Muchas veces hemos escuchado decir que el Presupuesto es la “Ley de Leyes” debido a las implicancias que tiene para la planificación del funcionamiento de los órganos del Estado, y consecuentemente de toda la sociedad. Yo pienso que el proyecto que hoy examinamos, más que ley de leyes es mentira de las mentiras, y les voy a contar porqué.

Aunque estemos acostumbrados a ver relegado al Congreso a mera escribanía del Poder Ejecutivo, mediante la aplicación de la “mayoría automática” por la cual se creen que el 54% les da derecho a llevarse todo por delante, yo no me resigno a hacer escuchar la voz de los que parecen no contar en las decisiones. Digo esto por el tramite tan acelerado que se le ha dado a un asunto de tal magnitud como este proyecto, que poco tiene de ley como veremos. Tal es así, que mientras que en otras gestiones este debate y análisis solía tardar tres meses en ambas cámaras, esta vez lo haremos en tiempo record: solo un mes. ¿Acaso es tiempo suficiente para analizar, y proponer modificaciones?

Veremos por qué este proyecto es una mentira, y luego por que “mentira de las mentiras”.

Este proyecto es mentira porque prevé una inflación de 15,6 por ciento y un dólar a 9,45 pesos, además de un crecimiento del 2,8 por ciento, con crecimientos tanto del consumo como de la inversión. Según las estimaciones oficiales, habrá un superávit comercial de 9.197 millones de dólares. ¿Alguien en su sano juicio puede creer en estos números? Recordemos que el año pasado se proyectaba un dólar a cerca de 6.5 pesos, y crecimiento económico, cuando en realidad ya sabemos que no hubo crecimiento, y que la inflación real (no la del INDEC) fue mucho mayor.

El propio miembro informante reconoció algo de lo que estoy diciendo ante la prensa cuando dijo: “2014 es el año de mayores diferencias” entre las previsiones que figuraban en el presupuesto “y lo que ocurrió” en la realidad” y en referencia al superávit fiscal presupuestado (yo diría dibujado) del año pasado, dijo: “Es cierto, hoy estamos con un déficit financiero de 4,1 por ciento del PBI, es el más alto de toda la serie” (en referencia a estos últimos diez años).

Este proyecto es mentira cuando nos dice que viene a consolidar un año más de crecimiento con equidad social, y todo lo que afirma en el mensaje que lo acompaña de la soberanía económica. Es suficiente ver la composición del gasto:

Por ejemplo:

Cuando vemos que se gasta más (7.70%) al pago de la DEUDA (cuya legitimidad de acepta servilmente), que a EDUCACIÓN y cultura (7.43%).

Cuando vemos que los gastos de servicio de la deuda más que duplican los gastos en salud (3.29%),

Cuando vemos que son tres veces mayores a lo destinado a vivienda (2.29%),

O al observar que quintuplican lo destinado a Ciencia y Técnica (1.48%) ¿Podemos a esto llamar defensa de nuestra soberanía? Por un lado discursos altisonantes contra el juez Griesa y los Buitres, y por el otro sumisión a la usura internacional.

Queda claro también que es mentira que la gente esté en las prioridades, la prioridad es el gasto electoral y propagandístico para seguir manteniéndose en el poder, como se puede ver con los cuantiosos recursos otorgados a futbol para todos y la publicidad de actos de gobierno.

También se le da la misma finalidad electoralista a la masiva incorporación de empleados públicos, que tienen un gran costo para las arcas y que deberán afrontar los gobiernos venideros:

El Gobierno incorporará más de 13.000 empleados en el Estado, y representa 36 nombramientos por día.

En el próximo ejercicio habrá 389.396 empleados en toda la administración nacional, mientras que este año el personal alcanza los 376.145 trabajadores. De este incremento surgen dos datos por demás llamativos: en primer lugar, el grueso de las incorporaciones pasa directamente a la planta permanente del Estado nacional; segundo, que el área que más empleados nombra es el Senado.

A tal punto el Senado se convirtió en una virtual agencia de empleo público que por primera vez en la historia tendrá más empleados que la Cámara de Diputados, pese a que el Senado, con sus 72 miembros, es menos de un tercio de la Cámara baja, con 257 diputados. Las cifras oficiales son elocuentes: el Senado contará con 6081 empleados, mientras que la Cámara baja, que preside el también oficialista Julián Domínguez, tendrá 5554 trabajadores.

El Estado se ha convertido así en el principal empleador en nuestro país. Según un informe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), entre 2002 y 2014 el empleo público aumentó un 67% en los tres niveles de la administración pública (nacional, provincial y municipal) y los de algunas de las empresas estatizadas (por ejemplo, Aerolíneas Argentinas). Este porcentaje representa unos 3.650.000 personas que trabajan para el Estado.

Según ese informe, a partir de 2005 las incorporaciones de empleados estatales aumentaron a un ritmo mayor. “Entre 1995 y 1999 el empleo público promedió 2,08 millones de empleados, y se elevó a 2,18 millones entre 2000 y 2002. A partir de 2003, y más desde 2005, subió fuertemente, para sumar poco más de 3,65 millones de empleados estimados este año”, se precisa en el documento.

Estos datos son más que elocuentes… ¡llenar la Argentina de empleados públicos no es crear trabajo genuino y productivo!

Y en eso quiero poner como ejemplo a mi Provincia, San Luis, que destina el 50% de su presupuesto a inversión en infraestructura en lugar de hacerlo a gastos corrientes que sostengan empleo publico burocrático y ficticio.

Ahora ¿Por qué digo que esto es “mentira de las mentiras”?

Lo hago en referencia a las obras publicas que figuran en una extensa planilla con más de 700 obras plurianuales por un total de 5644 millones de pesos. Pero que sabemos que no se están realizando ni se van a realizar. Son mentiras. Es jugar con la ilusión y la necesidad de nuestro pueblo ante la proximidad de la campaña, y para destinar esos cuantiosos fondos a otras finalidades…

Se contemplan inversiones por más de $ 5600 millones, 46% más que este año.

Pero eso no es todo: en el artículo 41 del proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a emitir deuda por 50.331 millones de dólares para financiar proyectos de infraestructura, un monto ampliamente superior a las reservas con que hoy cuenta el Banco Central.

El Gobierno maneja a su total discreción el presupuesto de obras públicas, sin respetar demasiado el detalle de los proyectos previamente aprobados por el Congreso de la Nación. Prueba de ello es que muchas de esas obras presupuestadas se repiten año a año con desembolsos irrisorios, sin que necesariamente se ejecuten.

También figuran 3000 millones de dólares para toda la cadeza de hidrocarburos y combustibles (explotación, transporte, etcétera); otros 5000 millones de dólares para “obras energéticas” en general, sin especificación alguna; 2000 millones de dólares para los proyectos energéticos financiados por los chinos por medio del convenio bilateral firmado con ese país, y otros 2500 millones de dólares que surgen de un convenio con Paraguay para obras hidroeléctricas o compras de energía.

También figuran otros 1800 millones de dólares para el soterramiento de vías ferroviarias.

Son mentiras dentro de esta gran mentira que rotularon como Presupuesto 2015.

Una vez más, el federalismo que proclama nuestra Constitución Nacional y que tanta sangre derramada en luchas fraticidas nos ha costado conseguir, es relegado y convertido en letra muerta. O peor aún, subyugado por medio de esta herramienta de disciplinamiento con la que se pretende quebrar la voluntad y la libertad de los gobernadores. Escandaloso es en éste sentido que al leer el proyecto vemos que hay plata para todo, o para casi todo, menos para pagar la deuda que desde hace años la Nación tiene con mi provincia, o el hecho de que, una vez más, tristemente, la Universidad Nacional de Villa Mercedes haya sido relegada al último lugar en la asignación de los fondos.

Si a esto le sumamos que una vez más se prorroga la emergencia económica y los superpoderes que permiten modificar, una vez sancionado, el presupuesto al antojo del ejecutivo, sin ningún tipo de control real… es claro que este proyecto al no ser obligatorio su cumplimiento una vez sancionado NO ES UNA LEY, Y MUCHO MENOS “LEY DE LEYES”: ES MENTIRA DE LAS MENTIRAS.