El titular del bloque del Frente Renovador en Diputados, Darío Giustozzi, alertó que detrás de la modificación del Código Procesal Penal puede estar “la posibilidad de que varias causas complejas prescriban, como consecuencia de una transición entre el sistema actual y el que se propone”, teniendo en cuenta que “no existe una ley del ministerio público. (Alejandra) Gils Carbó no es justicia independiente, es un funcionario político que responde a un mando vertical, el Gobierno nacional, y naturalmente cada fiscal que han promovido ha sido de sus propias filas”.

“Esto no garantiza los objetivos que supuestamente propone el proyecto -estimó entonces-. Al contrario, diría que le da una mayor discrecionalidad y mucho mayor poder”.

Así las cosas, anticipó que “el Frente Renovador no va a acompañar” la reforma del Código Procesal Penal, porque “nosotros tenemos una posición respecto de las grandes reformas sobre los sistemas normativos, (que dice que) un Gobierno no las debe hacer sobre el final, cuando están ya en un proceso de transición hacia un nuevo ciclo. Tiene que hacerlo promediando, cuando pueda estar alejado del debate electoral, que pueda conseguir suficiente consenso parlamentario, que se debata con los distintos actores interesados”.

Por el contrario, estimó que “parece casi un traje a medida, porque al no haber una ley del Ministerio Público, la Procuradoría General queda con un poder muy importante, y además la verticalidad de este Ministerio Público fiscal respecto del poder político actual, puede tener alcances incalculables”.

En diálogo con radio Mitre, Giustozzi imaginó la existencia de dos sectores: “fiscales adictos, fiscales militantes, promovidos por La Cámpora, que pueden direccional su investigación hacia algún opositor, empresario, periodista, dirigente político y demás, por su propia vocación o por indicación… Ahora, imaginemos otro fiscal, probo, que quiere hacerlo en una determinada dirección; si el Ministerio Público no le da suficientes elementos, los recursos como para avanzar en la investigación, y le pone un plazo, cuando termina el plazo no tiene elementos suficientes y por lo tanto daña la acusación”.

Consultado respecto a una eventual derogación de ese código para el caso de que el massismo llegue a ser Gobierno, Giustozzi dijo que “naturalmente esto inmediatamente tiene que tomar otro proceso”, y luego aclaró que “a veces la palabra derogación puede significar que queremos exactamente lo opuesto. El sistema acusatorio es bueno, el tema es que acá lo están usando como una excusa para construir un manto, como mínimo, dudoso de contención porque hay cientos de causas de funcionarios públicos”.

“Hay que revisarlo, modificar los artículos, y además hay que construir la transición hacia un nuevo sistema y en el mientras tanto crear la ley de Ministerio Público”, expresó.