El oficialismo apura el trámite de la nueva Ley de Hidrocarburos: firmó dictamen y la llevará al recinto en una semana

El Frente para la Victoria decidió no esperar al jueves y avaló en plenario de comisiones la modificación de la Ley de Hidrocarburos, que sería ley el miércoles 29. De Vido, Zannini, Galuccio y Matranga defendieron la iniciativa oficial. Hubo críticas de la oposición.

El oficialismo en la Cámara de Diputados puso un pie en el acelerador y firmó este martes el dictamen favorable sobre la reforma de la Ley de Hidrocarburos, que fue defendida con énfasis por funcionarios del Poder Ejecutivo.

En una reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Energía, el Frente para la Victoria decidió no esperar hasta el jueves –fecha en que iba a ser retomado el debate- y avaló la iniciativa oficial, que espera convertir en ley en una semana.

Con gran parte de las sillas de la oposición vacías, el vicepresidente del bloque kirchnerista, Pablo Kosiner, consideró que el debate “está agotado” y propuso firmar el dictamen, decisión que fue ratificada por la presidenta de Asuntos Constitucionales, Diana Conti (FpV).

Los pocos legisladores de la oposición que seguían participando del plenario se quejaron del apuro del oficialismo y pidieron, sin éxito, reanudar la reunión el jueves.

“Nosotros vinimos acá a hacer preguntas, no a plantear nuestra posición”, advirtió Claudio Lozano (Unidad Popular), y su planteo fue replicado por Federico Sturzenegger (Unión Pro) y Juan Carlos Zabalza (Partido Socialista).

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Roberto Feletti (FpV) se mostró “de acuerdo” con lo expresado por Lozano, pero aclaró que “la reunión no transcurrió en esos términos”, ya que la oposición se adelantó a formular sus críticas al proyecto del Ejecutivo.

En ese sentido, los bloques disidentes plantearon sus dudas sobre las inversiones que el Gobierno espera atraer en materia energética con esta reforma.

Además, coincidieron en que el proyecto “carece del consenso necesario”; que no contempla la cuestión medioambiental y que implica el “blanqueo” del polémico acuerdo firmado entre YPF y Chevron para explotar el yacimiento de Vaca Muerta.

La defensa de los funcionarios

Durante el plenario de comisiones expusieron el secretario legal y técnico, Carlos Zannni; el ministro de Planificación, Julio De Vido; la secretaria de Energía, Mariana Matranga; y el titular de YPF, Miguel Galuccio.

Los funcionarios remarcaron la necesidad de una nueva normativa luego del paso dado con la estatización del 51 por ciento de YPF, con el fin de “atraer inversiones” y dejar de importar energía, uno de los detonantes principales de la fuga de divisas.

Al abrir el encuentro, De Vido expuso los requisitos y beneficios que tendrán las empresas extranjeras que inviertan en el país y destacó la “consolidación del Estado en la regulación” de la industria energética, incluyendo el “fortalecimiento de los Estados provinciales”.

El ministro enfatizó que la nueva ley busca alcanzar la “soberanía hidrocarburífera, el ahorro de divisas, el fortalecimiento de las provincias y la generación de fuentes de trabajo”.

Y apuntó que “incorpora nuevos beneficios e ingresos directos para las provincias e incrementa las exigencias a permisionarios y concesionarios”.

A su turno, Matranga definió la nueva ley como “moderna, completa, homogénea y transparente”, y destacó que contempla los nuevos tipos de explotación de hidrocarburos, no previstos en la ley vigente desde 1967.

Según la funcionaria, la norma impulsada también es “más exigente respecto de la ley anterior” en materia de requisitos a las inversiones extranjeras.

En tanto, Zannini recalcó que se busca “incrementar la energía para acompañar el crecimiento económico” y “promocionar a aquel que invierta, en vez del que especule con la posesión de un pozo o de la tierra”.

“En lugar de el Estado deba ir a comprar combustible al exterior, se busca que lo extraiga de su propio territorio y genere nuevas fuentes de empleo”, explicó el funcionario.

En la misma línea, Galuccio sostuvo que las inversiones “se van a transformar en empleo, producción y regalías para las provincias”.

El CEO de YPF apuntó que si las empresas “cumplen con sus obligaciones como concesionarios” podrán pedir prórrogas de hasta 10 años pero que deberán presentar un plan de inversión.

El proyecto oficial

El proyecto fue acordado tras varios meses de negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI).

El texto fija nuevos plazos para las concesiones, ampliados y diferenciados según el tipo de explotación: 25 años para los yacimientos convencionales, 35 para los no convencionales y 30 para los desarrollos off-shore en la plataforma marítima argentina. Las provincias podrán otorgar prórrogas de 10 años a las empresas que cumplan con las inversiones.

Además, acorta los plazos de los permisos con la finalidad de incentivar las inversiones en la etapa de exploración. Estas no podrán ser inferiores a 250 millones de dólares, en todos los casos.

Para adjudicar las concesiones, el texto establece un mecanismo de licitación competitiva, de modo de otorgarlas a las empresas que ofrezcan la mayor inversión.

Para las nuevas licitaciones, en tanto, el proyecto suprime las reservas de áreas, mientras que las empresas provinciales “podrán participar en la etapa de desarrollo de los proyectos de acuerdo a su inversión”.

También se fija un plazo de seis meses una vez sancionada la nueva ley para elaborar un “pliego modelo” a ser aplicado en futuras licitaciones en todas las jurisdicciones.

El proyecto establece que el concesionario de explotación pagará mensualmente al concedente en concepto de regalía un 12 por ciento.

Por cada prórroga otorgada, las provincias podrán incrementar en un 3 por ciento las regalías, pero con un tope del 18 por ciento.

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