De Vido, Zannini, Matranga y Galuccio exponen ante un plenario de comisiones sobre la modificación de la Ley de Hidrocarburos. El oficialismo buscará firmar dictamen el jueves.
El debate de la reforma petrolera llegó a la Cámara de Diputados. Con la media sanción bajo el brazo, el Frente para la Victoria reunió a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Energía para iniciar el tratamiento del proyecto y apurar su aprobación en el recinto.
La discusión comenzó a las 13.22 en el Anexo C de la Cámara baja, con la participación del secretario legal y técnico, Carlos Zannni; del ministro de Planificación, Julio De Vido; de la secretaria de Energía, Mariana Matranga; y del titular de YPF, Miguel Galuccio.
Tras la exposición de los funcionarios, el tratamiento del proyecto continuará este jueves, cuando el oficialismo espera firmar el dictamen favorable correspondiente. El arco opositor, en tanto, presentará propuestas alternativas, en rechazo a la iniciativa oficial.
El proyecto fue acordado entre la Casa Rosada y los gobernadores de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), con el propósito de atraer inversiones extranjeras que permitan aumentar la exploración y explotación de hidrocarburos.
Se trata de un objetivo prioritario del país, atento a la pérdida de autoabastecimiento energético que aqueja al país, lo que se ve reflejado en déficit fiscal y en pérdida de divisas por su presión en el frente externo.
El proyecto fija nuevos plazos para las concesiones, diferenciados según el tipo de explotación: 25 años para los yacimientos convencionales, 35 para los no convencionales y 30 para los desarrollos off-shore en la plataforma marítima argentina.
Las provincias podrán otorgar prórrogas de 10 años a las empresas que cumplan con las inversiones, que además deberán pagar mensualmente regalías por un 12 por ciento, monto que los gobiernos provinciales podrán incrementar un 3 por ciento como máximo.
La iniciativa también acorta los plazos de los permisos con el objetivo de incentivar las inversiones en la etapa de exploración, las cuales no podrán ser inferiores a 250 millones de dólares.
