El proyecto fue convertido en ley con 132 votos. La oposición apuntó a las denuncias que recaen sobre la fundación de Hebe de Bonafini por el manejo irregular de fondos públicos. Además, puso en duda la autonomía del nuevo instituto, que pasará a depender del Ministerio de Justicia.
Con gran parte de la oposición en contra, el Frente para la Victoria impuso su mayoría en la Cámara de Diputados y convirtió en ley, con 132 votos, la estatización de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, en un debate atravesado por las denuncias de corrupción que salpican a la fundación de Hebe de Bonafini.
Fue tras un debate de más de cuatro horas que culminó con una ovación que bajó de los palcos, donde volvieron a apostarse numerosos militantes kirchneristas.
El proyecto del Poder Ejecutivo obtuvo 88 votos en contra, de la UCR, el Frente Renovador, Unión Pro, el FAP, la CC-ARI, Suma+UNEN, el FIT y Unión por Córdoba, que dispararon con munición gruesa al proyecto del Poder Ejecutivo y descartaron que persiga fines académicos.
El Frente para la Victoria se valió de votos propios y de sus fieles aliados de Nuevo Encuentro, el Frente Cívico por Santiago, el PJ La Pampa, el Movimiento Popular Fueguino, el Movimiento Solidario Popular y el FIS.
Las abstenciones fueron de Alcira Argumedo (Proyecto Sur), los tres diputados de Unidad Popular y el “dipusindical” cercano al massismo Facundo Moyano.
Pero también contó con una ayuda extra: la de los puntanos de Compromiso Federal, que responden a los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá, y que consiguieron a cambio la creación de la Universidad de Comechingones.
A la hora de votar hubo ausencias sugestivas: las de Martín Insaurralde y la chaqueña Sandra Mendoza, que al inicio de la sesión protagonizó una discusión cuando salió en defensa de su comprovinciana Elisa Carrió en un cruce con Diana Conti.
Tampoco estuvieron Julián Domínguez -quien aún se recupera de un cuadro febril y fue suplantado nuevamente por Norma Abdala de Maratazzo- y la secretaria parlamentaria del FpV, María Teresa García, quien fue operada.
Al abrir la discusión, el miembro informante del oficialismo, Martín Gill, salió al cruce de los argumentos opositores y buscó despegar la ley de la denuncia por el desvío millonario de fondos que recae sobre la Fundación Madres.
“No tenemos que tener actitudes mezquinas. La ley no tiene nada que ver con los hechos públicos que han sucedido en torno a la fundación y sus responsabilidades”, aclaró.
En cambio, Gill expresó que la ley es “en honor a la lucha, a la resistencia, el amor y la esperanza que representaron y representan todas y cada una de las madres de Plaza de Mayo”.
“Hemos puesto a la educación en el centro de la escena. Esto no es un logro de este gobierno solamente, sino de la democracia argentina”, destacó.
La arremetida opositora arrancó con el radical José Riccardo, quien sentenció que “el Estado tendrá que cargar con los 200 o 300 millones de pesos malversados” por la fundación, en un “uso inescrupuloso del dinero público”.
El ex rector de la Universidad de San Luis también advirtió que según el texto de la ley, la universidad ahora estatizada “será una unidad funcional del Ministerio de Justicia, lo que de por sí condena su autonomía”.
Además, el puntano disparó que el nuevo instituto “se parece mucho más a los institutos de formación de las Fuerzas Armadas que a cualquier instituto educativo de Argentina”.
Pero el radical José Cano fue más allá y sentenció que el de la Fundación Madres es “un caso más escandaloso que el de Ciccone”.
El aliado oficialista Carlos Raimundi (Nuevo Encuentro) recogió el guante y consideró “un despropósito” comparar a la universidad estatizada con esa imprenta y con los institutos militares.
A su vez, el nieto recuperado Horacio Pietragalla (FpV) criticó a los legisladores que “traen al debate” las denuncias por corrupción en Sueños Compartidos y que involucran a Sergio Schoklender, de quien dijo que “ni vale la pena nombrarlo” porque “ensució la Fundación Madres con sus prácticas enfermizas”.
Por el Frente Renovador, Adrián Pérez apuntó que “no se sabe con exactitud los montos de las obligaciones de este instituto” y “no existe certidumbre sobre los estados contables, los recursos y los gastos de las actividades que lleva adelante la universidad”.
Más dura, Margarita Stolbizer (GEN) calificó al proyecto como un “verdadero engendro legislativo, plagado de contradicciones, desprolijidades e inconsistencias”.
La legisladora apuntó a los “casos comprobadísimos de defraudación del Estado, en uno de los episodios de corrupción más resonantes de la última década”.
Pero más aún, denunció que “hay pagos hechos por la fundación a funcionarios públicos que tenían la tarea de controlar las gestiones” de Sueños Compartidos.
Por eso, apuntó a “un gobierno que se disfraza de progresista” pero al que “le importan un pito los sectores que esperaban las viviendas sociales de la fundación”.
El FAP también tuvo como orador al socialista Roy Cortina, quien tildó la iniciativa de “verdadera aberración económica”. “Están burocratizando e hiriendo de muerte la política de derechos humanos”, asestó.
Por la Coalición Cívica, Fernando Sánchez recordó también que en el año 2009 la entonces diputada de su bloque Elsa “Tata” Quiroz fue quien denunció “esas maniobras de defraudación”. “Hacer esto es destruir la conciencia de los derechos humanos”, sentenció.
En efecto, Quiroz pidió a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) que investigue al entonces apoderado de Sueños Compartidos, Sergio Schocklender –quien luego renunció a ese cargo- por supuesto lavado de dinero en el proceso de construcción de viviendas sociales con dinero del Estado nacional.
Quiroz amplió luego esa denuncia contra Schoklender por irregularidades en la adquisición de terrenos por más de 150 mil dólares en la localidad bonaerense de José C. Paz.
“Se pretende un salvataje a una institución que no puede dar cuenta del manejo de los propios fondos”, lanzó el macrista Héctor Baldassi, quien agregó que la estatización de la universidad “genera una falsa expectativa en un sector de la sociedad argentina”.
Por el mismo bloque, Patricia Bullrich aportó otro argumento en contra, al sostener que “se creó la figura del instituto universitario porque evidentemente era imposible darle el carácter de universidad” a una casa de estudios con tan pocas carreras (abogacía, historia, psicología y próximamente periodismo).
El Frente de Izquierda también embistió contra el proyecto. “No creemos estar ante una ley que vaya a ampliar la educación pública”, dijo Néstor Pitrola, y añadió que “de la misma manera que la estatización de Ciccone no garantizó la soberanía monetaria, menos que menos la estatización de la Universidad de las Madres va a garantizar la lucha por los derechos humanos”.
En la misma línea, Nicolás del Caño sostuvo que “el mejor homenaje a las Madres es seguir hoy en la lucha junto a los trabajadores, por la destitución de (César) Milani, la disolución del ‘Proyecto X’ y la apertura de todos los archivos de la dictadura”.
El jefe del bloque de diputados radicales, Mario Negri, embistió contra el proyecto al asegurar que “estamos frente a hechos de corrupción de hace tres años donde la Justicia no se ha pronunciado”.
El cordobés insistió en que “no hay claridad de los pasivos que debe asumir el Estado” por hacerse cargo de esa universidad.
Al cierre del debate, la presidenta del bloque kirchnerista, Juliana Di Tullio, tildó de “vergonzoso” el discurso de la oposición.
La legisladora negó terminantemente un intento del oficialismo de “cooptar” a las Madres de Plaza de Mayo con esta ley.
“No han sido cooptadas por la dictadura y ustedes creen que un partido político o la creación de una universidad puede cooptar la dignidad, el trabajo y la historia de las Madres”, razonó.
