Conmemora el 27 de junio de 1981, día en que la OIT reconoció el derecho de los empleados estatales a sindicarse. Los de ámbitos privados lo hacen desde 1949.
El legislador Reinaldo Jiménez presentó un proyecto de ley que busca instaurar oficialmente en la provincia de Tucumán al 27 de junio de cada año como Día del Trabajador del Estado, en consonancia con la normativa internacional y la ley nacional 26.876 sancionada por el Congreso el año pasado.
Se prevé que la jornada sea “de descanso para los empleados de la administración pública provincial, en los que no se prestarán tareas, asimilándose el mismo a los feriados a todos los efectos legales”.
“La fecha conmemora el 27 de junio de 1981, día en que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoció el derecho de los empleados públicos a adherirse a un sindicato. Aunque hoy parezca asombroso, antes de esta fecha sólo los empleados del ámbito privado tenían, ya desde 1949, el derecho a negociar sus condiciones de empleo y relaciones de trabajo”, relató Reinaldo Jiménez quien es presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Defensa del Consumidor de la legislatura tucumana.
Asimismo, expresó que en nuestro país el 27 de junio fue, ya desde 1981, una fecha símbolo de lucha. “Fecha más bien simbólica, en esos años, a causa de la siniestra dictadura cívico-militar que asolaba al país y que, además de borrar todo derecho humano, produjo un retroceso de la Argentina respecto de las conquistas sociales y laborales que se conseguían en otras partes del mundo. Tanto fue así, que recién en 1987 nuestro país adhirió a lo que había dispuesto la OIT en 1981, reconociendo, de este modo, el derecho y defensa de la negociación colectiva de trabajo para los empleados estatales argentinos”.
Cinco años después de aquella adhesión de 1987, el Congreso de la Nación sancionó en 1992 la ley 24.185, de Convenios Colectivos de Trabajo para Trabajadores del Estado Nacional, y en 1999 promulgó la ley 25.164, Marco de Regulación del Empleo Público Nacional. “A partir de esta ley quedó garantizada la estabilidad laboral de los empleados del Estado, estableciéndose que su despido sólo puede hacerse bajo sumario administrativo que pruebe la causa de esa decisión”, dijo el legislador.
