di Perna coincidió en la necesidad de contar con una nueva ley de Hidrocarburos, pero aclaró que no es el camino el proyecto en discusión, que consideró “una imposición del Estado nacional sobre los Estados provinciales, y así no se acuerdan las políticas de Estado”.

“Necesitamos una política de mediano y largo plazo”, estimó la senadora chubutense, quien habló de la necesidad de “redefinir la matriz energética”.

A su turno, el senador Jorge Garramuño cuestionó el discurso oficial sobre una crisis generada por el mayor consumo energético, asegurando que la misma es consecuencia de las políticas implementadas. Habló en ese sentido de “esas fiestas en las que uno no participó, pero que tiene que garpar”. Asimismo aseveró que “esta es una ley a la medida de YPF”.

Para la senadora rionegrina Magdalena Odarda, “con este proyecto se están discutiendo las condiciones de la entrega”, y advirtió que “este proyecto significa la mayor entrega de soberanía de los últimos años”.

Cargó contra la utilización de la técnica de fracking, y alertó contra la contaminación de las napas freáticas. Contó que se trata de una técnica que se usa desde hace 10 años y detalló los accidentes registrados, y hasta incluyó movimientos sísmicos, contando que “se está estudiando si tienen que ver con las fracturas hidráulicas”, razón por la cual sostuvo que “esa técnica no es inocente y ha sido prohibida en más de 17 países del mundo, como Francia”.

El senador Guillermo Pereyra del Movimiento Popular Neuquino, anticipó su voto negativo al proyecto del Ejecutivo, ya que “los mismos gobernadores nos han solicitado si podíamos hacer modificaciones y no lo logramos”. Tambièn, agregó que “estamos al borde de un gran conflicto social porque nos está mirando el mundo por el área de Vaca Muerta, pero con este grado de conflicto no van a venir a invertir”.

A su turno, la senadora Liliana Negre de Alonso del bloque Alianza Compromiso Federal, reiterò que “es una ley que avasalla el federalismo y està viciada de inconstitucionalidad”, ya que “no se convocó al Consejo Federal de Hidrocarburos incumpliendo la ley 27641”.

También manifestó su preocupación por la gran cantidad de bancas vacías y consideró que “deberían estar ocupadas por los senadores provinciales aunque no tengan deudas reestructuradas”. Agregó que “hubiera sido interesante que asistan al debate aunque sea para opinar, para interpelar a nuestros gobernadores, ya que son ellos los que tienen relación directa con el Estado Nacional”.

Respecto a la concesión de licitaciones a empresas extranjeras, la senadora Negre de Alonso dijo que “el 83 por ciento de estas empresas ya estaban con anterioridad al 2003 y son exactamente los mismos personajes”, en relación a los dichos del ministro del Planificación de la Nación, Julio de Vido, sobre que ” fueron los grandes perdedores de la industria energética”.

“Queremos firmar el pacto de paz entre progreso y medio ambiente. Ha habido una violación del federalismo y esta ley nace con un vicio de inconstitucionalidad”, finalizó la senadora Alegre de Alonso.

Desde otra perspectiva, el senador chubutense Marcelo Guinle, del Frente para la Victoria, expresó que este acuerdo federal además de crear una ley de hidrocarburos que se adecúa a las necesidades de estos tiempos, abre el debate hacia una dinámica propia entre las provincias y la Nación porque “es un tema complejo”, y agregó que a partir de esta reforma “está todo por hacer porque debe ir a las legislaturas provinciales para que manifiesten o no su acuerdo”.

Para el senador Guinle, el país necesita de “acuerdos entre las provincias y el Ejecutivo para establecer una dinámica propia que oblige a las provincias a continuar con el debate en materia energética”.

También consideró que al escuchar a los gobernadores miembros de las provincias nucleadas en la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), aseguró que “no escuché a ninguno reconocer que no estaban convencidos de lo que estaban haciendo”, y dijo que ” hay una clara convicción de regular la concesión en materia de hidrocarburos y es evidente cómo cambia el ánimo de los gobernadores en la medida en que se establece cambios impositivos”, en relación a las regalías de la renta petrolera.

“Las regalias significan pagos en compensación por la explotación de un recurso renovable que se agota”, dijo el senador oficialista.

Luego fue el turno de la senadora mendocina Laura Montero del bloque radical, que reiteró su desacuerdo en el avance de esta reforma en materia de hidrocarburos, dijo que “estamos en un momento muy importante para discutir un régimen único de hidrocarburos, donde debemos amalgamar la situación de los intereses de las provincias con los de la Nación”.

“Debemos establecer reglas y herramientas que genere equilibrio y mecanismos de inclusión”, dijo la senadora Montero respecto a la diferencia que el Ejecutivo mantiene con las provincias que sí adhirieron al OFEPHI.

A continuación, la senadora Norma Morandini del bloque Frente Cívico por la provincia de Córdoba, que sostuvo en su banca un cartel que dice: “¿Hasta cuándo licenciado Boudou?, pida licencia”, consideró que el gobierno nacional tiene que enmarcar este debate sin olvidar los derechos humanos, en relación a la “posibilidad de ser escuchados y ser respetados como opositores dentro del régimen democrático”. En ese sentido, la senadora cordobesa dijo que “tenemos que contribuir a construir un federalismo de concertación y participación”.

“Necesitamos ocuparnos de los derechos ambientales amparados por la Constitución Nacional”, puntualizó Morandini.

“Me da mucha pena que nuestro país no esté en el debate por el calentamiento global que se está llevando a cabo en el mundo”. Su crítica se concentró en el papel poco relevante de la Argentina frente a las potencias mundiales. La senadora bregó por que “el país tenga una participación activa en la agenda global”, aunque manifestó que “siempre llegamos tarde y siempre tenemos que tomar lo que los otros países han tirado a la basura”.

A su vez, se refirió a que los senadores opositores ” están siendo empujados a participar de un tratamiento express, confundiendo el concepto de la democracia”.Y reiteró que “sin oposición no hay democracia”.

“Este debate hay que enmarcarlo en el derecho del sistema democrático”. Siguiendo con ese argumento, dijo que “siento mucho que se nos presente las cosas como no son” y acusó al Ejecutivo nacional de utilizar el dinero público en “pauta oficial y de propaganda para que las empresas vengan a explotar al petróleo no convencional mediante la realización de simulacros de fracking”.

Tras adelantar su voto negativo, el senador radical Angel Rozas consideró que en su provincia “pagan el precio de la nafta y el gas más caro de la Repùblica Argentina”, recordando que la región del noreste argentino “sigue siendo una de las regiones más pobres”. Aunque consideró que la provincia de Neuquén debe ser recompensada por la explotación del petróleo, el senador Rozas exigió “una ley integral en base a políticas públicas que equilibre las posibilidades de desarrollo”.

“Nos hubiese gustado participar pensando en el desarrollo integral de la Argentina”, dijo el senador en su disertación.Agregó que es necesario establecer “políticas de Estado ante el descubrimiento de Vaca Muerta porque va a ser la segunda reserva mundial de gas y la cuarta reserva mundial de petróleo”.

En este sentido, el senador del Chaco dijo que “para las economías productoras hubiera sido interesante crear un fondo especifico pensando en el futuro” y trajo a colación el ejemplo de Noruega que “cuenta con un fondo de retenciones sobre la renta petrolera de aproximadamente 850.000 millones de dólares”, en tanto que ese fondo petrolero “es hoy uno de los fondos de inversiones más grandes del mundo”. “Tiene un comité de ética que supervisa la inversión con control parlamentario”, aclaró el senador Rozas.

“Necesitamos hacer mayores inversiones y necesitamos políticas de desarrollo para establecer reparaciones históricas en todo el noroeste argentino. Debemos pensar en las generaciones futuras”, expresó.

De igual manera, el senador criticó la reforma argumentando que “tratandose de recursos estratégicos entiendo que las provincias deban ser recompensadas, pero en este caso, no puede ser analizado en pos de las provincias productoras”. Agregó que “seguimos dependemos del presidente de turno y no tenemos una política integral de Estado entre las distintas regiones del país”.

Finalmente, el senador radical informó que “la Argentina continúa siendo un país dividido en tres partes: el centro rico y productivo, el sur con petróleo y gas y el norte que representa la otra cara de la Argentina” Por ello, reiteró que “queremos una Argentina territorial màs equilibrada”.

El proyecto

El proyecto elaborado por el Ejecutivo fija nuevos plazos para las concesiones, diferenciados según el tipo de explotación: 25 años para los yacimientos convencionales, 35 para los no convencionales y 30 para los desarrollos off-shore en la plataforma marítima argentina.

Las provincias podrán otorgar prórrogas de 10 años a las empresas que cumplan con las inversiones, que además deberán pagar mensualmente regalías por un 12 por ciento, monto que los gobiernos provinciales podrán incrementar un 3 por ciento como máximo.

La iniciativa también acorta los plazos de los permisos con el objetivo de incentivar las inversiones en la etapa de exploración, las cuales no podrán ser inferiores a 250 millones de dólares.