El diputado nacional Hugo Maldonado y la diputada provincial Mariana Salom presentaron proyectos para suspender la venta de celulares y regular la de tarjetas de recarga de telefonía móvil.

Salom quiere suspender por el término de 90 días la venta y comercialización en toda el área de explotación de la provincia del Chaco de aparatos de telefonía móvil y activación de nuevas líneas de los servicios prestados, hasta tanto acrediten en forma fehaciente la debida prestación del servicio que brindan.

Señaló en ese sentido que “el servicio de telefonía celular es vital para mucha gente y necesario para otros tantos, aunque quizá en una población como la del Chaco, algunas de estas empresas crean que no se justifican nuevas inversiones El sentido común señala que algo está mal y eso esta coincidiendo con la realidad”.

En los fundamentos del proyecto, expresa que “la capacidad de una antena se calcula en función de la cantidad de usuarios promedio a los que da servicio; pero una concentración inesperada satura la antena, que deja de aceptar nuevos usuarios; o la red privilegia algunos servicios (mensajes) por sobre voz o datos para mantener en pie su cobertura”. Con ello muestra cuales son algunas de las deficiencias que presenta el sistema de telefonía móvil en la provincia y frente a tal crisis pide establecer la suspensión de venta.

Por su parte, Maldonado recordó que “hace rato que vengo denunciando la connivencia entre el Estado Nacional y las compañías telefónicas. Nunca han decidido bajar a recinto en el Congreso de la Nación mi proyecto para establecer la telefonía móvil como un servicio público y la falta de control y sanciones a las empresas. La falta de reglamentación de la ley 25.891 es una muestra más de ello”.

“También hace unos días veíamos la preocupación en los medios nacionales por los robos de celulares y se decía que cerca de unos 6000 celulares diarios eran robados. Lo que nadie dijo es que la Ley 25.891 establece la creación de un Registro Público Nacional de Usuarios y Clientes de Servicios de Comunicaciones Móviles y en su artículo 8º determina la obligación para las empresas de servicios de comunicaciones móviles, de informar ante el Registro los reportes por extravíos de terminales, denuncias de hurto o robos y compartir dicha información con las empresas licenciatarias de servicios de comunicaciones móviles”, comentó. Al no estar creado el Registro, dicha obligación “tampoco existe por falta de reglamentación del Ejecutivo Nacional, evidenciando que los usuarios y consumidores del servicio por más que anuncien leyes para ellos no son su prioridad”, concluyó Maldonado.