El diputado nacional Pablo Tonelli (Pro) presentó un proyecto para interpelar a la ministra de Industria, Débora Giorgi, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del reglamento de la Cámara, con el objeto de que brinde explicaciones sobre los hechos que vinculan al Ministerio de Industria con el otorgamiento irregular de diversos subsidios a empresas productoras de bienes de capital.

Al respecto, Tonelli afirmó que “es grave la situación por lo cual es necesario que la ministra venga al Congreso a explicar el uso de fondos públicos en subsidios a empresas. Es importante conocer si funcionarios de dicha cartera tienen intereses económicos creados en las empresas beneficiadas”.

“La sospecha de actos de corrupción es por sí misma suficiente para que la Cámara indague, investigue y posteriormente evalúe si, de acuerdo con los hechos y las explicaciones, corresponde dar inicio al procedimiento constitucional de juicio político. Todo ello, independientemente de las denuncias penales que, como en el caso de la ministra y al igual que el vicepresidente, se encuentran en curso”, concluyó Tonelli, miembro de la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados.

El proyecto fue acompañado por los diputados nacionales de Unión PRO Miguel Torres del Sel, Patricia Bullrich, Cornelia Schmidt Liermann y Ricardo Spinozzi.

De comprobarse el otorgamiento irregular de subsidios, los funcionarios intervinientes habrían incurrido en la violación de la ley 25.188 de ética en la función pública y del Código de Ética de la Función Pública (decreto 41/99), siendo los actos emitidos en situación de incompatibilidad nulos de nulidad absoluta, y las firmas contratantes serían solidariamente responsables por la reparación de los daños y perjuicios que por esos actos le ocasionen al Estado, de acuerdo con el artículo 17 de la ley 25.188.

En el mismo sentido, el artículo 13 de la misma ley establece que es incompatible con el ejercicio de la función pública: “a) dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades”.

Los funcionarios del Ministerio de Industria también violarían diversas disposiciones del Código de Ética de la Función Pública, aprobado por decreto 41/99. En particular, se violaría el artículo 23 que establece que “el funcionario público no debe involucrarse en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones” y “debe abstenerse de toda conducta que pueda afectar su independencia de criterio para el desempeño de las funciones”.

Asimismo, se infringiría el artículo 41 del citado código, que en relación al conflicto de intereses establece que “a fin de preservar la independencia de criterio y el principio de equidad, el funcionario público no puede mantener relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo. Tampoco puede dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar ni prestar servicios, remunerados o no, a personas que gestionen o exploten concesiones o privilegios o que sean proveedores del Estado, ni mantener vínculos que le signifiquen beneficios u obligaciones con entidades directamente fiscalizadas por el órgano o entidad en la que se encuentre desarrollando sus funciones”.